El domingo 10 de abril tuvo lugar un referéndum revocatorio del mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, cuyo mandato vence recién a fines del 2024. Lo llamativo de este referéndum es que ha sido el propio AMLO el que lo ha impulsado, contra la oposición de la partidos derechistas. Tampoco fue el fruto de ninguna movilización popular que lo cuestionara. Votó solo el 17% del padrón (15.700.000). No fueron a votar 86 millones de ciudadanos en condiciones de hacerlo.

Este referéndum no logró concitar el interés de la mayoría del pueblo mexicano. Por supuesto que el 90% de los votos emitidos (14.130.000) lo hizo reafirmando la continuidad de AMLO como presidente. No se trató de una consulta democrática, sino de una manipulación de carácter bonapartista, tendiente a reforzar la autoridad política presidencial. En ese sentido, el carácter minoritario de la “ratificación” del referéndum, no le da mucho margen de maniobra a AMLO.

En rigor, el pueblo mexicano no fue a votar porque no ha percibido (con razón) que el referéndum haya sido una vía para resolver sus graves problemas de subsistencia.

Una prueba de fuerza importante tendrá AMLO en los próximos días con la puesta a votación en el Congreso de su proyecto de reforma por la soberanía energética. Los partidos políticos derechistas han declarado que no la votarán. Para ser aprobada la reforma que propone AMLO necesita dos tercios de los votos. Y aunque el partido de AMLO (Morena) más sus aliados tienen mayoría parlamentaria, esta no llega a los dos tercios.

¿Qué plantea la reforma eléctrica de AMLO? Que se le otorgue a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% de la explotación y comercialización de la electricidad, permaneciendo el 46% en manos de compañías privadas mexicanas, yanquis y canadienses. Hoy, por obra de la reforma del ex presidente Enrique Peña Nieto, las privadas tienen el 62% contra el 38% de la CFE. En contra de esta medida están estas empresas y la Cámara de Comercio yanqui.

En un acto realizado por Morena en la capital mexicana, la alcaldesa Carolina Scheinbaum (en las gateras de la sucesión presidencial de AMLO para 2024) aludió al referéndum en vinculación con la reforma eléctrica, exhortando a los diputados a votarla.

Cabe señalar que hay un sector de diputados del derechista PRI que manifestó su intención de votarla a cambio de determinadas modificaciones consistentes en la incorporación de incentivos y exenciones tributarias en la fabricación de autos eléctricos y el desarrollo del transporte eléctrico. Un toma y daca de negociados. Destacados dirigentes de Morena expresaron su disposición a encontrar el “justo medio”.

No obstante hacen falta 57 votos más para llegar a los dos tercios, que aun con los eventuales del PRI no se lograrían. De ocurrir una votación favorable, las empresas eléctricas privadas podrían perder 10.000 millones de dólares de ingresos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ejerce una enorme presión para impedir su sanción, que por otra parte también la perjudicaría porque incluye la nacionalización del litio. Pero no se trata de una expropiación, ya se habla, sin cifras concretas, de indemnizaciones por varios miles de millones de dólares, favoreciendo a las empresas agraciadas por las concesiones de producción y comercialización eléctrica desde 2013.

La clase obrera no tiene una posición independiente, libremente discutida en su seno. Las centrales obreras han maniatado a la clase obrera, colocándose políticamente detrás de este gobierno bonapartista de Morena, como antes lo hicieron con los anteriores gobiernos derechistas que convalidaron las “reformas” entreguistas. Son burocracias proburguesas que se acomodan con los gobiernos de turno. Por tal razón no han dado respuesta a los ataques sufridos por parte de la clase capitalista contra los trabajadores (trabajo no registrado, salarios de miseria, etc).

AMLO que ha institucionalizado a México como semi -colonia de Estados Unidos en el T-MEC, que actúa como fuerza represora del imperialismo contra los migrantes centroamericanos para impedir su ingreso en Estados Unidos, ¿va a tomar una política nacionalista?

La deuda externa pública mexicana asciende a 13 billones de pesos mexicanos (247 mil millones de dólares), con un costo financiero del 5% anual, aumentó con AMLO 791.000 millones de pesos mexicanos (41.000 millones de dólares). Esta deuda externa es una hipoteca que reduce el gasto público, particularmente en sectores como salud y educación (en el contexto de la pandemia). La inflación mexicana llega al 7% anual. Indemnizar a las “privadas” significa recurrir a una mayor cantidad de recursos públicos, para un Estado que para 2022 necesitará 2,5 billones de pesos mexicanos( 8,9% de PBI) para cubrir el déficit fiscal y las amortizaciones de la deuda.

Se trata de una “nacionalización” trucha donde el capital privado tendrá el 46% de la propiedad y recibirá una indemnización jugosa por el 16% nacionalizado. Al igual que la petrolera “estatal”, PEMEX, que es una empresa mixta.

Una real medida nacionalista debe plantearse la expropiación del 100% de los activos, sin pagar indemnización alguna a los monopolios que le vienen chupando la sangre al pueblo azteca. Y colocar esa empresa estatal bajo control directo de sus trabajadores, para que no sea saboteada como lo fue Pemex.

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