En tos últimos días, el EZLN ha de­nunciado que el gobierno de Salinas tergiversa conscientemente lo ocurrido en San Cristóbal de las Casas y miente sobre los eventuales “acuerdos de paz". “Dice el mal gobierno—denun­cian los zapatistas— que hay acuerdo donde sólo hubo diálogo” (La Nación, 18/3). El gobierno de Salinas no es, sin embargo, el único en tergiversar lo ocu­rrido: también los partidos dirigentes del Foro de San Pablo se esfuerzan en apoyar la “salida negociada”... que no existe (ver aparte).

Ciertamente, hay que dar fe de lo que sostienen los zapatistas: “no hay nin­guna negociación” porque el repre­sentante gubernamental no tiene el po­der ni la capacidad jurídica para formular ningún compromiso en nombre del Esta­do mexicano. “La paz está lejos” — dicen los zapatistas— porque el gobier­no se ha limitado a dar respuestas extremadamente vagas y generales.

En particular, el representante oficial en el diálogo se ha negado taxativamen­te a considerar lo que son los reclamos fundamentales de los zapatistas: su re­conocimiento como fuerza beligerante, la cuestión de la tierra para los campesi­nos pobres y la cuestión de las reformas del régimen político y electoral. “El go­bierno no quiere abordar con los za­patistas el tema de la transición a la democracia”, constata Brecha (4/3). Las negociaciones entre el EZLN y el gobierno, si algún día tienen lugar, toda­vía están muy lejos.

La denuncia zapatista ilustra el ver­dadero carácter del acuerdo firmado por los candidatos presidenciales de tos tres partidos principales, incluido el centroizquierdista PRO de Cuauhtémoc Cárde­nas: se trata de un compromiso monta­do, armado, diseñado y ejecutado por el gobierno de Salinas para aislar la rebe­lión de Chiapas y sostener al régimen político priísta. Como estos objetivos, lógicamente, no pueden ser expuestos abiertamente a los ojos de la población, sus firmantes han informado" que el acuerdo es para “garantizarla limpie­za de las elecciones”... con la partici­pación de tos campeones continentales del fraude.

Las tergiversaciones oficiales sobre lo sucedido en Chiapas tienen una fun­ción política concreta: el gobierno no ha renunciado a montar una represión san­grienta de la rebelión. El PRI se encuen­tra dividido, con una fracción muy impor­tante, que tiene un gran peso en Chiapas por su entrelazamiento con tos terrate­nientes y tos “caciques", partidaria del exterminio. Incluso, un sector del impe­rialismo es partidario de una salida de fuerza, como se expresa en una reciente editorial de La Nación, en la que se afirma que el “diálogo" sólo ha servido para debilitar al gobierno y dividir al PRI.

El propio subcomandante Marcos, del EZLN, ha planteado la posibilidad de que el gobierno estimule una "contra ", es decir, escuadrones de la muerte y una guerra suda contra tos campesinos, por parte de tos latifundistas chiapanecos. Las conspiraciones de tos terratenientes contra los indios son cada vez más abiertas, incluso con la participación de tos propios intendentes del PRI. Brecha (11/3) da cuenta de una “reunión privada" de tos comerciantes y propietarios, convocada por el intendente de San Cristóbal de las Casas, en el Centro de Convenciones municipal, la que contó con protección policial. El “denomina­dor común (de la reunión fue) correr de la ciudad al obispo Samuel Ruiz y a los ‘sacerdotes extranjeros’, sacar a las organizaciones no gubernamen­tales, cerrar el periódico local El Tiempo, evitar la circulación del dia­rio capitalino La Jornada, poner más retenes militares, sacar a los indios, no permitir que las pláticas de paz se reanuden en la catedral y, dado el caso,... utilizar las armas”.