Tanto el sector público como el privado brasileños se han visto sacudidos en los últimos meses por una oleada de huelgas, que constituyen la reacción de los trabajadores ante la crisis económica. Durante junio desarrollaron paros parciales en reclamo de una recomposición salarial los trabajadores de los Ministerios de Justicia, de Trabajo y de Agricultura. El gobierno federal respondió que carecía de recursos para afrontar el reclamo. El propio titular de la CUT, Vagner Freitas, calificó de “inflexibles” a las autoridades y denunció un intento de contraer los salarios de los estatales del 4,8% al 4% del PBI (BAE, 12/6).

El punto más alto de esta rebelión en el sector público, sin embargo, es el de los docentes universitarios, que han cumplido ya dos meses de huelga general en reclamo de aumento salarial y de un cambio en la carrera docente. El reclamo se extiende a 56 centros de estudios estatales. La magnitud de la huelga obligó al gobierno a anunciar una recomposición de hasta el 45% en un plazo de tres años, anuncio que fue rechazado tanto por Andes como por Sinasefe, debido a su falta de claridad. El viernes 6 Roussef fue silbada durante un acto oficial por docentes universitarios, que cuentan con el apoyo del movimiento estudiantil, que reclama llevar el presupuesto educativo al 10% del PBI.

También hay noticias en el estratégico sector metalúrgico. El Sindicato de los Metalúrgicos de San José de los Campos desarrolló una huelga de 24 horas en la General Motors ubicada en el Valle de Paraíba -planta de 7500 obreros, que produce autos y motores-, contra un posible cierre y deslocalización de sectores que podrían afectar a 1500 obreros. El plan de deslocalizaciones de la General Motors es un intento por quebrar la resistencia de los metalúrgicos de Paraíba, que rechazan la implementación del Banco de Horas -que adecúa la jornada laboral a las ventas- y otras medidas de flexibilización laboral.

El 18 de junio, los auditores fiscales emprendieron severas medidas de lucha en todas las aduanas de Brasil, en reclamo de un aumento salarial del 30%: virtualmente paralizaron el polo industrial de Manaos, que depende, para su funcionamiento, de los insumos importados. Los trabajadores de la planta Usina Guaraní -empresa de 250 obreros, ubicada en San Pablo- desarrollaron una huelga de una semana, por una recomposición salarial que frenó la producción de 2,4 millones de litros de etanol.

Crisis política

La oleada huelguística constituye un severo golpe para el gobierno de Roussef, cuyo principal capital político -al igual que Lula- siempre ha sido su capacidad para contener la acción del gigantesco proletariado brasileño. La huelga docente -según O Estado de Sao Paulo- ha mostrado que el PT “perdió su hegemonía entre las entidades docentes” (6/6). Como resultado de la crisis capitalista, que ha desembarcado con fuerza en el país, el margen de maniobra del gobierno para disciplinar al movimiento obrero se ha estrechado considerablemente. El mensaje del gobierno es que hay que ajustarse los cinturones. En este cuadro ha reaparecido públicamente el ex presidente Cardoso, a la vez que se incuba una crisis política al interior de la coalición de gobierno (tensiones Roussef-Patriota, por el ingreso de Venezuela al Mercosur; “Mensalao”, y la reciente destitución de un senador involucrado en un escándalo de juego clandestino, que ha puesto a la deriva la campaña anticorrupción de la presidenta, luego de que aquel recuperara su cargo anterior en Goias).

La intervención del proletariado brasileño en la crisis, advertida por una derecha que se reposiciona políticamente, exige que la izquierda levante un planteo político para que la crisis la paguen los capitalistas.