27/04/2021

Myanmar: la lucha contra el golpe, en una nueva fase

El golpe de Estado llevado adelante por el Ejército de Myanmar el pasado 1 de febrero ha hecho de la situación política nacional un polvorín. Más de 700 civiles, entre ellos 46 niños, perdieron la vida como resultado de la cacería dictatorial, y alrededor de 3.371 personas se encuentran actualmente en prisión. Se ha instalado un régimen de terror y de masacre contra el pueblo, cuya envergadura, sin embargo, no ha impedido que jóvenes y trabajadores, a veces incluso junto a las minorías étnicas, desenvuelvan una extraordinaria resistencia.

Antigolpismo

Barricadas, escudos de acero, petardos y bombas molotov son algunos de los elementos que se hacen presentes en la lucha anti golpista en grandes ciudades como Yangon y Mandalay. Debido a las masacres de las Fuerzas Armadas, en algunas localidades, los manifestantes se han armado con rifles (ver «‘The Tumi’ Revolution’: protesters fight back in Sagaing region», en Frontier Myanmar 13/4). Estamos ante un cuadro en el cual la represión parece haber detenido las movilizaciones de masas de las primeras semanas, pero a pesar de ello continúan habiendo manifestaciones de una vanguardia fogueada en la resistencia.

La dictadura se ha lanzado también a una feroz persecución contra el movimiento obrero para detener las huelgas. Por ejemplo, abrió 139 causas penales contra trabajadores del sector salud. La lucha de la clase obrera está signada por huelgas indefinidas que han llegado a paralizar al 90 por ciento de las terminales portuarias, la industria textil (actividad económica principal) y los trenes. Ha adquirido un protagonismo esencial el llamado Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), al que adhirieron decenas de miles de trabajadores -con el personal de salud a la vanguardia-, el cual no solo enfrenta físicamente al Tatmadaw sino que ha desquiciado a todo el régimen político, ya que muchas oficinas de recaudación bajaron las persianas y la gente ha dejado de pagar impuestos como parte del MDC.

Por otro lado, los grupos insurgentes –diez de estos abandonaron un cese al fuego suscripto con los militares antes de febrero-, que se han sumado a la lucha contra el golpe, resisten los ataques del régimen militar, que han provocado decenas de miles de desplazados. La Unión Nacional Karen, el grupo armado más antiguo, que pelea en la frontera con Tailandia, sufrió a mediados de febrero el bombardeo de sus posiciones por primera vez en veinte años, por lo que lanzó ataques contra posiciones del Tatmadaw.

En la mañana del jueves 15, el Ejército de Independencia de Kachin, también agredido, se lanzó contra una base militar y un convoy oficial en ese estado aledaño a China causando numerosas bajas (The Irrawady, 16/4). Operativos de estas características se han impulsado también en otros municipios.

La Alianza de la Hermandad Tripartita, que agrupa al Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ng y al Arakan Army (rohingyas), viene de amenazar a la junta militar con que se unirá al resto de los grupos étnicos si no cesa la matanza contra el conjunto de la población.

Otros grupos étnicos como el Ejército del Estado de Wa, que cuenta con el respaldo de China y es el más poderoso de Myanmar, mantienen buenas relaciones con el Ejército.

Gobierno paralelo

El Comité para la Representación de la Unión Parlamentaria (CPRH), una fuerza creada inicialmente por miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), anunció la formación de un gobierno paralelo que incluye a representantes de las minorías étnicas Kachin, Karen, Chin, Mon, Kayan, Karrenni y Ta’ng. Se trata de una suerte de gobierno interino que tiene el objetivo de disputar con los militares el reconocimiento internacional, y que, asimismo, busca cooptar a las organizaciones armadas étnicas para recuperar el mando del Estado.

