Ningún Hércules para la Hidra del Paraguay

Paraguay sigue siendo un espejo en el que debemos mirarnos desde la otra orilla del río. No para imitarlo, sino para pensar a partir de su caso. Lo ocurrido estos días es más complejo que un juicio político a un presidente por corrupción alevosa: es el cambio para que nada cambie.Veamos primero los hechos y después el análisis.

¿Qué pasó en Paraguay?

El 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP), el organismo que cumple allá la misma función que el BCRA en nuestro país, decidió por unanimidad intervenir Ueno Bank, el principal banco digital paraguayo, con casi tres millones de clientes: alrededor del 60% de la población adulta del país.

La figura que se aplicó se llama "resolución bancaria": el Estado toma el control de un banco que ya no puede funcionar por sí mismo, congela sus operaciones y decide qué se hace con sus cuentas, sus deudas y sus depósitos.

La razón oficial fue que el banco no tenía el respaldo mínimo que exige la ley. Todo banco presta y administra plata ajena, y por eso está obligado a tener un capital propio que funcione como colchón ante pérdidas. Esa relación entre lo que el banco tiene de verdad y lo que pone en riesgo se mide con el "índice de solvencia". En el caso de Ueno, ese índice cayó por debajo de la mitad del mínimo obligatorio. Dicho de otro modo: los ahorros de millones de trabajadores y jubilados, e incluso fondos del Estado, estaban en una entidad que no tenía con qué responder por ellos.

Ueno empezó siendo una financiera que, a fines de 2023, se convirtió en banco. Al año siguiente absorbió a Visión Banco y amplió enormemente su clientela. Creció además gracias a las facilidades que ofrecía para bancarizar a una población que hasta entonces casi no podía abrir una cuenta en otro banco, y a un marketing digital pionero que, con su billetera virtual (algo comparable a Mercado Pago), agilizaba todo tipo de transacciones. No era el banco más grande del país, pero su crecimiento acelerado no pasaba desapercibido.

La pregunta es cómo llegó a una situación en la que el BCP se vio obligado a intervenirlo.

La respuesta parece sencilla. Ueno Bank formaba parte del Grupo Vázquez, un conglomerado de más de veinte empresas, y el banco les prestaba a las empresas del propio grupo, por encima de los límites permitidos. Es decir, se prestaba a sí mismo.

Y acá entra la política. Santiago Peña tuvo acciones en una sociedad del grupo hasta marzo de 2025, cuando dijo haberlas vendido. Durante su gobierno, el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra los aportes jubilatorios de los trabajadores, flexibilizó sus reglas de inversión: bajó los requisitos que debían cumplir los bancos para recibir esos fondos y eliminó los topes que impedían concentrar demasiado dinero en una sola entidad. Así, Ueno pasó de tener casi nada a manejar más de 350 millones de dólares de los jubilados.

Y no fue solo el IPS. También tenían fondos en Ueno la ANDE (la empresa estatal de electricidad), las represas binacionales de Itaipú y de Yacyretá (esta última, compartida con la Argentina), varias cajas de jubilación, el Ministerio de Economía e incluso la Corte Suprema de Justicia, entre otros. En total, unos 850 millones de dólares de dinero público.

Nada de esto hubiera sido posible sin el aval del gobierno de Peña y sin la mirada complaciente de un Congreso que dejó hacer pese a las denuncias. Difícilmente podía ignorarlo el vicepresidente Pedro Alliana, hoy presidente.

¿Por qué estalla ahora, si ya se sabía que el banco había superado los límites permitidos? Más aún cuando el presidente del BCP, Carlos Carvallo, había presidido antes el propio Ueno Bank. Todo parecía bajo control. Pero no.

Si bien no tenemos información precisa, todo indica que la sucesión presidencial de 2028 fue la chispa que encendió la mecha, y en especial el rol del todopoderoso Horacio Cartes. Peña había sido ministro de Hacienda durante la presidencia de Cartes (2013-2018), y fue Cartes quien lo llevó a la presidencia en 2023. Parece que Peña quiso "jubilar" a su padrino, y este no se lo perdonó. La señal fue inequívoca cuando Cartes anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra su antiguo protegido.

