Panamá en lucha contra una ley reaccionaria

El 16 de junio, en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados –realizadas en medio de movilizaciones obreras y ambientalistas– fue aprobada en Panamá la Ley 30. La misma, dirigida supuestamente a promover la “aviación comercial”, funcionó como un taparrabos para encubrir un paquetazo de medidas contra los trabajadores y el pueblo panameño.

Los sindicatos panameños rechazaron la nueva norma, denunciando que restringe el derecho a huelga y la negociación colectiva, ya que permite a los empresarios sustituir a los trabajadores en huelga, suspender sus contratos de trabajo y conchabar “carneros” para asegurar el funcionamiento del servicio. Para esto, además, la ley establece que la policía “garantizará la protección de las personas y propiedades”. La misma norma otorga a la policía fueros y privilegios por encima de la Constitución Nacional. La ley incursiona también en cuestiones ambientales y otorga al Ejecutivo la potestad de decidir qué tipos de proyectos considerados de “interés social” (donde predominan los mineros) deben sujetarse al control ambiental y cuáles no.

Miles de panameños –convocados por organizaciones sindicales, ambientalistas, estudiantiles, educadores, campesinos e indígenas– se movilizaron, desafiando una torrencial lluvia, hasta la Presidencia de la República contra la nueva ley, con pancartas con las consignas “Ni minería ni hidroeléctricas, primero el pueblo”, “Abajo la ley 9 en 1” y “Abajo la Ley Chorizo”. También hubo marchas masivas en David, Chiriquí y en Changuinola, Bocas del Toro.

El plan de lucha continúa con acciones diarias, entre las que se incluyen movilizaciones y piquetes. En este contexto, la principal central obrera de Panamá, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), ha lanzado la convocatoria a la huelga general para julio, declarando al mismo tiempo “el apoyo todas las acciones de los distintos gremios y agrupaciones de la sociedad civil que se manifiesten en contra de la ley”.