El gobierno sandinista de Ortega viene llevando adelante un plan de ajuste contra el pueblo nicaragüense, en complicidad con el FMI.

Una de sus últimas medidas -una reforma previsional, que aplicaba descuentos a trabajadores y a los propios jubilados, y aumentaba un tanto los aportes patronales para las cajas jubilatorias- provocó el inicio de una rebelión popular. 

Esto es consecuencia del desarrollo de la crisis capitalista mundial, que ha convertido a Centroamérica en un blanco preferido.

La rebelión popular ha forzado a la burguesía a romper, hasta cierto punto, con el gobierno, lo mismo que el clero. Ortega y su mujer han sido los campeones de la oposición mundial al derecho al aborto y a los derechos femeninos. La oposición burguesa está activa, toda vez que el gobierno bonapartista de Ortega tocó tímidamente sus intereses (aumentar el aporte patronal a las cajas), y porque teme que la profundización de la crisis económica pueda llevarlo a profundizar políticas ‘aventureras’. El gobierno sandinista fue hasta hace meses el ‘modelo’ del FMI, que lo premió internacionalmente por ser el mejor alumno de sus recetas de ‘ajuste’. En realidad, esto fue lo que lo llevó a la actual crisis.

Las movilizaciones están acompañadas por tranques y barricadas (piquetes) en barrios, y en las rutas que sirven de nexo entre el sur y el norte centroamericano pueden avistarse largas filas de camiones bloqueados por la insurgencia popular. 

Los estudiantes universitarios iniciaron la protesta popular, ocupando universidades y saliendo a las calles. Pero rápidamente se extendió a las masas pobres de las ciudades y a los campesinos (parte de ellos amenazados de erradicación por planes de construcción de un nuevo canal interoceánico y procesos de concentración de tierras). La clase obrera está atomizada. No existen sindicatos regionales, los convenios son por empresa, los sindicatos existentes están muy regimentados y ni hablar de una Central Obrera. Por eso, los trabajadores aparecen en esta rebelión dentro de la masa indiferenciada del pueblo. 

Las fuerzas policiales han sido desbordadas: “La policía no puede salir a la calle porque son linchados, el oficialismo optó por utilizar grupos parapoliciales que azotan a la población con miedo y balas”, nos dice F.C. en una nota enviada a PO. El régimen de los ‘grupos de tareas’.

El ejército sandinista -creado después de la victoria la revolución de 1979- se declara ‘neutral’. Como ocurre con otras variantes en Venezuela, lo hace para acomodarse a cualquier salida, la sangrienta de Ortega o el compromiso que reclama el clero. Se preserva como recurso último del Estado.

Las cámaras patronales, la curia y la ‘embajada’ alientan una “mesa de diálogo” que no avanza en ninguna dirección. Fue aceptada, sin compromisos, por el gobierno de Ortega, para ganar tiempo y aplastar la insurgencia. Luego de alguna concesión (libertad de presos, etc.), el gobierno sandinista discontinuó este ‘diálogo’ incrementando la represión parapolicial que busca víctimas selectivas entre dirigentes y activistas de la lucha (uso de francotiradores, atentados, etc.). El acuerdo que busca la ‘mediación’ es adelantar las elecciones para marzo de 2019 -o sea, dentro de nueve meses, con la expectativa de un retiro pactado, aunque deja abierta las puertas del continuismo. La ‘oposición’ y los yanquis buscan ‘encarrilar’ a las masas, pero sin ellas en la calle no obtendrá nada de Ortega. El frente patronal-eclesiástico-ONGs decretó un paro nacional para el pasado 14 de junio. Trump podría respaldar la continuidad de Ortega si consigue que el canal interoceánico -un gran negocio en disputa- lo construyan los norteamericanos, en lugar de los chinos.

En realidad, hay una dicotomía: la ‘mesa del diálogo’ con el gobierno, constituida por las cámaras patronales y la Iglesia (con apoyo yanqui), por un lado, y el protagonismo de la rebelión en curso por el pueblo trabajador, por el otro. 

Cualquier salida democrática elemental plantea profundizar la lucha por el derrocamiento del gobierno represor y antipopular, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana, convocada por el liderazgo de la insurrección triunfante.  Ese proceso serviría para que los trabajadores puedan avanzar en la constitución de sindicatos y partidos de clase. Las masas deberán desarrollar una conciencia de sus objetivos en el transcurso mismo de la lucha. Es la carencia que procura explotar el bloque del capital y el oscurantismo.

A casi 40 años del triunfo de la revolución sandinista, asistimos a la degeneración fascista de una dirección nacionalista largamente entregada al imperialismo, y que cuenta, aún hoy con el apoyo del gobierno castrista.   

Los gobiernos de Bolivia y Venezuela (así como sectores K, del FMLN de El Salvador, etc.) han dado su apoyo a Ortega contra las masas en lucha, aduciendo que hay en marcha un golpe de Estado derechista. Es lo contrario, algo que el chavismo continental se ufana en ocultar y tiene la expectativa de poder emular, ligando su retorno al gobierno a un nuevo pacto con el capital internacional.  Cuando la realidad evidencia que es al revés, hay un operativo imperialista-papal-burgués para salvar al sandinismo cambiando la figura de Ortega. 

Nicaragua se incorpora al torrente de insurgencias obreras y populares que estallan contra la crisis del régimen capitalista.