El modelo neoliberal en Panamá se encuentra en una grave crisis. Este modelo fue impuesto en el país centroamericano a consecuencia de la invasión de Estados Unidos en 1989. El modelo neoliberal panameño nutre a una clase capitalista nacional e internacional a base de las rentas del canal de Panamá, a través de la extracción de los recursos naturales nacionales, de la actividad turística y los servicios financieros que facilitan la evasión fiscal a nivel mundial, entre otras cosas. La clase capitalista panameña que trabaja en conjunto con la estadounidense ha ido desmantelando el pequeño estado de bienestar cuya conquista por las y los trabajadores de antaño había garantizado ciertos derechos sociales. Este despojo produce una fuerte respuesta de la clase obrera panameña.

En 2022 las masas salieron a protestar ante el incremento de los costos de la canasta básica, el combustible y los medicamentos, además, de problemas de corrupción. Nuevamente en 2023 las masas salieron a protestar en contra de una renovación corrupta de una concesión minera dada a una empresa canadiense (FQM) que atentaba con destruir el entorno natural y afectar la salud de los pobladores. Después de haber sido víctimas de una intensa represión, la población panameña logró que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato minero y se cerrara la mina en una victoria inédita. Llegamos al 2025 con un nuevo presidente representando de nuevo los intereses capitalistas, José Raúl Mulino, que hace parte de sus primeras metas pasar una iniciativa de ley con el objetivo de desmantelar la Caja de Seguro Social (CSS), un fondo administrado por el Estado que asegura servicios y prestaciones sociales para las y los trabajadores, entre ellos la administración de sus pensiones y servicios de salud.

Por décadas los fondos del CSS han sido saqueados en actos de corrupción por parte de los gobiernos en turno y sus amigos empresarios, e irónicamente ahora hablan sobre una crisis de financiamiento del CSS que debe ser pagada por la clase trabajadora para asegurar su futura “sostenibilidad”. La reforma aprobada del CSS (Ley 462) abre la posibilidad para incrementar la edad de jubilación, permite a empresas privadas administrar y lucrar con las pensiones, aparte de reducir las pensiones a montos miserables. Mulino se ha embarcado en una encrucijada para intentar vender los recursos del país al capital: ha empezado a preparar la reactivación de la mina que en el 2023 el pueblo luchó por cerrar; también busca dar inicio al proyecto de embalse del río Indio, con el cual se pretende utilizar este río para nutrir el canal de Panamá y aumentar su capacidad, sin tomar en cuenta a toda la población que se vería afectada al tener que ser desplazada por este proyecto extractivista.

Mulino firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos, el cual permite al ejército del país imperialista realizar entrenamientos militares en Panamá y ocupar ciertas bases en territorio panameño para “proteger” el canal. Bajo este supuesto de una “prestación” de servicios de seguridad, el gobierno panameño se ve forzado a compensarlo por medio de una reducción de tarifas para buques de guerra y buques auxiliares de Estados Unidos. Esto último se da en el contexto de la búsqueda del país imperialista por reforzar su influencia en el continente americano ante la presencia creciente de su rival, China. Particularmente, la empresa de Hong Kong que operaría puertos en los extremos del canal, se vió obligada a anunciar que vendería estas concesiones ante la presión de Estados Unidos. Hay que recordar que durante todo el siglo XX, Estados Unidos ocupó militarmente el área cercana al Canal de Panamá con el objetivo de administrar este paso marítimo. Esta zona ocupada también serviría para entrenar a las fuerzas armadas de los regímenes dictatoriales en Latinoamérica por medio de la infame Escuela de las Américas. Fue solo ante la lucha por la soberanía nacional que se dio en diversos momentos, que se logró expulsar a las fuerzas del imperialismo del país en 1999, no sin antes haber sufrido décadas de humillación ante el trato preferencial que se le daba a los estadounidenses en Panamá.

Esta nueva subordinación de Panamá a Estados Unidos y al capital que hace Mulino, se ha encontrado con una feroz resistencia por parte de la clase trabajadora. A partir de la ley 462, el sindicato docente fue el primero en declarar la huelga indefinida en contra de la reforma y alzarse en contra de la reactivación de la mina y el acuerdo con Estados Unidos. Las y los estudiantes acompañaron a las y los maestros en su lucha, y posteriormente el militante sindicato de la construcción, SUNTRACS, abanderó la lucha, junto a trabajadores bananeros y pueblos indígenas. Pero Mulino y la clase empresarial han llevado la represión a un nuevo nivel, sabiendo que cuentan con el respaldo de Estados Unidos y con un cerco mediático. Varios líderes del SUNTRACS han ido a prisión y al exilio ante la persecución política por su participación en las protestas, y de igual forma sus oficinas han sido allanadas por la policía. En una provincia de Panamá, Bocas del Toro, el gobierno ha declarado un estado de emergencia ante la intensidad de las protestas en esa región. Esta represión ha incluido reportes de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones forzadas. La actuación de las empresas ha complementado la represión ejercida por el gobierno, un ejemplo es la empresa bananera estadounidense Chiquita, que, ante la huelga de los trabajadores bananeros inicialmente despidió a miles de empleados y posteriormente anunció el cierre de operaciones, argumentando pérdidas derivadas del paro.

Panamá no es solo un caso aislado de resistencia nacional frente al avance de reformas neoliberales, sino, es toda una lucha antiimperialista que se está dando en el marco del nuevo régimen de Trump en Estados Unidos, cuya política externa ha consistido en el subordinamiento de otras naciones a partir el uso abierto de la fuerza. El pueblo panameño está dando una lucha feroz por la soberanía de su país, una soberanía que lucharon por todo un siglo y que ahora se les vuelve a disputar con la llegada de militares estadounidenses al país. Asimismo, se les sigue buscando despojar de esos derechos sociales a una vida digna y a un entorno saludable, que en el algún momento lograron disfrutar de forma parcial.

¡Solidaridad total con el pueblo panameño en su lucha contra la clase capitalista que busca robarle sus pensiones, su derecho a un entorno saludable y saquear su patrimonio nacional!
¡Solidaridad en su lucha antiimperialista contra Estados Unidos, fuera tropas estadounidenses de Panamá!