La dictadura de Fujimori simplemente masacró al comando del MRTA que ocupó durante 126 días la embajada de Japón. Los emerretistas reclamaban la libertad de 400 presos cuyas detenciones son “insustentables”, según coinciden los organismos de derechos humanos (Folha de San Pablo, 24/4), y el mejoramiento de las condiciones infernales de las cárceles peruanas. El aparato represivo y de ‘inteligencia’ de la burguesía peruana y del imperialismo mundial conjugó todos sus esfuerzos‘logísticos’ en un procedimiento de ‘terrorismo de estado’ (así lo prueba la colaboración de la CIA y de los servicios secretos británicos e israelíes, con vasta experiencia en esas lides criminales). Japón, a su turno, hizo lo suyo: “dando carta blanca” (O Estado de San Pablo, 24/4) para la operación en el perímetro sobre el que ejerce su soberanía.

Por los testimonios de diversos rehenes, se sabe que el comando emerretista se rindió ni bien se produjo la explosión inicial. La magnanimidad de los guerrilleros con sus rehenes, contrasta con el fusilamiento frío y premeditado de las fuerzas represivas. Los rehenes sabían del ataque; en particular, un alto oficial de las FF.AA. que estaba entre ellos, habría sido una pieza clave en la organización del rescate. Esto hubiera justificado la ejecución de los rehenes por el comando emerretista, o de algunos de ellos.

La ‘orden’ era “no hacer prisioneros”. No sólo se fusiló a quienes se rendían, ya desarmados e indefensos. Dos prisioneros, por quienes los rehenes pidieron clemencia, aparecieron también acribillados. Uno de ellos fue incluso sacado de la embajada y luego reingresado para asesinarlo a sangre fría. Con cinismo proverbial se dijo que tomar prisioneros tenía un “riesgo: y todo riesgo se elimina” (Clarín, 26/4).

Los cadáveres del comando del MRTA no pudieron siquiera recibir sepultura de sus familiares —ni hablar de ‘autopsias’—, la mayoría fue enterrado como NN.

Fujimori y sus ‘émulos’ de la ‘democracia’ continental, saludaron la ‘gesta’ del dictador. Creen que la ‘solución final’ a la cuestión de la embajada le va a permitir al Menem peruano salir del derrumbe de su régimen.

Un régimen en descomposición

Un corresponsal de prensa en Londres afirma que “fueron esencialmente los hechos de las últimas dos semanas —esa sucesión de macabras revelaciones sobre las actividades del Grupo Colina y la corrupción gubernamental— los que precipitaron la decisión” de la matanza (La Nación, 27/4).

“La cadena de escándalos es de vértigo” (ídem): varios agentes de los servicios de inteligencia militar fueron torturados y asesinados por sus superiores del mencionado grupo ‘paramilitar’, responsable de espionaje entre los propios militares y de macabros crímenes políticos. El jefe de las fuerzas armadas, general Nicolás Hermoza Ríos, y el ‘asesor presidencial’ Vladimiro Montesinos, “hombre fuerte de los servicios de inteligencia” (Página 12, 27/4), son sindicados como‘responsables’ del grupo Colina y de la Diconte —la temible policía antiterrorista.

La crisis en los ‘servicios de inteligencia’ es anterior al asalto a la embajada, y era una expresión aguda de la descomposición de la dictadura que ejerce Fujimori, en un virtual ‘triunvirato’ con los dos anteriores. Estos habían sido acusados en diciembre, por un ex-alto oficial de las FF.AA., el general Robles, de ser los responsables de”las masacres de la Universidad de La Calcuta y de Barrios Altos, en las que murieron nueve estudiantes y un profesor, en el primer caso, y dieciseis personas en el otro (ninguna de las víctimas tenía conexiones siquiera remotas con el terrorismo)” (La Nación, 27/4). Robles fue secuestrado por ‘paramilitares’días antes de lo de la embajada, y tuvo que ser liberado frente a un agudo sacudimiento del régimen y una gran reacción popular. En esos mismos días, la Corte Suprema‘fujimorista’ daba un tiro de gracia a las pretensiones reeleccionistas del ‘chino’.

El asalto a la embajada no detuvo la crisis gubernamental. Inmediatamente antes de la recuperación de la embajada, “por primera vez en casi 7 años” —decía elFinancial Times, 22/4— las encuestas de ‘opinión’ indicaban una “gran desaprobación” del régimen, y sus principales figuras eran acusadas de vinculación con el narcotráfico. Frente a la ola de denuncias, en las FF.AA. se pedía la salida de Hermoza Ríos y Montesinos “para salvar al ejército del desprestigio” (Clarín, 27/4).

Fujimori viene respaldando a los anteriores, y antes de la masacre produjo una reestructuración de su gobierno y de las FF.AA. para evitar a todas luces una asonada militar. Las explicaciones que se dieron para esa reestructuración “no son convincentes” —decía también el Financial Times, 22/4—, teniendo en cuenta que se desplazó a mandos con gran prestigio en las FF.AA. (mientras se sostuvo en cambio a los virtuales responsables de la ‘falta de seguridad’ que permitió el asalto a la embajada).

“La pérdida de popularidad (de Fujimori) fue en ‘caída libre’…” en los últimos meses (La Nación, 27/4), producto no sólo de lo anterior, sino que “la situación económica, a pesar de la inversión extranjera, no despega: este año el crecimiento real fue de cero por ciento y el desempleo es masivo” (ídem).

El río de sangre con que se pretende hundir al MRTA no salvará a la dictadura peruana.

Huelga de hambre en las cárceles peruanas

Los presos políticos en por lo menos dos cárceles, en Ayacucho (en el sur del país) y Cajamarca (en el centro), habrían comenzado una huelga de hambre después de la matanza de sus compañeros (Folha de San Pablo, 24/4).

Según declaró Javier Contreras, de la Comisión Andina de Juristas, las condiciones en que se encuentran los 400 presos son “insustentables”. Desde el 17 de diciembre, las familias de los presos no podían hacer visitas. A los reclamos del comando del MRTA, el gobierno respondió con un “endurecimiento en el tratamiento de los presos” (ídem).

En enero, el New York Times definió a las cárceles peruanas como un “tríptico del infierno de Hyeronimus Bosch”, “loqueros medievales”. Según este nuevo testimonio, las condiciones de hacinamiento en ellas son “terribles”. “Los presos duermen en espacios ínfimos —el término mínimo establecido internacionalmente de tres metros cuadrados por prisionero nunca es respetado” (ídem).

Hay en Perú 4.800 presos acusados de vinculación con el terrorismo. “De éstos se cree que 2.000 serían inocentes … pero los procesos están estancados” (ídem).

La burguesía quiere condenar a los presos al exterminio, ejecutando nuevas matanzas como las que ya realizó en el pasado.

Todo esto revela la desvergüenza de la ‘izquierda’ democratizante mundial, desde Izquierda Unida y el Partido Comunista peruano al castrismo, que se han‘congratulado’ por la liberación de los rehenes.

Hay que emprender una campaña mundial por la libertad de los presos políticos en Perú.