“El que a hierro mata, a hierro muere”, dice un dicho popular.

Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú, en el 2018, por obra de un golpe contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, del cual era el vicepresidente. Y esta semana ha sido derrocado por otro golpe. El parlamento unicameral resolvió por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la ‘vacancia’ de Vizcarra.

En su lugar, fue nominado por la Unicameral, el presidente de la misma, Manuel Merino.
A 5 meses de la convocatoria a elecciones generales (11/4/21), este recambio no ha cerrado la crisis política que se viene arrastrando en Perú, sino que la ha profundizado.
Un elemento nuevo es la irrupción de crecientes manifestaciones en Lima y en la mayoría de las ciudades del Perú que chocan con las fuerzas de seguridad con decenas de heridos (se habla de 2 muertos) y detenidos, incluso por personal parapolicial de civil. Perú está entrando de lleno al torrente latinoamericano de crisis y levantamientos populares.

La corrupción

Kuczynski fue destituido por acusaciones de corrupción. También este tema ha sido caballito de batalla de los que votaron la destitución de Vizcarra, acusado de numerosos episodios de corrupción.

La corrupción política en el Perú es endémica. Media docena de presidentes anteriores están presos y o procesados (uno se suicidó) por haber recibido coimas durante sus mandatos. Y la gran mayoría de los dirigentes de las agrupaciones políticas tradicionales, empezando por Keiko Fujimori (la hija del dictador depuesto en el 2000) también. En la Unicameral, el 60% de sus integrantes tienen procesos abiertos por esta causa. Las constructoras, las mineras, los bancos y aseguradoras que regentean la jubilación privada (AFP), la educación privada, son los ejecutores de este régimen de la corrupción generalizada.

Golpe

Desde el punto de vista formal, la destitución votada por el Parlamento, ha sido –incluso- inconstitucional. Ya que se plantea que los presidentes no pueden ser juzgados hasta que finalicen su mandato. ‘Constitucionalmente’ a Vizcarra se lo podía investigar, pero su juzgamiento y sentencia podía desarrollarse recién cuando finalice su mandato en julio 2021. Solo se puede dictar la “vacancia” si se vuelve loco o comete actos inmorales de primer nivel. Y esta fue la acusación que hizo el Parlamento: Vizcarra es destituido por “incapacidad moral permanente”.
No se trató, por lo tanto, de un procedimiento parlamentario sino de un golpe hecho y derecho.

En septiembre último ya el congreso peruano había intentado producir la “vacancia”. En ese momento, el presidente de la Unicameral, Manuel Merino, había hablado con comandantes de las Fuerzas Armadas para que le dieran su apoyo a la destitución y ante la negativa de estos, los diputados fueron desertando y la moción fracaso por amplia mayoría.

En cambio, ahora, solo dos meses después, el mismo hombre que había consultado con la comandancia militar en septiembre y ante su negativa se echó para atrás, avanza raudamente en votar y defenestrar al presidente Vizcarra. Ha contado con la neutralidad cómplice de los mandos militares. El presidente de la Unicameral, Manuel Merino, fue electo, de inmediato, presidente del Perú.

Derechismo represivo y reaccionario

El nuevo presidente Merino ha nombrado como jefe de gabinete a Antero Florez-Araoz, un viejo derechista reaccionario misógino, anti derecho al aborto y reconocido por su política de ‘mano dura’. Siendo ministro de Defensa fue el protagonista de “el baguazo” en el 2009, un resonante caso de represión a comunidades indígenas del Amazonas peruano que produjo 33 muertos. Desde entonces viene su relación con los mandos militares.

Un lobby que ha trabajado abiertamente por el golpe -tanto en el fracasado de septiembre, como ahora- es el de la educación privada. Producto de una ‘reforma universitaria’ han sido cerradas e inhabilitadas una serie de universidades privadas que no lograron pasar los estándares mínimos de calidad educativa.
Varios de los parlamentarios que fueron el motor para la destitución de Vizcarra y algunos ministros, incluido el presidente, están ligados a estos sectores desplazados de la educación privada. No casualmente, en las primeras declaraciones del nuevo gobierno se planteó revisar la ‘reforma universitaria’ y dar “una segunda oportunidad” a las universidades a las que le habían sido denegadas sus licencias.
La gran mayoría de los nuevos ministros son reconocidos elementos derechistas que participaron en anteriores gobiernos y que ahora pretenden ser reciclados. En un gabinete dirigido por Antero Florez, significa un reforzamiento de la política anti gay, contra el derecho al aborto y la mujer trabajadora.

La irrupción de la movilización popular y la crisis del golpe

Estos choques en las alturas y el golpe han incentivado el inicio de movilizaciones. La destitución golpista de Vizcarra fue el 10 y esa misma noche comenzaron los universitarios, pero cada día se va extendiendo a nuevos sectores. El gobierno responde a esto con la represión también creciente. Se habla que en el día de hoy habría dos muertos.

La burguesía tanto nacional como imperialista ha tomado el golpe con muchas precauciones. Unánimemente reclama que se confirmen las elecciones del 11 de abril. Teme una nueva aventura como la del golpe incentivado por Bolsonaro y Trump en Bolivia que destituyó a Evo Morales y puso en su lugar a Jeannine Añez. Y terminó descerrajando una resistencia de masas que acabó volteando al gobierno golpista.

