Brasil vive una virtual huelga general de trabajadores estatales: los petroleros y los ferroviarios; los trabajadores de la previsión social de cinco estados; los trabajadores de la salud pública, los docentes y funcionarios universitarios, los docentes secundarios y primarios, los telefónicos y los trabajadores de la generación eléctrica de varios estados y otros trabajadores de numerosos servicios públicos federales, estaduales y municipales de todo el país. Están anunciadas nuevas huelgas para los próximos días, lo que llevaría el número de huelguistas al medio millón.

Aunque los huelguistas levantan reivindicaciones salariales, el verdadero motor de la huelga es, sin embargo, la cerrada oposición del movimiento obrero a la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Fernando Cardoso que privatiza el petróleo y las telecomunicaciones, y a la “reforma previsional”, es decir, a la “jubilación privada”.

La “reforma previsional” plantea elevar la edad jubilatoria en 5 años para los hombres y en 10 para las mujeres (es decir, a 65 años, en un país donde el 50% de los trabajadores que ganan el salario mínimo no llega hasta esa edad y cuando la “expectativa de vida” de los trabajadores rurales es de apenas 47 años– Folha de Sao Paulo, 23/3); la eliminación del aguinaldo  y de la correlatividad que gozan los jubilados respecto de los beneficios y aumentos de los trabajadores en actividad; la prohibición de que los jubilados trabajen y hasta puedan aspirar a cargos públicos remunerados (¡un jubilado no podría, por ejemplo, candidatearse como diputado!). El movimiento obrero se ha levantado contra esta barbarie cuyo único objetivo es la destrucción del actual sistema previsional, para “crear” el negociado de la jubilación privada. Un sector del PT, encabezado por su líder parlamentario Eduardo Jorge, apoya esta masacre social.

El gobierno se propone derogar el derecho constitucional a la licencia por maternidad (de cuatro meses) que gozan actualmente las mujeres trabajadoras.

La huelga petrolera ha paralizado el refinamiento de crudo, pues sólo una de las diez refinerías brasileñas está en funcionamiento.

La “justicia” del trabajo ha declarado ilegal la huelga (a pesar de que los petroleros reivindican el cumplimiento de un acuerdo laboral firmado en diciembre de 1994 en presencia del propio presidente de la nación e incumplido por la empresa); la patronal de Petrobras despidió a más de 70 compañeros y el gobierno anunció el “alistamiento” de varias unidades militares especiales para intervenir contra los huelguistas (Clarín, 14/5). Nada de esto, sin embargo, doblegó a los petroleros, quienes comenzaron a firmar “renuncias colectivas” para expresar su solidaridad con los despedidos y anunciaron la continuidad de la huelga y manifestaciones callejeras para los próximos días.

La lucha obrera ha desatado una crisis política en el gobierno y también en el PT, una parte del cual votó en el parlamento  la privatización de las telecomunicaciones y la “reforma previsional”.