La última semana de enero fue políticamente intensa en Francia y después de varios meses, luego de los atentados del 13 de noviembre se produjo una intervención obrera, de la juventud y de la población, contra el gobierno. El martes 26 hubo una movilización de empleados públicos y una huelga docente, ambas significativas. El sábado 30 fue la primera protesta nacional de envergadura contra el estado de urgencia, un conjunto de normas que establece un estado gendarme.

 

Ha sido un paso adelante. Las diversas manifestaciones contra el estado de urgencia reunieron más de 10.000 personas en París y probablemente otras 20.000 en el resto de las ciudades. Fue importante que tuviera un carácter nacional, aunque se expresara de modo desigual en las provincias.

 

La declaración del estado de urgencia tuvo la aprobación casi unánime del Congreso, incluidos los votos del PC y de otros diputados del Frente de Izquierda. Las confederaciones sindicales lo apoyaron también inicialmente. Se frenó así toda reacción inmediata. La izquierda cedió fácilmente al peso de la “opinión pública”, que se refugió en la supuesta necesidad de un endurecimiento de la represión para combatir el terrorismo, peor aún porque esta represión se concentró en los inmigrantes, en la juventud de los barrios pobres, en las asociaciones musulmanas.

 

Un colectivo nacional de movilización (Stop etat d’urgence) se constituyó bajo la presión de agrupamientos militantes de diverso tipo, desde las tendencias de izquierda del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) hasta los movimientos de lucha por la vivienda. Fue la matriz de la jornada del 30. Los sectores de izquierda más tradicionales se agruparon, en cambio, detrás de la Liga de los Derechos del Hombre (LDH), que se centró en la denuncia legal del gobierno y en los petitorios. Un colectivo minoritario se constituyó también con la orientación de que la lucha contra el estado de urgencia tenía que acompañarse necesariamente con el combate contra la islamofobia.

 

Esta configuración muestra las dificultades para llevar adelante una orientación unitaria contra el gobierno. Los militantes sindicales y políticos con una orientación de lucha de clases, anticapitalistas y revolucionarios, están dispersos y con grandes dificultades para avanzar en su reagrupamiento.

 

La tendencia se pudo revertir gracias, en primer lugar, a la energía de estos militantes y organizaciones, que en las semanas posteriores al 13 de noviembre no bajaron los brazos a pesar de ser minoritarios; la orientación cada vez más derechista del gobierno y de sus proyectos amplió la base del repudio.

 

Las columnas de la CGT de París y su región fueron un elemento significativo de la jornada del sábado. Los militantes de la CGT acaban de sufrir un fuerte golpe represivo. Ocho de sus militantes, que llevaron adelante la lucha contra el cierre de Good Year y ocuparon la empresa en enero de 2014, fueron condenados a seis meses de prisión firme. Es una decisión judicial provocada por el gobierno que no tiene antecedentes. Pocas semanas antes, otros militantes de Air France fueron llevados también a los tribunales y en los próximos días lo tienen que hacer los compañeros de Ford.

 

La criminalización de la protesta social precipitó la reacción sindical, al mismo tiempo que se procesa un fuerte debate en la CGT ante su próximo congreso sobre la política de la dirección. La CGT fue la única confederación que boicoteó la última Conferencia Social. Finalmente, corresponde precisar que las huelgas y enfrentamientos con la patronal continúan -no sólo no hay un retroceso en este sentido, sino que en ciertos sectores se afirma una tendencia de lucha.

 

La movilización contra el estado de urgencia y la jornada del 30 han sido un paso adelante. No hay todavía un cuadro político que sea una palanca para este movimiento real y que lo potencie. El esfuerzo militante existe y en los próximos meses las luchas sindicales y políticas podrán consolidarse. El ritmo de la crisis capitalista y de la ofensiva reaccionaria lo plantea.