En los últimos días, todos los voceros de la burguesía se pasearon envalentonados en los medios de comunicación costarricenses por un hecho que sólo deparará más hambre para los trabajadores: el avance en las negociaciones con el imperialismo por el ingreso de Costa Rica a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Pero, ¿de qué se trata?

El ingreso a la OCDE, que es presentado interesadamente como una posibilidad de “progreso” para el país, es, en verdad, un nuevo episodio de sometimiento al capital financiero internacional. Se inscribe en la larga saga que tiene como principal episodio la firma del tratado de libre comercio, pero también incluye el establecimiento de zonas francas y la “apertura” al mundo -que trajo despidos y nuevos golpes al salario-, las concesiones privadas de puertos, servicios y entidades del Estado, el vaciamiento de la Caja jubilatoria, la destrucción del sistema de salud y educación público, la flexibilización del empleo.

La OCDE es una organización que promueve políticas antiobreras globalmente, a partir de todo tipo de reformas y “recomendaciones” que son dictadas por el imperialismo. Con la excusa del ajuste fiscal, el gobierno de Carlos Alvarado (Partido de Acción Ciudadana, PAC) prepara un nuevo combo de medidas que atacan directamente las condiciones materiales de la clase trabajadora, como bienvenida al organismo internacional. Quieren que sea el pueblo y los trabajadores quienes paguemos la crisis que ellos mismos han generado.

Sorpresivamente, estos anuncios se realizan en medio de una gigantesca catástrofe humanitaria, social, sanitaria y, por supuesto, económica. Aunque el gobierno insista en la supuesta eficacia del combate al “enemigo invisible”, la pandemia puso de relieve la precariedad del sistema de salud y la vulnerabilidad estructural de los sectores más empobrecidos de trabajadores y campesinos. Se estima que 200 mil trabajadores se verían afectados por la pérdida de su empleo o modificaciones de contratación sólo en el sector turismo. El gobierno retacea ayuda social y despliega las fuerzas policiales, mientras que aumenta los subsidios para el rescate de las empresas.

Por lo que vienen

Como condición para la admisión plena de Costa Rica, la OCDE promueve recuperar la sostenibilidad de la financiación pública, en pos de una mayor “eficiencia”.

Bajo esta misma premisa, el Partido de Acción Ciudadana (PAC) sostuvo la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley Marco del Empleo Público, en plena coyuntura de despidos y pandemia. Dicha ley fomenta la supresión de las anualidades en el sector público, el impulso del proyecto Pagar (que implica la quita del superávit de las instituciones públicas para pagar la deuda), y la eliminación del Fondo Nacional de Becas que implica una considerable cantidad de despidos.

Esta ley fue consensuada por todo tipo de actores políticos que van desde organizaciones sindicales, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, organismos multilaterales como el BID o la OCDE, la Comisión de Gobierno y Administración, el Poder judicial y las cámaras empresariales. A su vez, la propuesta cuenta con el apoyo y la redacción de diputados de todos los cuadros políticos que tienen espacio y voto en el parlamento. Esto denota, sin dudas, una complicidad en torno a la orientación general en la que se dirige el país, y un pacto político hecho entre la totalidad de los partidos patronales costarricenses.

Las medidas apuntan a tapar el gigantesco agujero de déficit fiscal, que se prevé que este año escale al 8,6% PBI. El déficit continúa subiendo, a pesar de los recortes al sector público, a la salud, a las universidades, a la ayuda social. La razón es que esos fondos se utilizan para subsidiar a los empresarios y su fuga de capitales, y para pagar la deuda externa. En vez de cortar con la permisividad hacia el empresariado y romper con el sometimiento del FMI, el gobierno está metiendo la mano en los fondos previsionales de la Caja de Seguros de Costa Rica, y hasta baraja la amenaza de aumentar los impuestos al consumo. No podemos permitirlo.

Perspectiva

La perspectiva de que Costa Rica sería el primer Estado centroamericano en ingresar a la OCDE encubre un hecho de máxima importancia: en Chile y Colombia, los otros dos países americanos miembros del organismo, los trabajadores y el pueblo oprimido vienen de ser protagonistas de gigantescas movilizaciones contra todo el régimen político y, especialmente, contra el ajuste recetado por la OCDE.

Este futuro -de rebeliones populares y levantamientos obreros- es el que le espera indefectiblemente a Costa Rica.

No al ingreso a la OCDE. Ruptura de los tratados de libre comercio y con el FMI.

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!