Por estos días, la Fiscalía General de la República (FGR) de México exoneró de cargos al exjefe del Ejército Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido hace algunos meses en Estados Unidos a instancias de la DEA, acusado de apañar a un cartel del narcotráfico. Al mismo tiempo, la FGR publicó el informe en que la agencia antidrogas fundamenta la acusación contra el funcionario, aunque lleno de tachaduras. La publicación y la libertad de Cienfuegos causó malestar en Washington. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la agencia de fabricar el caso, no obstante lo cual aclaró que no quiere que la tensión escale.

La investigación de la DEA contra Cienfuegos se realizó sin dar aviso al gobierno mexicano, bajo el argumento de que las instituciones de este país están perforadas por el narcotráfico. Consiste en cientos de mensajes por celular de entre 2015 y 2017, en algunos de los cuales se lee a narcos refiriéndose a la protección que tienen de un alto funcionario del gobierno anterior, que sería Cienfuegos, quien fue secretario de defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI). Cienfuegos fue detenido a raíz de esta investigación en Estados Unidos el año pasado, Pero a partir de las insistentes gestiones de López Obrador, Trump envió a Cienfuegos al país vecino para que fuera juzgado allí. Las autoridades mexicanas consideraron en apenas días que no había pruebas y lo liberaron.

Es indudable que la DEA opera con total impunidad en México y que bajo el pretexto del combate al narcotráfico se avasalla la soberanía mexicana. En tal sentido, no tiene por qué admitirse que el imperialismo se arrogue la potestad de juzgar a Cienfuegos. Más aún, considerando que EE.UU. ha dotado de todo tipo de armamento a las fuerzas armadas mexicanas, como parte de la Iniciativa Mérida, y que ha amparado la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el expresidente Felipe Calderón (PAN), que fue un fracaso en materia de combate de estos cárteles (que se han multiplicado), pero que en cambio militarizó el país y dejó más de 250 mil muertos.

Pero… el presidente López Obrador con la declaración de inocencia y liberación del general Cienfuegos: ¿está adoptando una pose antiimperialista, de defensa de la soberanía nacional? ¿O está cediendo frente a la “presión” corporativa de las represoras y corruptas Fuerzas Armadas de México? López Obrador ha evidenciado su nítida postración frente al fascistoide ex presidente Trump de los EE.UU. Por eso Trump se tomó el tiempo antes de irse del poder de liberar a Cienfuegos saltando por encima de todos los protocolos, como una forma de preservar a López Obrador frente al planteo militar. La acusación –inventada o no- de la DEA habla de los vínculos entre las fuerzas armadas mexicanas y el narcotráfico. De un “Padrino” en el poder, y un “alto almirante”, que encubren y son cómplices de los narcos.

López Obrador está respondiendo a una defensa corporativa de la fuerza, a la que ha mantenido -como sus predecesores del PAN y del PRI- en las calles y ha volcado a tareas de seguridad interior. En ocasión del regreso de Cienfuegos a México, el canciller Ebrard dijo que se trataba de “un acto de respeto a México y a nuestras fuerzas armadas” (El País, 14/1).

Estas fuerzas armadas son las que aparecen involucradas también en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 2014, junto a la policía y un grupo narco. Como jefe de la fuerza, Cienfuegos está acusado de encubrir el accionar del Batallón de Iguala y de bloquear las investigaciones. Más aún, algunos de los involucrados fueron ascendidos. El exjefe del Ejército viabilizó esto.

Coartada inútil

En este marco, el Congreso mexicano votó en diciembre una modificación de la ley de seguridad interior, para recortar las amplias atribuciones que tienen en el país los agentes extranjeros. Permite que éstos siguieran operando, pero elimina la inmunidad y los obligaba a compartir la información confidencial con el gobierno mexicano.

Sin embargo, ante las presiones del gobierno norteamericano, López Obrador retrocedió y suavizó estas reglas, limitando la información que los agentes deben compartir a cuestiones muy generales, con lo cual se preserva la confidencialidad de la CIA y la DEA, además de sus operaciones.

López Obrador no tiene intenciones de abrir ninguna confrontación con Estados Unidos. Lo dijo explícitamente en una de sus últimas conferencias de prensa: “No hay ninguna amenaza en contra de México, para dejarlo en claro. O sea que lo que están apostando a que nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos se van a quedar con las ganas” (La Jornada, 21/1).

El gobierno de AMLO mantuvo una buena relación con Trump, al que incluso le agradeció en esa misma conferencia de prensa por el trato dado al gobierno mexicano. Ambos acordaron el despliegue de la Guardia Nacional mexicana contra los migrantes centroamericanos y la contención de éstos mientras se tramitan las solicitudes en el país del Norte.

Ahora, López Obrador procura mantener ese buen vínculo con Joe Biden. Pero atado al imperialismo, México no puede resolver ninguno de sus problemas (narcotráfico, pobreza, etc.).

La reacción en toda la línea

El imperialismo se vale de la estrategia antidrogas para afianzar su dominación en el extranjero, actuando con la mayor impunidad y discrecionalidad, mientras EE.UU es el mayor consumidor de esa droga. El Estado mexicano, en tanto, perforado por el narcotráfico, no se va a investigar a sí mismo.

Sacarse de encima el narcotráfico también plantea la necesidad de desarrollar una alternativa política de los trabajadores.