Nueve mineros muertos y más de un centenar de heridos es el saldo de la salvaje represión desatada por el ejército y la policía bolivianos contra los trabajadores que habían ocupado las minas de oro de Amayapampa y Capacirca. La represión se extendió a la vecina población minera de Llallagua, movilizada en apoyo a las ocupaciones.

La represión contra las minas ocupadas y los poblados mineros fue una operación militar de envergadura; nada del arsenal con que cuentan las fuerzas armadas bolivianas fue dejado de lado: tanquetas, helicópteros, armas largas. La saña de los represores no tuvo límites: varios de los muertos presentan impactos de bala de armas de grueso calibre efectuadas a corta distancia, lo que hace suponer que se trató de simples fusilamientos de obreros capturados y desarmados.

Los ocupantes de las minas —recientemente transferidas a un consorcio norteamericano-canadiense— reclamaban un aumento salarial del 50%, la indexación de los salarios según el valor del dólar y el cese de los despidos. Los sindicatos de los mineros de Amayapampa y Capacirca reivindicaban también con el apoyo de los campesinos de la región, que la empresa imperialista pague las deudas contraídas por los grupos bolivianos que explotaron con anterioridad las minas y que jamás pagaron impuestos o regalías al Estado. Como consecuencia de este saqueo ‘nacional’, ahora continuado por el imperialismo, la explotación de las minas de oro “no ha dejado ni un solo centavo para el desarrollo del pueblo y de sus habitantes”, según hizo saber el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Bolivia, Juan del Granado (La Nación, 22/12).

Frente a la masacre, la Central Obrera Boliviana ‘ordenó’ el ‘retome’ de las minas (Crónica, 21/12) y convocó, por segunda vez en el lapso de seis meses, a una huelga general por tiempo indeterminado. La convocatoria de la COB, sin embargo, no pasa de ser un saludo ritual: como en la huelga general por tiempo indeterminado convocada en ocasión de la marcha campesina a La Paz (octubre de 1995), nada indica que la burocracia de la COB se haya empeñado en organizar la huelga general y en efectivizar su cumplimiento.

El asesinato de los mineros de Amayapampa y Capacirca se suma a la larga lista de crímenes contra los explotados —asesinato de ‘marchistas’ campesinos a La Paz (octubre de 1995), represión de la huelga nacional docente, dictado del estado de sitio y deportación de varios centenares de militantes y dirigentes sindicales (marzo-abril de 1994), represión de los campesinos y cocaleros— que los explotados bolivianos les habrán de cobrar al proimperialista Sánchez de Losada y a sus asociados de ‘izquierda’ (el ‘Movimiento Bolivia Libre’) en el gobierno entreguista.