La Corte Suprema del Estado norteamericano de Pennsylvania acaba de negar la realización de un nuevo juicio al periodista y activista negro Mumia Abu Jamal. Mumia fue condenado a muerte en 1982, acusado del asesinato de un policía blanco. El juicio contra Abu Jamal fue una parodia: los testigos a favor del acusado fueron amenazados por la policía o impedidos de testificar por la Corte; los jurados negros fueron objetados por los fiscales; los testigos de la acusación fueron policías; las evidencias favorables al acusado fueron manipuladas o, directamente, desconocidas; el juez, un buen amigo de la ‘hermandad policial’ de Pennsylvania, era conocido por ser el que más condenas de muerte dictó en los Estados Unidos. Durante la realización del juicio, la policía realizó manifestaciones en reclamo de la condena a muerte de Abu Jamal.

La negativa a celebrar un nuevo juicio —a pesar de la montaña de evidencias presentadas por los defensores de Abu Jamal acerca de su inocencia— plantea la inmediata efectivización de la condena a muerte. El gobernador del Estado ya firmó la orden correspondiente. Los anteriores intentos de efectivizar la condena fueron impedidos por grandes movilizaciones en las principales ciudades norteamericanas. Otra vez, el peligro de que Mumia sea ejecutado ha desatado una nueva ola de manifestaciones en todo el país: Filadelfia, New York, Detroit, San Francisco, Los Angeles, Minneapolis, Tucson, Washington, Portland y en decenas de ‘campus’ universitarios.

La condena contra Abu Jamal no es otra cosa que el asesinato ‘legal’ de un activista radical negro por el ‘establishment’ policial-judicial norteamericano. Mumia, un periodista de renombre en Filadelfia, se convirtió en un ‘blanco’ de la policía desde que fue designado ‘ministro de información’ de la rama local de los Panteras Negras, el movimiento radical y separatista negro más importante en las décadas de los ‘60/‘70. Como presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia, Jamal fue uno de los principales críticos del racismo y la violencia policial contra las minorías.

Las condiciones de detención a que está sometido pretenden quebrarlo física y sicológicamente. En los 17 años que lleva en la cárcel, Mumia debió permanecer 23 horas al día en una celda de aislamiento, negándosele ‘visitas de contacto’ con sus familiares. Su correspondencia legal fue sistemáticamente abierta por las autoridades carcelarias y transmitida a los fiscales. Fue trasladado a una celda de castigo por la publicación de su libro denunciando su caso; no se le permite recibir periodistas.

Mumia Abu Jamal es un preso político de la ‘democracia’. Reclamamos la anulación de su condena a muerte y su inmediata liberación.