El presidente del BCP renunció. Peña intentó salvar la situación fingiendo demencia: envió al Congreso proyectos de ley para empezar a devolverles el dinero a los pequeños ahorristas. Pero no resistió la presión social ni la política.

La presión social fue inmediata. La misma noche en que se conoció la intervención, cientos de ahorristas y jubilados se concentraron frente al Panteón Nacional de los Héroes, en el centro de Asunción, y en las inmediaciones de la residencia presidencial, con un reclamo claro: que les devuelvan todo. Al día siguiente se movilizaron frente a la Fiscalía y el Congreso. Cuando intentaron superar los cercos policiales para llegar al Parlamento, fueron reprimidos. Lejos de apagarse, la bronca creció: el miércoles a la noche fueron miles los que volvieron a salir a la calle, ya no solo por su plata, sino para exigir la salida de Peña.

Mientras el Congreso debatía su suerte, los manifestantes sostuvieron una vigilia frente al edificio, y hubo nuevos enfrentamientos y piedrazos contra una sucursal del banco. Fue esa movilización, espontánea y sin una dirección propia, la que junto a la presión política volvió insostenible la situación de Peña.

Ante la inminencia del juicio político, Peña presentó su renuncia, que no le fue aceptada. Hubo tensiones: algunos querían aceptarla y hacer borrón y cuenta nueva. Pero, si se la aceptaban, Peña quedaba como senador vitalicio y conservaba sus fueros. Se impuso el juicio político, votado por unanimidad en ambas cámaras. Minutos después de la destitución, la Fiscalía ordenó su detención.

Mejor suerte corrió el vicepresidente, Hércules Pedro Alliana: el pedido de juicio político en su contra no reunió los dos tercios de la Cámara de Diputados. Alliana fue hasta hace poco el candidato del cartismo para 2028. Tal vez por eso su partido lo protegió. O tal vez al revés: para que gobierne los dos años que quedan y deje el camino libre a otros candidatos, ya que, según la interpretación predominante de la Constitución paraguaya, quien ejerció la presidencia no puede volver a presentarse. El tiempo lo dirá.

Desde la Argentina se suele leer lo ocurrido en Paraguay como parte de una misma serie: la derrota de Bolsonaro en Brasil, la del partido de Trump en Estados Unidos, el triunfo a medias de Netanyahu en Israel. Es cierto que hoy un presidente de derecha está preso, acusado de corrupción. Pero no podemos pensar que en Paraguay cayó la derecha.

La Asociación Nacional Republicana, el tradicional Partido Colorado, es como la Hidra de Lerna, aquella serpiente a la que, al cortarle una cabeza, le crecían dos. Según el mito griego, quien la venció fue Hércules, con la ayuda de su sobrino Yolao, que quemaba cada cuello cortado para que no brotaran más cabezas. En Paraguay, sin embargo, el mito se da vuelta: el que se llama Hércules no viene a matar a la Hidra, sino que es una de las cabezas que le crecieron. Y Yolao es el gran ausente de esta historia: nadie cauterizó nada, ni en el IPS, ni en el Banco Central, ni en el Congreso.

Los más perjudicados, como siempre en estos casos, son quienes tenían sus ahorros en Ueno Bank y los jubilados cuyo dinero quedó atrapado en las deudas impagables de un grupo financiero inescrupuloso y ladrón. ¿Quién se hace cargo? Una vez más, la población; no los que estafaron y sus cómplices.

La solución, como vemos, no puede provenir de las camarillas políticas de los partidos tradicionales. Las movilizaciones, ahora y siempre, son las que detonan el conflicto, la necesidad de cambios. La clase política, hasta el momento, ha logrado burlar estas demandas. Sabemos, sin embargo, dónde está el motor para derrotar al régimen, en Paraguay y en la región.

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