También en Argentina, el abuso y la violación de menores por parte de sacerdotes es extendido. El menor número de las denuncias se debería, según la especialista Irene Intebi, al hecho de que aquí la Iglesia está constitucionalmente integrada al Estado, los que aumenta sus posibilidades de encubrimiento.

Un informe publicado por Página/12 (28/4) muestra la punta del ovillo al señalar varios casos: el de un colegio religioso que pagó casi 100.000 dólares de indemnización a dos alumnos abusados por un cura durante su viaje de egresados de la primaria; el de un cura abusador de niñas en Cañuelas transferido a Laferrere; el de un cura que está cumpliendo condena de cárcel por violar a los niños internados en un hogar de la zona de Bosques, del cual era director… En todos los casos, el encubrimiento siguió al pie de la letra las “normas” de la Curia norteamericana.

La Curia argentina carga sobre sus espaldas la violación seguida de muerte de la niña Jimena Hernández, ocurrida en el natatorio de una escuela católica en las cercanías de Plaza Irlanda, en pleno centro geográfico de Buenos Aires. Los nombrares de los responsables y encubridores de su violación y asesinato nunca salieron a la luz porque la cúpula de la Iglesia realizó una enorme presión sobre la justicia, la policía y el poder político para que el crimen quedara impune.