El lunes pasado, miles de mujeres y familiares de víctimas se movilizaron en La Paz, Potosí y Santa Cruz contra los femicidios y la impunidad judicial. El hecho que desencadenó las movilizaciones fue la liberación de un femicida sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, en cuyo hogar fueron encontrados los cadáveres de al menos dos mujeres. En La Paz se movilizaron mujeres activistas de los derechos humanos, vecinos de la ciudad alteña y familiares de los desaparecidos que piden justicia. Las movilizaciones se dan en el marco de un fallo escandaloso de la justicia boliviana y a la inacción del gobierno del MAS frente a los femicidios y la impunidad judicial, que coloca a Bolivia en un panorama desesperante para las víctimas de violencia, siendo el país de Sudamérica con mayor tasa de femicidios (PNUD, julio 2021). En promedio, cada tres días y cuatro horas muere una mujer por crímenes relacionados con violencia de género en Bolivia (France 24). Este caso puso de relevancia la inacción estatal y gubernamental en todos los planos.

La presión popular llegó a tal nivel que el presidente Luis Arce instruyó la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en los que los sentenciados fueron liberados. La creación de esta comisión responde así a esta recienta marcha de mujeres quienes demandaron justicia y denunciaron con nombres y apellidos a varios jueces y fiscales que dieron libertad a los acusados de femicidio o violación. Pero veremos que la creación de esta Comisión es una impostura gubernamental.

Desde la organización Mujeres Creando realizaron una crítica a la Comisión (María Galindo para Radio Deseo, 7/2). Principalmente, ésta no tiene carácter constitucional: carece de todo documento que indique: funciones, alcances, potestades o marco institucional de la misma. No se sabe si depende de la Justicia o el Ejecutivo. Y como tal, no tiene presupuesto propio para ejecutar políticas. El gobierno tampoco dejó en claro qué hará esta Comisión ni qué alcances tendrá.

En cuanto a la composición de la Comisión, no es llamativo que las únicas mujeres que la integran sean funcionarias del MAS, como la senadora de La Paz y la Ministra de Presidencia. Las “mujeres gobernando” bajo la dirección de un gobierno ajustador y que refuerza la relación con las iglesias, nada tiene para aportar a las mujeres que sufren violencia.

Como antecedente reciente existe la Comisión de auditoría de los casos de los feminicidios de la asamblea legislativa plurinacional fue una iniciativa propuesta por esta misma organización, Mujeres Creando. Esa comisión tenía todas las potestades para realizar auditorías con consecuencias en el marco constitucional, pero el gobierno entregó la comisión a Estefanía Morales, diputada del MAS, que dedicó un jugoso presupuesto a pasear y gastar en nombre de las víctimas, que no tuvieron ninguna respuesta. La documentación recabada no tuvo ningún paradero (ídem). Las “mujeres que gobiernan” son parte de la estrategia gubernamental de colocar en el centro de la escena el ajuste.

El caso

Choque Flores, junto con un cómplice, fueron detenidos en 2013 por el asesinato de Blanca —todavía no existía la figura de feminicidio—, una joven que secuestraron y violaron, para finalmente matarla. El pasado 24 de enero, Choque Flores fue detenido acusado de violación. La policía local revisó sus celulares y encontraron indicios de que habría abusado de 77 personas. Entre ellas encontraron los nombres de Iris y Lucy, dos menores de edad desaparecidas desde 2021. Choque Flores confesó que las había asesinado y enterrado en una habitación de su casa. Al día siguiente, decenas de personas instalaron una vigilia en la puerta de la casa de Choque. Muchos querían saber si allí habría algún indicio de seres queridos desaparecidos. No solamente buscaban a jóvenes o adolescentes: también a hombres de todas las edades.

Choque, actualmente cumple una detención preventiva de seis meses en la cárcel de Chonchocoro por nuevos asesinatos y violaciones que había cometido tras obtener su libertad con la decisión del juez Rafael Alcón (Sputnik News, 1/2).

Los problemas que se relevan para el acceso a la justicia parten del grito desgarrador de las mujeres y las familias de las víctimas, que en todo el país deben padecer la agresión de un poder del Estado con la complicidad del resto de los poderes. “La justicia es para los que tienen plata, para los pobres no hay justicia. Sigo buscando a mi hija, tengo esperanza, aunque sea que me la entreguen para que le dé sepultura”, dijo una de las madres que participó en la movilización (Voz de América, 1/2).

Los procedimientos de designación de jueces y juezas están en manos de concursos maniatados en los diversos consejos de la magistratura, y que pasan por el acuerdo político de los partidos patronales, con el MAS en el gobierno hace 15 años, y que dirigen los ejecutivos nacional y provinciales y tienen mayoría en los poderes legislativos. Ni siquiera se asoma la intención por la separación de las iglesias del Estado, grandes operadoras políticas cuya alianza con todos los partidos patronales y sindicatos hacen que se refuerce la opresión a las mujeres y personas LGTBIQ+.

 “Richard Choque representa el rostro de la justicia. No van a tener la comodidad de nuestro silencio, por las mujeres asesinadas, violadas, vejadas, vamos a denunciar ”.

El Estado es responsable

Ni antes de la cuarentena ni transcurrida ella con todas las advertencias que se hicieron, el gobierno de Luis Arce destinó fondos a esta tarea de emergencia, reforzando su ya estrecho vínculo con las iglesias. Este gobierno no asiste a las víctimas; por el contrario, las empobrecen más volviéndolas más vulnerables en el contexto de violencia. Las condenan a salarios de hambre y las alejan de la posibilidad de tener viviendas propias. Tampoco se imparte educación sexual integral, y el aborto sigue siendo clandestino. La condición “estructural” de la violencia no se va a cambiar si quienes forman esa estructura siguen alimentándola como hasta ahora.

El gobierno del MAS favorece una orientación social ligada a que los intereses capitalistas, que quieren defender y por los cuales acceden al poder, están por encima del interés por terminar con la revictimización de mujeres, comunidad LGTBI y niñes.

A las mujeres que son objeto de violencia deben ofrecerles un lugar adecuado, atender la realidad del violento y establecer un resguardo efectivo de la víctima. El camino de justicia se conseguirá solo de la mano de la movilización popular independiente de todos los partidos patronales.