A fines de julio, la destitución de 28 diputados de la Alianza Partido Liberal Independiente, a instancias del gobierno de Daniel Ortega, fue denunciada como “golpe de Estado” por parte de la oposición nicaragüense. La resolución del Consejo Supremo Electoral fue antecedida por una acción de la Corte Suprema, que semanas antes había intervenido el PLI para quitar del mando a su principal candidato. Así, la oposición alega que la elección prevista para noviembre será una ficción que consagrará un régimen de partido único encabezado por Ortega y Rosario Murillo Zambrana, su esposa y candidata a vicepresidenta.

 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega se proclama parte del “bloque boliviariano”, mientras la oposición nicaragüense tiene vínculos indisimulables con la derecha escuálida. Con nostalgia, TeleSur ensalza el carácter plebiscitario que perdió Maduro y conservaría Ortega, anticipando que “el 62,8 por ciento de los nicaragüenses votaría a favor del partido gobernante”.

 

Para quién gobiernan

 

La oposición y los medios de comunicación asisten impotentes al hecho de que la burguesía local convivió perfectamente con Ortega, y tuvo su “década ganada”. Idéntica contradicción atraviesa el imperialismo; aunque The New York Times deplore este “House of Cards a la nicaragüense” y llegue al extremo de “recordar” que “derrocar a un gobierno puede ser la respuesta de los ciudadanos cuando el resto de los lugares de disenso han sido eliminados” (NYT en español, 8/8), la realidad es que los yanquis coinciden en lo esencial de la política gubernamental. El FMI “monitoreó” la economía nicaragüense durante los años “sandinistas”, y acaba de dar la “buena noticia” de que cerrará su oficina en Managua como consecuencia del progreso en el “manejo de la economía”. El representante del Fondo resaltó que se pudo “construir un andamiaje de manejo de políticas fiscales que ha sido exitoso, que es meritorio de varios gobiernos anteriores y del gobierno actual” (confidencial.com.ni). Días después del golpe a la oposición, Ortega se mostró con el presidente de Cargill Centroamérica, quien repitió la sanata habitual de “que se siga respetando la empresa privada, que siga habiendo reglas claras para la inversión” (en criollo: mientras sigamos haciendo negocios, no importan los cambios en el régimen político).

 

El sandinismo, por lo tanto, desarrolló un gobierno apoyándose en los acuerdos con el imperialismo y la clase capitalista local. Así, Nicaragua no pasa de exportar productos primarios, mientras continúa siendo el tercer país más pobre de América, mostrando el modestísimo progreso de los indicadores sociales. Ahora, el principal proyecto de Ortega consiste en el desarrollo del canal bioceánico, una megaobra de infraestructura para unir las costas del Caribe con el Pacífico. Para ello, se gestaron contratos entreguistas con grandes empresas chinas, y se reprime en forma sistemática a los movimientos campesinos y ambientalistas que resisten el despojo de sus tierras.

 

Carácter de clase y límites

 

Aunque no sea “su” gobierno, el sandinismo resulta todavía para la burguesía y el imperialismo el instrumento más adecuado para los negocios del momento. Conformó una malla de asistencia social, como el Farabundo Martí en El Salvador, y sirvió como recurso de contención de las masas.

 

Aun así, las bases de sustentación del régimen son en extremo precarias, y están sujetas al ritmo de la crisis mundial. Sobre todo, el futuro de Nicaragua -tanto en lo político como en lo económico- aparece condicionado a la transición que se cocina en Venezuela.