A menos de dos meses de las elecciones, los ministros del gobierno de coalición centroderechista de los Países Bajos han dimitido en bloque, debido al escándalo que estalló por los sesgos xenófobos y discriminatorios en una investigación de supuesto fraude en las ayudas sociales. El primer ministro Mark Rutte admitió que se ha “criminalizado a personas inocentes”, pero adelantó que su gabinete se mantendrá en funciones para continuar la campaña contra el Covid-19, hasta que sean celebrados los comicios legislativos el próximo 17 de marzo. Por esto, algunos medios interpretan las dimisiones como puramente simbólicas.

Los sucesos se remontan a 2014. En ese entonces, la Agencia Tributaria determinó que unas 26.000 familias incumplían los requisitos para beneficiarse del subsidio familiar por cuidado de hijos y accedían de manera fraudulenta. Dejaron de percibirlo y unas 10.000 familias tuvieron que devolver el dinero al Estado. Como las sumas adeudadas alcanzaban los 100.000 euros, las familias tuvieron que solicitar créditos bancarios, refinanciamientos hipotecarios o conseguir nuevos trabajos, derrumbando su ya precaria situación económica.

Sin embargo, el parlamento tuvo que abrir una nueva investigación el pasado diciembre. Allí se demostró que el sistema de vigilancia para evitar fraudes había realizado una discriminación xenófoba contra las familias de ascendencia turca o marroquí. Por otro lado, la Agencia Tributaria contemplaba como “fraude” a cualquier tipo de falla menor, incluyendo la falta de una firma o la no declaración de nuevo domicilio, a los propósitos de castigar a estas familias.

En pocas palabras, las investigaciones infundadas de unos funcionarios, con supervisión del gobierno, arruinaron la situación económica de miles de familias, que además tuvieron que soportar la estigmatización social por delitos que no cometieron.

Familias golpeadas, pero organizadas

La polémica estalló gracias a la organización de las familias. Todo comenzó en una guardería del municipio de Eindhoven, donde coincidieron 157 familias suprimidas del subsidio e incapacitadas de afrontar los gastos mensuales. Cuando su director corroboró los papeles de baja, descubrió que el documento oficial añadía el origen nacional de las familias. Casualmente, ninguna era de origen neerlandés. La abogada española Eva González fue quien inició las acciones legales en 2015.

En 2019, el parlamento dictaminó que “hubo falta institucionalizada de imparcialidad, y los funcionarios interpretaron de forma demasiado estricta la normativa contra el fraude” (El País, 13/1). Se resolvió una reparación de 30.000 euros por tres meses a los damnificados, con la intención de dilatar la bronca. Pero las familias elevaron, ante el Tribunal Supremo, una denuncia contra cinco miembros implicados del propio Ejecutivo. Un día antes que el gabinete, el socialdemócrata Lodewijk Asscher dimitió como cabeza del Partido del Trabajo (PvdA), ya que en 2014 era Ministro de Asuntos Sociales (Agencia EFE, 14/1). Esa fuerza centroizquierdista formó parte del segundo gobierno de Rutte, en el que se desarrollaron los hechos. Es decir, que el escándalo no sólo abarca a la derecha. Asistimos a la coronación de toda una política de agravios contra los migrantes.

El gobierno

El gobierno está encabezado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) de Rutte, una fuerza derechista partidaria de la Unión Europea (lo acompañan la Llamada Demócrata Cristiana, Demócratas 66 y Unión Cristiana), que ha metido a los Países Bajos en el bloque de los llamados Estados “frugales”, que defienden una línea de ajuste fiscal a rajatabla (hay otro sector de la derecha holandesa, con partidos como el Foro por la Democracia o el Partido por la Libertad de Geert Wilders, que también realizan un sistemático ataque contra la población migrante, pero que al mismo tiempo son hostiles a la UE).

Al escándalo político, se le debe añadir un deterioro de la situación económica. Los Países Bajos han sido golpeados por la pandemia, con un retroceso del PBI del 4% en 2020. Algunas estimaciones indican que el desempleo podría llegar al 6% este año, duplicándose con respecto a 2019 (NL Países Bajos). Al mismo tiempo, la deuda privada (sumado el endeudamiento familiar y la deuda corporativa) llegaba al 242% del PBI a fines de 2018. Según un diario español, “considerando la deuda en su conjunto, tanto privada como pública, los Países Bajos están tan endeudados como Grecia y mucho más que España o Italia” (El Diario, 24/4/20). Las deudas familiares son sobre todo por préstamos para vivienda. “El mercado inmobiliario holandés es la mayor amenaza para la estabilidad financiera en los Países Bajos” (ídem).

La crisis se extiende también a la Corona. En plena pandemia, las fotos que mostraron a Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta de vacaciones, sin cumplir los protocolos de distanciamiento, han erosionado fuertemente la imagen de la institución, sobre todo entre la juventud.

Es necesario aprovechar todas estas condiciones para el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.