Ante el desarrollo creciente desde hace 4 días de las movilizaciones populares ya hay ministros que están anunciando su renuncia, casi antes de asumir. Constitucionalmente, el gabinete debe recibir un voto de confianza del parlamento. Los números estarían dando que va a ser rechazado.

Ni Vizcarra, ni Merino: Asamblea Constituyente soberana y con poder

Vizcarra ha desarrollado una política abiertamente antiobrera y antipopular. Durante su mandato impuso una serie de leyes que favorecen abiertamente a las patronales: la llamada “suspensión perfecta” que autoriza a las patronales a los ceses y suspensiones masivas de trabajadores, la anulación o suspensión de paritarias, etc. Es el gobierno defensor de la Confiep y de las mineras, que se llevan la riqueza nacional a sus metrópolis. Ha sido ineficaz para contener la pandemia y ha sumido al Perú de las masas explotadas en una situación de desesperación social. Las cuarentenas y la falta de subsidios ha creado un fenómeno inédito: caravanas de habitantes de Lima caminan por las carreteras hacia sus terruños agrarios de origen para buscar un lugar donde obtener elemental sustento.
El nuevo gobierno viene a continuar con este proceso. Merino es dirigente del viejo partido Acción Popular (de Belaúnde Terry), ligado a sectores del capitalismo agrario y de la educación privada, que aparece ante los ojos de la población como quien viene a frenar y dotar de impunidad a los políticos corruptos.

El movimiento obrero y popular no puede movilizarse en defensa de ninguno de los dos sectores. Vizcarra –más allá de su accionar antiobrero directo- tampoco resistió el golpe de Merino. En las movilizaciones en marcha se está imponiendo la consigna de ni Vizcarra, ni Merino. Hay que desarrollarla: ¡Que se vaya todo el régimen de la corrupción, la entrega, la represión: presidente, parlamento y justicia venal! ¡Que se vayan todos!

Se plantea la emergencia de poner fin al gobierno de Merino, al parlamento cómplice y al régimen corrupto y la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana y con poder.
La consigna de la Constituyente está siendo levantada en forma creciente por las movilizaciones de masas y diversas organizaciones. Pero se trata de darle un carácter revolucionario. Enfrentar los intentos de que se ‘institucionalice’ como ha hecho Piñera en Chile para frenar y contener la insurgencia revolucionaria de las masas. Una convocatoria de Merino o del parlamento corrupto y golpista será usada para frenar y ‘encauzar’ una movilización de masas que amenace con transformarse en revolucionaria, convirtiendo en realidad el ¡Que se vayan todos!

La Constituyente no debe ser entendida como una reforma puramente institucional contra la Constitución vigente impuesta por Fujimori, sino como el poder para producir las transformaciones sociales y políticas reclamadas por las masas: nacionalización del sistema previsional y bancario, no pago de la deuda pública, nacionalización de las minas, control obrero de la economía, anulación de todas las leyes antiobreras y antisindicales (‘suspensión perfecta’, etc).; reincorporación de todos los cesanteados; nacionalización y centralización de todo el sistema de salud bajo gestión de profesionales y trabajadores sanitarios (que vienen llevando adelante huelgas contra el desmanejo frente a la pandemia, por aumento de presupuesto, nombramientos, etc.), bono para desocupados mensual, salario mínimo igual a la canasta familiar, etc.

Solo la caída revolucionaria de Merino o de los equipos que lo continúen y la instauración de un gobierno de las organizaciones que luchen y se creen tras este objetivo –que para nosotros es un gobierno de los trabajadores en alianza con los explotados del campo y la ciudad- podrá garantizar esta Constituyente soberana y con poder. Será una Constituyente revolucionaria o será una nueva frustración para la lucha obrera y popular.

El centro: la intervención independiente y organizada de los trabajadores

La clase obrera está interviniendo en forma atomizada en este proceso creciente de luchas. Y este es el problema fundamental: la necesidad de una intervención organizada e independiente de los trabajadores. Hay que votar en asambleas de empresa y sindicales la necesidad de elaborar una agenda de los trabajadores y movilizarse para imponerla: derogación de la ‘suspensión perfecta’, reincorporación de los despedidos y todo el programa arriba desarrollado.
Es necesario plantear la necesidad de la huelga general para acabar con este régimen podrido. Para ello impulsar la convocatoria a un congreso de bases de la CGTP (principal central obrera) y de todos los sindicatos y del movimiento obrero y los explotados.

Hay que hablar claro: la CGTP no está en esta perspectiva. Primero llamó a apoyar el golpe y planteó un “diálogo social” y cuando empezó a generalizarse la resistencia contra el nuevo gobierno, se reacomodó y comenzó a abogar por la renuncia de Merino y una transición ordenada de modo de evitar que la situación se desmadre.

La necesidad de centralizar la movilización en curso (en contra de los intentos de escindirla, etc.) y de darle a la insurgencia de masas un norte revolucionario pone a la orden del día la urgencia de crear una organización obrera, independiente y revolucionaria que se plantee la lucha por un gobierno de trabajadores. Todos los esfuerzos en ese sentido son esenciales.

14/11

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