A un año de haberse revocado la autonomía de la Cachemira india, el gobierno del hinduista Narendra Modi ha dictado el toque de queda durante 48 horas en el Estado de Jammu (con mayoría hindú) y Cachemira (con mayoría musulmana). El objetivo que persigue el gobierno es el de impedir un desenvolvimiento de movilizaciones en el marco del aniversario de la eliminación del artículo constitucional que le concedía a la región un estatus autonómico mediante la potestad de dictar sus propias leyes, colocándola bajo control total del gobierno nacional. El territorio se halla vigilado por el despliegue de cientos de policías y paramilitares que han estado patrullando las calles de la ciudad de Srinagar, e incluso aumentó la restricción al acceso a las telecomunicaciones.

El valle montañoso de Cachemira se encuentra dividido en dos grandes zonas controladas por India y Pakistán, respectivamente, y una tercera administrada por China, que posee un 25% del territorio. Esta división fue concebida tras la independencia de India respecto al Reino Unido en 1947 y desde entonces ha sido motivo de confrontaciones militares entre ambas naciones (guerras sucedidas en 1947,1965 y 1999). En los últimos 30 años el conflicto dejó un saldo de 70 mil muertos, y desde 1989 operan organizaciones armadas. Un informe de la Coalición de la Sociedad Civil Jammu Cachemira (JKCCS) indica que desde el 1 de enero al 30 de junio de este año al menos 229 personas han sido víctimas fatales de más de 100 operaciones militares en Cachemira, entre ellos 32 civiles, 54 militares y 143 milicianos independentistas.

La avanzada reaccionaria encabezada en agosto del pasado año por el derechista Modi constituyó un salto en la política de odio sectario y religioso, y apuntó a asestar un golpe contra los movimientos separatistas que reclaman la autodeterminación o la integración de la zona a Pakistán, y cuyas protestas tuvieron su periodo de apogeo en 2018, si se tiene en cuenta la última década. A partir de entonces, la región de la Cachemira india se encontró bajo la tutela de un gigantesco operativo militar que ha llegado a tener como partícipes a 900 mil soldados. En esa línea, se desató un torrente de detenciones cuyo número total permanece oculto. Según información revelada por el gobierno al Parlamento indio el día 20 de noviembre de 2019, 5.161 serían los “arrestos preventivos” que se efectuaron desde el 4 de agosto de ese mismo año. Lejos de haberse tratado de una medida para “cerrar la puerta al terrorismo” y traer “prosperidad económica” a la región como sostiene Modi, su política avanzó en la tentativa anexionista de hacerse con la totalidad de la región de Cachemira, orientación que hoy es profundizada mediante un reforzamiento del militarismo. Por el contrario, la bancarrota económica de la región se ha agravado al calor de la crisis mundial. La Cámara de Comercio e Industrias de Cachemira “fijó pérdidas en la región de 5,3 mil millones de dólares” y reveló que se perdieron alrededor de medio millón de empleos desde el cambio de estatus regional (El Mundo, 5/8).

Mientras tanto, miles de personas se movilizaron este miércoles en grandes ciudades de Pakistán para repudiar la política del gobierno indio. Es preciso señalar aquí que en una protesta realizada en Islamabad (capital de Pakistán), se constató la presencia del presidente Arif Alvi, quien a través de esta maniobra busca explotar demagógicamente la disconformidad de las masas populares para entramparlas detrás de un apoyo a su régimen político, mientras que, por un lado, en la zona pakistaní de Cachemira, se elevan denuncias contra el accionar represivo por parte de ese país, y por el otro, su gobierno impulsa un fuerte ajuste contra los trabajadores para cumplir con el pago de una deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El telón de fondo

El cambio de estatus impuesto por el gobierno de Modi ha potenciado las tensiones con Pakistán. Imran Khan, primer ministro de Pakistán, en armonía con un grupo de 17 expertos de la ONU, ha reclamado a la comunidad internacional “acciones urgentes” para hacer frente a la situación y evitar futuras violaciones de los Derechos Humanos. Se trata de una impostura, pues el premier paquistaní, quien asumió el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en su momento manifestó la disposición de llevar adelante una confrontación nuclear como respuesta al acrecentamiento del poderío indio. Entretanto, el gobierno de la India ha utilizado el confinamiento como pretexto para redoblar la presencia militar en Cachemira, introduciendo 500.000 soldados, y al mismo tiempo aduciendo que Pakistán está desarrollando tareas que incluyen el armamento y la preparación de tropas “rebeldes”.

Tampoco se pueden dejar de lado los conflictos guerreristas que precedieron la eliminación de la autonomía de la Cachemira india, como lo fue el ataque suicida atribuido al grupo islamista pakistaní Jaish-e-Mohammed que hizo estallar un convoy de camiones con fuerzas paramilitares indias en Pulwama, dejando 46 militares muertos. El gobierno de Pakistán, sin embargo, negó cualquier implicancia en el hecho. 12 días más tarde, el gobierno de Nueva Delhi respondió bombardeando Balakot (Pakistán), atribuyéndose la eliminación de un gran número de “terroristas y yihadistas”. Este último episodio marcó un hito en la historia de los conflictos indo-pakistaníes, pues ha sido la primera vez desde la guerra de 1971 que las Fuerzas Aéreas indias superaron la línea de control de Cachemira (frontera militar entre la India y Pakistán). Un día después, aviones de caza de ambas potencias nucleares combatieron en la región de la Cachemira india con su consecuencia en el derribe de un avión indio, siendo el primer enfrentamiento aéreo en cinco décadas.

En el conflicto, aparecen también los intereses cruzados de Estados Unidos y China, que se inclinan por India y por Pakistán, respectivamente. Pakistán se ha recostado en China, que a su vez redujo sus lazos con India.

La relación chino-pakistaní está forjada en gran medida sobre la base de la “ruta de la seda”, el megaemprendimiento por el cual China pretende edificar una senda comercial hacia Asia y Europa. Este proyecto ha sido rechazado por Donald Trump, el cual endureció las barreras arancelarias a China en oposición a su expansionismo comercial. Pakistán, a la vez y contradictoriamente, mantiene un vínculo sinuoso con el imperialismo norteamericano que ha consistido en permitirle a las fuerzas armadas yanquis operar desde su territorio contra los talibanes en Afganistán. Decimos sinuoso porque al mismo tiempo Estados Unidos le reprocha a las autoridades paquistaníes que encubren a milicianos talibanes que pasan a su lado de la frontera. La madeja de intereses en la región es extremadamente compleja.

En el mes de junio, Estados Unidos envió tres portaaviones al Océano Pacífico con el objetivo de, entre otras cosas, ejercer una presión militar por el control de las zonas aledañas al mar de China Meridional. Este hecho coincidió con la reactivación de las tensiones entre China e India en la frontera de los altos del Himalaya, choque cuyo desenlace fue la muerte de veinte militares indios. Luego del enfrentamiento, ambos países mantuvieron un fuerte despliegue militar en la disputada frontera. Incluso se conoció hace unas semanas que India se ha fortalecido militarmente con la adquisición de más de tres mil nuevos vehículos de guerra (La Tercera, 20/7).

Conclusión

El incremento de las tensiones bélicas en Cachemira es la expresión de las tendencias a la guerra propias de la descomposición histórica del capitalismo. La depresión económica mundial y la guerra comercial exacerban estas tendencias.

Defendemos el derecho a la autodeterminación de Cachemira, en el marco de una federación socialista del subcontinente indio, que supere el odio confesional cebado por el imperialismo y las burguesías.