Movilización en apoyo a la lucha del pueblo boliviano

Martes 28/7, 16 hs. desde el Obelisco a la Embajada de Bolivia.

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Bolivia.

A las horas que la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por Mario Argollo, firmara públicamente un “acuerdo de diálogo” -levantando la huelga y los bloqueos de carretera que se venían sosteniendo desde hace 52 días- con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, estos decretaron el “Estado de Excepción”. Se lanzaron a la caza de dirigentes y activistas que sostuvieron esta lucha. Desde Vicente Salazar, dirigente de la Central Campesina Tupac Katari, que ha sido detenido “preventivamente” por seis meses, para abajo hay más de 500 compañeros detenidos “preventivamente”. Las acusaciones son genéricas: desde narcoterrorismo, pasando por instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, etc.

Los compañeros detenidos están sometidos a todo tipo de vejámenes y presiones. No solo los golpean, sino que los amenazan con largos años de prisión sino “reconocen” crímenes que no han cometido y aceptan “procesos abreviados” que los dejarían en libertad o “prisión domiciliaria”. La gran mayoría ha rechazado estas presiones, pero siempre hay algún caso que abrumado por dramas personales/familiares que ocasionan su encierro penal y quizás desmoralizados por la entrega/traición de la dirección de la COB, han aceptado.

Hay muchos dirigentes que están en situación de clandestinidad, como la compañera Vilma Colqui, presidenta de la Coordinadora de Federaciones Interculturales del Trópico de Cochabamba. Pero su puesto público ha sido cubierto por otras luchadoras.

Los represores asesinos del pueblo campesino y trabajador no han sido tocados. Hay 14 compañeros muertos y decenas de heridos, por balazos. Nadie está formalmente acusado, ni estos crímenes se investigan. ¿Cuántos policías o miembros de la fuerza armada han caído por disparo de armas de fuego? Ninguno. Pero los trabajadores y campesinos son los acusados y van a la cárcel. Antes de iniciar la represión, el parlamento dominado por la derecha sacó leyes de impunidad para que los represores tuvieran vía libre en su trabajo represivo.

Ha venido a la Argentina un núcleo de media docena de compañeras dirigentes campesinas y de lucha por los Derechos Humanos, volcando testimonios de esta ola persecutoria, a la que se suma un acrecentamiento del racismo antiindígena. En mitad de la lucha –relataba una de estas representantes- se inició una huelga de hambre por parte de un grupo de compañeras, tratando de impactar en la conciencia nacional, acompañando los cortes de ruta y las combativas marchas para llegar a las ciudades.

Esta huelga de hambre se realizó en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, pero…. el defensor público estaba con el presidente Rodrigo Paz y hostilizo fuertemente la protesta. Les cortó el agua y durante 5 días estuvieron con corte de luz.

El gobierno ha anunciado que piensa detener a Evo Morales -que está refugiado en El Chapare, protegido por las comunidades campesinas indígenas- sabiendo que esto puede “costar vidas”. Es un reclamo de Donald Trump, Marcos Rubio y la DEA, que quieren poner en práctica el pacto derechista del “Escudo de América”, que les da vía libre para detener a cualquiera que no se pliegue a sus políticas guerreristas y antiobreras, acusándolo de narcoterrorista. Un operativo Maduro II.

La ola represiva y racista no ha frenado la reconstitución y reorganización de las organizaciones de lucha del campesinado y sectores de los trabajadores y barriales. A pesar del Estado de Excepción, que prohíbe todo tipo de acción, sigue habiendo movilizaciones, incluso están saliendo a la lucha nuevos sectores que no habían intervenido en la movilización de los 53 días por sus reclamos. Los sufrimientos de las masas trabajadoras y explotadas se acrecientan. Una estadística oficial informa que en los primeros 6 meses de este año, ya llevan 91 mineros que han fallecido por “accidentes de trabajo”, en  realidad negligencias patronales/gubernamentales (desmoronamientos, gases nocivos, etc.).

Se impone, como emergencia, una amplia campaña de pronunciamientos, reclamos y movilizaciones por la libertad de todos los compañeros detenidos, la anulación de los procesos (incluidos los de “trámite abreviado”), la plena vigencia de las libertades democráticas y la abrogación del Estado de Excepción. A este reclamo hay que unirles los reclamos reivindicativos de cada sector.

En una reunión, en la que participe, con las compañeras bolivianas que viajaron a la Argentina, una de ellas planteo que también es momento de balances: llegó a la conclusión que la “debilidad” del poderoso movimiento de lucha de los 52 días de huelga y bloqueo estuvo en que no había una centralización real del movimiento. Que hacía falta una dirección política que centralizara. Era necesario, por supuesto, convocar a un Plenario Nacional de delegados de todos los cortes y de asambleas populares, barriales y fabriles, para coordinar y orientar la lucha de las masas. En su lugar la dirección de la COB traiciona al “Pacto de No Traición” y levantó por su cuenta la lucha sin consultar con las otras organizaciones y con las asambleas de miles de compañeros que venían sosteniendo la lucha. Es necesario dar pasos para constituir una organización política independiente del Estado y de los partidos burgueses. Nuevos movimientos pondrán esta necesidad a la orden del día. Hay que prepararla desde ahora.

Este martes: ¡Vamos al Obelisco, a las 16 hs, para marchar a la Embajada de Bolivia para que cese la represión al pueblo boliviano!

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