Valiéndose del 83 por ciento de los escaños obtenidos por la LND en los comicios de noviembre pasado, el CPRH se presenta como único gobierno legítimo de Myanmar. Entre sus objetivos se encuentra la creación de un Ejército federal, modificar la actual Constitución –otorga al Ejército el 25 por ciento de las bancas parlamentarias y el control de los ministerios de Defensa, Interior y Seguridad Fronteriza- y la construcción de una democracia federal étnica. La depuesta Aung San Suu Kyi, quien está acusada por los militares de violar la ley de secretos oficiales, se mantiene como consejera de Estado, y Mahn Win Khaing Than, de etnia Karen, se anota como primer ministro.

El gobierno interino despertó expectativas entre organizaciones rohingya, acerca de la posibilidad de terminar con la opresión contra este grupo étnico a través de una eventual incorporación al nuevo gobierno. Sin embargo, la nueva constitución que estaría urdiendo la LND distinguiría entre «derechos fundamentales» para los ciudadanos y «derechos colectivos» para las «razas nacionales», abriendo la perspectiva de continuar con la persecución.

Durante su estadía en el poder, la LND colaboró con las Fuerzas Armadas en la persecución de las minorías étnicas y en el apuntalamiento de una especie de nacionalismo tributario del budismo (la religión mayoritaria en el país). Solo el golpe empujó a esta formación a una alianza con los grupos insurgentes.

El rol de las potencias

Los militares continúan en su búsqueda de apoyo internacional para sostenerse en el poder; el desfile que ocurriera en el día de las Fuerzas Armadas, con representantes de China, Rusia, India, Bangladesh, Laos, Vietnam y Tailandia fue un episodio clave en ese sentido.

La cumbre convocada el 24 de abril por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Yakarta, la capital de Indonesia, a la que concurrió el general Ming Aung Hlaing, ha resuelto abstractamente “poner fin a la violencia en Myanmar” y entablar un “diálogo constructivo con todas las partes” pero sin realizar condena alguna de los crímenes de la junta militar, transformándose en cómplices.

El alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, denunció la acción de China y Rusia para impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe en la crisis birmana, y señaló que la UE se dispone a imponer nuevas sanciones para golpear a empresas vinculadas a los militares (El País, 11/4). La UE ha congelado activos e impuesto prohibiciones de visado a Myanmar Economic Corporation y Myanmar Economic Holdings Ltd, que comercian alcohol y otros bienes de consumo, ambas vinculadas al Tatmadaw. Sin embargo, algunos miembros de la UE, como Francia, cuya burguesía está profundamente entrelazada al régimen militar, no pretenden sacar los pies del plato; el grupo galo Accor está asociado a empresas castrenses en la construcción de un hotel cinco estrellas; la petrolera Total, que explota desde 1992 parte del campo de gas Yadana, por otro lado, ha rechazado interrumpir sus operaciones pese a la presión internacional.

China, según diversos analistas, mantiene la postura de apoyar a quien logre estabilizar la situación nacional. Pekín es el principal socio comercial de Myanmar, y durante la última década, al igual que Rusia, ha sido uno de sus principales suministradores de armamento, aunque también vende arsenal militar a las minorías étnicas del norte, donde posee negocios; allí yace el punto de partida de dos oleoductos que transportan gas y petróleo y pronto tendrá lugar un puerto de aguas profundas.

El imperialismo norteamericano, por su parte, viene de sancionar a las empresas Myanmar Timber Enterprise y Myanmar Pearl Enterprise, que representan a las industrias madereras y de perlas del país, fundamentales para la financiación del gobierno castrense.

Detrás de las diatribas de los europeos y de los yanquis contra el régimen militar, lejos de una preocupación humanitaria, subyace el intento de reducir la influencia china en el país. Las enormes riquezas naturales de la ex Birmania y el tráfico de drogas constituyen un terreno codiciado para el capital imperialista en el marco de la guerra comercial.

Abajo la dictadura criminal, viva la lucha de los trabajadores contra el golpe.

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