Cientos de mineros marcharon sobre Santiago y ‘cercaron’ el Palacio de Gobierno en apoyo a la vigorosa huelga con ocupación de socavones que, desde hace 20 días, vienen cumpliendo los 1.800 mineros de la sureña ciudad de Lota. La medida responde al despido de 100 trabajadores por la Empresa Nacional del Carbón.

La decisión de cesantear partió directamente del Menem chileno —Eduardo Frei—, que pretende salvar así el déficit de la empresa estatal, este año de 17 millones de dólares.

Al gobierno, sin embargo, el tiro le salió por la culata, generando “el conflicto social más grave al que tiene que hacer frente el gobierno democristiano de Frei” (Crónica, 7/6). La lucha de los mineros ganó la solidaridad de todos los trabajadores de la región carbonífera y de la totalidad de la población de Lota. La razón es que el despido de los cien mineros no es más que el último episodio de la catástrofe descargada por el gobierno sobre los mineros. Efectivamente, para resolver “las pérdidas acumuladas durante años” —consecuencia de la sobreproducción internacional del sector— y para “bajar sus altos costos productivos”, Frei “despidió a más de 3.000 trabajadores, a través de un plan de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y la ‘capacitación laboral’ en otras actividades” (Crónica, 27/5).

Los mineros están apelando a todas las medidas de fuerza posibles, en una demostración de que no están dispuestos a dejarse vencer: huelga, manifestaciones, ocupación de las minas, huelga de hambre, movilización de toda la población. Con esto, han logrado quebrar la intención oficial de aislarlos, para lo que el gobierno utilizó los métodos más salvajes —desde la represión directa de los carabineros hasta el corte de la ventilación de las minas, lo que puso en riesgo directo la vida de los huelguistas, ya que “la falta de ventilación de las galerías puede provocar la acumulación del gas grisú y ocasionar una explosión” (Crónica, 27/5).

La lucha de los mineros se completa con el corte de las principales vías de acceso a la localidad y la solidaridad de los demás trabajadores, que —del comercio al transporte y de los servicios a los docentes—, paralizaron la ciudad de Lota.

La ‘bajada’ de los mineros a Santiago empalmó con una enorme manifestación estudiantil: 100.000 universitarios ocuparon las casas de estudio y marcharon sobre el Ministerio de Educación, contra el proyecto oficial de privatizar la educación superior. La movilización obligó al gobierno a retirar el proyecto de ley educativa del Congreso.

El ‘clima’ que se está creando en Chile alrededor de la lucha de Lota lo retrata la declaración de Manuel Ahumada, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que anunció que la CUT “se reunirá para diseñar un plan de acción que comenzará con suspensiones parciales de actividades, por sectores productivos, para culminar con una protesta nacional” (Crónica, 17/6). La burocracia de la Cut, por cierto, no plantea la huelga general para reincorporar a los mineros despedidos, e incluso está negociando con el gobierno la jubilación anticipada de los despedidos … pero el solo hecho de que se encuentre planteando una movilización de conjunto pone en evidencia cómo se va agudizando la tendencia de lucha de los explotados chilenos.