Un tribunal hondureño condenó esta semana a otro de los responsables del crimen de Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien fue asesinada en 2016 por liderar la lucha del pueblo lenca contra la instalación de una represa hidroeléctrica que dañaba el río Gualcarque.

David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa) y exagente de inteligencia del Ejército entrenado en Estados Unidos, fue sentenciado como coautor intelectual de la muerte de la referente ambiental. Castillo encargó al jefe de seguridad de la compañía y militar retirado, Douglas Bustillo, que se hiciera cargo del plan. Este recurrió a su vez a un instructor de la Policía Militar, Mariano Díaz Chávez, para la contratación de sicarios.

Los responsables materiales del crimen fueron condenados a 30 años de prisión en 2019. La pena que deberá cumplir Castillo se conocerá en las próximas semanas.

Estas condenas solo fueron posibles gracias a una profunda lucha de las organizaciones ambientales y de mujeres, que cobró trascendencia internacional. En la previa de este último juicio, se realizó un acampe de noventa días. Ahora, señaló Berta Zúñiga, hija de la dirigente asesinada y titular del Copinh, se trata de ir por el juicio y condena de los dueños de la empresa, la poderosa familia Atala.

En mayo de 2016, el condenado en este juicio se comunicó con el banquero Jacobo Atala para informarle que había sido detenido uno de los autores materiales del crimen, lo que es recibido por el empresario con gran pesar. En ese mismo contacto, Atala evalúa mover sus influencias, como comunicarse con el ministro de seguridad o los jefes de la Fiscalía.

El proyecto Agua Zarca recibió financiamiento del Banco Mundial, el finlandés FinnFund y el holandés FMO, que en estos días emitió un comunicado para tratar de lavar su imagen.

Al día de hoy, la construcción de la represa ni siquiera ha sido cancelada. Honduras es uno de los países con más militantes ambientales asesinados en el mundo. De acuerdo a un relevamiento de la ONG Global Witness, solo entre 2010 y 2016 hubo 120 crímenes.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, un socio del imperialismo norteamericano en sus políticas antimigratorias, logró su reelección en 2017 por medio del fraude y reprimió las movilizaciones de entonces en su contra, dejando alrededor de 30 muertos. Ha sido enfrentado por médicos y maestros, debido a sus ataques a la salud y la educación.

Juicio y castigo a todos los responsables intelectuales del crimen de Berta Cáceres. Cancelación del proyecto Agua Zarca. Basta de asesinatos de luchadores populares. Abajo el gobierno de Hernández.