Hasta 100.000 personas se han movilizado estos días en Hong Kong contra una resolución de la Asamblea Popular China que reserva a Pekín un derecho de veto sobre los candidatos presidenciales. También reclaman la renuncia del gobernador. Desde que Hong Kong volvió a la órbita china, las máximas autoridades políticas del territorio responden a Pekín.

 

“La particularidad de estas marchas es que arrastran más gente durante la noche, cuando los trabajadores salen de sus empresas” (Clarín, 1/10). La posibilidad de que el distrito financiero pudiera quedar cerrado por las protestas hizo caer a la Bolsa, la segunda de Asia y la sexta más grande del mundo.

 

A Pekín le preocupa el impacto del movimiento democrático en el territorio continental y en las regiones separatistas. El contenido de clase del movimiento, sin embargo, es capitalista, pero se produce en una etapa de luchas y de organización desde abajo del proletariado de China. Con referencia a esto, la burocracia gobernante y la patronal de China siguen una línea de contención, que promueve la asimilación de las nuevas organizaciones o su integración a los sindicatos estatales mínimamente reformados. Hay, entonces, una presión convergente sobre el Estado, desde afuera y adentro del territorio, en conformidad con el desarrollo urbano y económico enorme que ha tenido el país.

 

De otro lado, sin embargo, las tendencias a un estallido financiero son cada vez más evidentes. La prensa internacional reitera informaciones sobre el crecimiento descomunal de la deuda de China, registrada y no registrada. También el poder político ha sufrido cambios: el gobierno colectivo de la burocracia ha sido sustituido en parte por el gobierno personal del nuevo presidente, Xi. O sea que, al igual que lo ocurrido en 1989, cuando la masacre de Tiananmen, la crisis en el peñasco de Hong Kong encuentra a la burocracia china en el cruce de una transición.