Senegal, un pequeño país del África Occidental, ingresó la semana pasada en un proceso de movilizaciones contra el gobierno de Macky Sall, quien gobierna el país desde 2012 y fue reelecto en 2019. Las mismas fueron reprimidas con armas de fuego y dejaron al menos ocho muertos.

Estas movilizaciones tuvieron como desencadenante la detención de un político opositor, Ousmane Sonko, de Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef, por sus iniciales en francés). Sonko está acusado de violación y amenazas de muerte contra la empleada de un salón de masajes. Este afirma que se trata de un montaje del gobierno para apartarlo de la carrera presidencial de 2024. El miércoles 3, día en que debía declarar en la causa, estallaron las movilizaciones, por lo que fue detenido bajo la acusación de alteración del orden público. Finalmente, fue liberado en forma provisoria el lunes de la semana pasada.

Más allá de este detonante, las movilizaciones organizadas por la plataforma Movimiento por la Democracia (M2D) denuncian la detención de opositores, la restricción de libertades democráticas, la pobreza y el desempleo juvenil.

El gobierno de Sall se asentó en el poder a partir de un megaplan “-Senegal Emergente”- de obras de infraestructura para atraer el capital extranjero. Asimismo, en el último periodo se inició la explotación de gas y petróleo, en medio de denuncias de sobornos contra el hermano del presidente (Energy Voice, 9/3). En los años previos a la pandemia, el país tuvo niveles de crecimiento superiores al 5% y el Banco Mundial lo calificó como uno de los cinco primeros en el mundo en la introducción de medidas para favorecer los negocios empresarios (El País, 12/4/16). En contraste, el 40% de su población vive en la pobreza (Energy Voice, ídem).

La rabia hacia este régimen llevó a los manifestantes a incendiar edificios estatales y sedes de compañías francesas como Total, Carrefour y Auchan, que son un soporte de Sall. Las movilizaciones pautadas para el 9 y 10 de marzo fueron suspendidas, pero no se descartan nuevas convocatorias. Tras su liberación, Sonko llamó a mantener las protestas, aunque parece enfocar su estrategia en las próximas elecciones. “La revolución ya se ha iniciado, nada ni nadie puede pararla (…) Conduzcamos esta revolución a su final, a más tardar 2024 de una manera inteligente” (El Diario, 8/3).

El estallido de estos días golpea uno de los puntos más elogiados por los inversores extranjeros, que es la supuesta estabilidad política del país. Sall venía gobernando sin grandes sobresaltos desde hace casi diez años. Las últimas grandes movilizaciones se produjeron en 2011-2012, contra Abdoulaye Wade, quien también tuvo un dilatado paso por el poder.

Sall logró su reelección en 2019 con casi el 60% de los votos, al frente de una coalición llamada Benno Bokk Yakkar (integrada por su partido, Agrupación por la República, y el Partido Socialista), aunque hubo denuncias de fraude. En segundo término quedó Idrissa Seck (20,5%), un político que rompió a comienzos de siglo con el Partido Democrático Senegalés, uno de los partidos históricos del país, y que parece haber capitalizado el derrumbe de esta formación política tras la salida de la presidencia de Wade (quien llamó a boicotear los comicios).

En estas elecciones de 2019 se ubicó tercero el ya mencionado Sonko (15,6%), quien logró un apoyo masivo en franjas de la juventud por sus planteos de renegociación de los contratos con empresas extranjeras y la denuncia de la presencia imperialista en el Sahel. De todos modos, frente a los medios extranjeros muestra moderación. En un reportaje con el diario madrileño El País, aseguró que “los inversores extranjeros serios no deben inquietarse porque saben que ganarán más trabajando en un estado con reglas” (2/2/20).

Más allá de los límites de sus direcciones políticas, las movilizaciones populares en Senegal son un impulso a la lucha por la expulsión del imperialismo de África.