Oleada de ocupaciones de tierras

No pasaron quince días desde su asunción como Presidente y ya el usurpador Mesa se las ha ingeniado para burlar las promesas que formuló la noche que el Congreso lo proclamó. El referéndum sobre la venta del gas se ha transformado en una consulta sobre las “modalidades” de esa venta (que el gobierno continúa impulsando a muerte). El Congreso (dominado por los partidos de la coalición de Sánchez de Lozada) vetó toda posibilidad de que el Goni sea juzgado. La última noticia es que Mesa repudió su promesa de “encabezar un gobierno de transición” y ahora quiere quedarse hasta el 2007.


En distintos lugares del país, las organizaciones campesinas de base han comenzado una ola de ocupaciones de tierras y haciendas, en particular de personeros del gobierno caído. Los puntos más conflictivos se encuentran en el Altiplano paceño y en Cochabamba.


En Sacaba (Cochabamba), los campesinos ocuparon la hacienda del ex ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, el narcotraficante Carlos Sánchez Berzain. La ocupación fue calificada por los campesinos como un acto de “justicia comunitaria”, ya que Sánchez Berzain es el responsable directo de las masacres de febrero, y de Warisata, El Alto y La Paz (estas tres últimas durante la reciente insurrección). El gobierno de Mesa recurrió al Ejército (que sólo puede intervenir por orden directa del Presidente) para desalojar a bala a los ocupantes: seis campesinos resultaron heridos de bala. Ante la represión, los campesinos se retiraron de la hacienda pero se mantienen en las cercanías, y pusieron plazo al gobierno para resolver la expropiación.


En Collana, en el Altiplano de La Paz, cientos de familias campesinas tomaron una hacienda de 2.000 hectáreas de la familia Iturralde, uno de cuyos miembros es la esposa de Sánchez de Lozada. Esta enorme hacienda no estaba siendo explotada. En represalia, el gobierno de Mesa detuvo a los secretarios generales del Sindicato Agrario de Collana, Fabián Patzi y Luis Pinto.


Otros puntos “conflictivos” están en Los Yungas, de La Paz, y en el Chaco, en el sur del país, donde “los comunarios (campesinos organizados en comunas) han comenzado a rebasar a sus dirigentes del MST (Movimiento de Trabajadores sin Tierra), como Angel Durán, que aún confían en que el presidente Mesa resuelva el problema de la tierra” (Econoticias, 29/10). “Le hemos dado una tregua al gobierno – explica Durán – , para encontrar soluciones negociadas” (ídem). Pasando por encima de esa tregua, las organizaciones de base ocupan las tierras.


El propio gobierno ha reconocido la existencia de ocupaciones de haciendas, además de los casos ya señalados, en La Luna y La Moneda (Santa Cruz) “y otras localidades donde sectores de los sin tierra tomaron haciendas demandando hectáreas” (Los Tiempos, Cochabamba, 31/10).


El “hambre de tierras” en Bolivia es manifiesto. Más de 250.000 familias campesinas carecen de tierras; otros cientos de miles están obligados a labrar un pedazo de tierra que ni siquiera asegura su propia alimentación. Mientras tanto, el 87% de las tierras de cultivo está en manos de grandes terratenientes y grupos capitalistas. Gracias al crédito oficial y las obras de infraestructura gubernamentales, este sector ha obtenido enormes superbeneficios en los últimos tiempos mediante el cultivo y la exportación de soja transgénica.


Frente a la movilización campesina, el gobierno de Mesa se ha comprometido a “garantizar la seguridad jurídica de la propiedad”. Para reforzar esas “garantías”, ha puesto como ministro de Asuntos Agrarios y Campesinos a Diego Montenegro, gerente por más de una década de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo.


La cuestión agraria es una de las claves políticas de la revolución boliviana. Pasando por encima de la “confianza” de sus direcciones en el gobierno de Mesa, los campesinos buscan resolver su “hambre de tierras” por la vía de la acción directa y la ocupación de las haciendas.