El rapero Pablo Hasél fue encarcelado este martes en la prisión catalana de Ponent por injurias a la Corona y las instituciones estatales. Los Mossos de Esquadra, la policía catalana, se lo llevaron a la fuerza de la Universidad de Lérida, donde resistía el arresto con un grupo de seguidores.

La condena contra Hasél es un escandaloso ataque a la libertad de expresión y una defensa cerrada del poder. El rapero fue sentenciado a nueve meses de prisión por una serie de tuits y una canción en que cuestiona la represión policial y los negocios de la monarquía con Arabia Saudita. Además, se lo acusa de “enaltecimiento del terrorismo” por denunciar las torturas y homicidios de integrantes de ETA y el grupo Grapo.

En respuesta al encarcelamiento, miles de personas se movilizaron el martes y miércoles. En Barcelona y otras ciudades catalanas hubo represión y choques con la policía, así como varios detenidos.

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En las vísperas de la detención, un pronunciamiento firmado por más de 200 artistas (entre ellos Joan Manuel Serrat y Pedro Almodóvar) señaló que “la persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante”. De hecho, desde 1995, unos 150 artistas han sido condenados por delitos de opinión (Público, 10/2).

La derecha ha celebrado el encarcelamiento de Hasél. En tanto, el gobierno centroizquierdista del PSOE-Podemos está siendo severamente cuestionado. Ya a comienzos de febrero, el propio rapero los acusó de ser “cómplices” de su posible detención.

A pesar de que Hasél fue condenado ya en 2018 y su condena fue confirmada en mayo de 2020, recién ante la orden de encarcelamiento, y bajo una campaña internacional por la libertad del rapero, algunos funcionarios del gobierno centroizquierdista de Pedro Sánchez prometieron una revisión del Código Penal, para que los “excesos” (sic) en la libertad de expresión no sean penados con cárcel sino con multas. Esta línea, que deja en pie el castigo a quienes critiquen las instituciones, ha sido ratificada por la vicepresidenta Carmen Calvo, quien dijo -basándose en una interpretación del artículo 20 de la Constitución- que “los límites del honor y valores son tan importantes como la propia libertad de expresión” (Antena 3, 17/2). Cabe señalar que el PSOE se ha negado reiteradamente a debatir en el parlamento la anulación del delito de injurias contra la Corona. Y en medio de la condena contra Hasél, el presidente Pedro Sánchez salió a defender el régimen señalando en un discurso que España tiene una “democracia plena”.

Podemos, en tanto, radicó un pedido de indulto para Hasél ante el Ministerio de Justicia, cuya tramitación consiste en un informe de este organismo que se presenta luego al Consejo de Ministros, encargado de votar sobre la cuestión (en el consejo hay ministros tanto del PSOE como de Podemos). La alcaldesa centroizquierdista de Barcelona, Ada Colau, también reclamó un indulto.

Hasél ha dicho en algunas ocasiones que no lo aceptaría, “porque no tengo nada de lo que arrepentirme” (Público, 1/2). Y al momento de su detención reclamó una “amnistía total”. A diferencia del indulto, que solo perdona la pena, la amnistía implica también el perdón del delito.

Es necesario desarrollar acciones de solidaridad para reclamar la libertad de Pablo Hasél. En ese sentido, este sábado 20 se desarrollará un festival en Parque Centenario. Abajo la represión y la persecución del Estado español.