Violaciones en masa, lanzamiento de granadas dentro de domicilios habitados, degollamientos, familias enteras quemadas vivas. Ese es el espantoso rostro de las matanzas organizadas contra la población rohingya, una minoría de origen musulmán que es víctima de un ataque genocida en Myanmar (ex Birmania), país de mayoría budista ubicado en el Sudeste Asiático. Según la ONU, se trata de “una limpieza étnica de libro”. Las tropas del gobierno atacan “casas, campos, depósitos de alimentos, cosechas, ganados y hasta árboles” (La Nación, 12/10) y han destruido casi 300 aldeas.

Más de medio millón de personas se han refugiado en el vecino país de Bangladesh desde fines de agosto pasado, último pico de una persecución que lleva décadas. Sus últimas expresiones fueron las matanzas de 2012 y la crisis de refugiados en 2015, cuando numerosos barcos precarios quedaban a la deriva en el mar mientras los estados de la región se tiraban la pelota entre sí en una especie de “ping-pong con vidas humanas”, como lo definió un funcionario de la Organización Internacional de Migraciones, impidiendo el desembarco de los que huían. Si la crisis de aquel mismo año en Europa mostró el verdadero rostro de la Unión Europea (con cupos, levantamientos de muros y dejando morir a la gente en el mar), la crisis de los refugiados rohingya puso en el banquillo a la ASEAN, comunidad de estados asiáticos.

Aún hoy los refugiados rohingya se siguen ahogando en el mar en su intento de escapar de la barbarie. Se estima que en breve 800 mil de ellos conformarán en Bangladesh el centro de refugiados más grande del mundo. La catástrofe de los refugiados, originada en la guerra imperialista y las masacres contra pueblos y minorías, pone en la picota y muestra el fracaso de todo un régimen social a escala global. Según Acnur, hay 65 millones de refugiados y desplazados en el mundo.

La masacre en curso contra los rohingya, en la cual las fuerzas armadas esgrimen como pretexto una serie de acciones armadas del Ejército de Salvación Arakan Rohingya, y que buscan legitimar ante los ojos de la población diciendo que se trata de potenciales combatientes islamistas (en el exterior, en tanto, se invoca el cuco de que van a quitarle el trabajo a los nativos), ha puesto de relieve también el fraude de la “transición democrática birmana”.

En 2015 ganó las elecciones y asumió el poder la mandataria Aung San Sun Kyi, de la Liga Nacional por la Democracia (LND), pocos años después de la disolución de una junta militar que gobernaba el país desde fines de los ’80 y bajo cuyo dominio estuvo encarcelada.  Ahora, quien recibiera el nobel de la Paz por enfrentarse a esa junta está al frente de los crímenes de lesa humanidad (lo que de paso ilustra la vacuidad de los planteos sobre “paridad de género” en los cargos políticos).

La ministra de exteriores coexiste con las fuerzas armadas, que pactaron la salida electoral a cambio de conservar los ministerios ligados a la seguridad, la potestad de veto sobre cualquier cambio constitucional, y el 25% de los escaños asegurados en el parlamento. Sus intereses siguen custodiados bajo una fachada democrática.

Las grandes potencias se han limitado a hacer tibias condenas. Ocurre que Myanmar es un escenario de disputas entre China y Estados Unidos. El primero es uno de los principales socios comerciales y desarrolla allí numerosos emprendimientos energéticos y mineros; los segundos establecieron mayores vínculos con las fuerzas armadas cuando éstas intentaron reducir la influencia de Beijing, a partir de 2011 (WSWS, 8/10).

Las denuncias del imperialismo yanqui y europeo, violadores seriales de derechos humanos en su propio radio de influencia, no deben hacer perder de vista que hasta septiembre ambos buscaban aumentar la cooperación militar con las fuerzas armadas del país asiático, según una denuncia de Amnistía Internacional publicada en su web (8/9).

Abajo el genocidio contra el pueblo rohingya.