El general Manuel Noriega conjuró un nuevo golpe de Estado.

Todas las evidencias indican que los yankis estaban al tanto de los preparativos golpistas y que los rebeldes esperaban su apoyo para asegurar el éxito de la empresa. Sin embargo, luego de reclamar durante más de un año un golpe militar contra Noriega, el presidente Bush se negó a dar la orden decisiva para que los “marines" respaldaran a los golpistas.

La decisión de Bush puso a la luz las divergencias dentro del gobierno norteamericano frente a la crisis panameña, algo que supera en mucho lo que Clarín (8/10) definió como “un cortocircuito en Washington”.

El ultraderechista senador republicano Jesse Helm recriminó a Bush “haber desperdiciado una oportunidad histórica” El ex-secretario de Asuntos Latinoamericanos de Reagan, Elliot Abrams, puso el dedo en la llaga al acusar al Pentágono de "rechazar una acción militar norteamericana" (New York Times, 5/10). La divergencia, como se puede ver, se vincula con la conveniencia de una intervención directa para voltear a Noriega, planteamiento con el que viene divergiendo desde hace tres años nada menos que la jefatura de las fuerzas armadas.

La orientación de no intervenir militarmente predominó bajo Reagan y continúa haciéndolo bajo Bush. “Parece haberse actuado con responsabilidad” editorializó el Washington Post (5/10), y para el New York Times (5/10), “los críticos del presidente están equivocados”. En este campo se alineó también la mayoría del Congreso, Margaret Thatcher y los presidentes latinoamericanos Carlos Andrés Perez, de Venezuela y Oscar Arias, de Costa Rica.

Para este sector Noriega debe ser derrocado por las propias FDP. El mismo Bush declaró, a poco del golpe, que “no tenemos problemas con las FDP sino con Noriega”; "espero que esto llegue Inmediatamente a Panamá” agregó.

Bush y el Pentágono se "abrieron” del golpe —en lo que el New York Times calificó como una “autorrestricción inteligente" —porque “el intento provino de un sector de las FDP que parecía carecer de relaciones valiosas tanto con otros sectores militares como con la sociedad civil" (Washington Post, 5/10). La oposición del Pentágono a las intervenciones militares directas ya había sido señalada en oportunidad de la guerra contra el gobierno sandinista, cuando se sustituyó esa alternativa con la organización de los "contras".

Esta "estrategia” fue parcialmente abandonada en la invasión a Granada, pero en este caso se esgrime el argumento de que la acción no comportaba riesgo de enfrentamientos. Para el Pentágono la intervención militar procede cuando cuenta con apoyo del Congreso y de los gobiernos de la OTAN. Juzga que de otro modo quedará políticamente vulnerable, como ocurriera en Vietnam.

Precisamente, el Congreso norteamericano acaba de aprobar un incremento de la presión militar, económica y diplomática contra Panamá, para forzar una caída “orgánica” de Noriega.

Solamente una minoría del “establishment” norteamericano es partidaria de la anulación del Tratado Torrijos-Carter que revierte la soberanía del canal de Panamá a este país. No es ese el objetivo norteamericano, por eso procuran un golpe de estado y desechan la intervención militar. El Pentágono es favorable al Tratado. Un ex-comandante de las fuerzas yanquis en Panamá, el general Woerner, declaró que "el tratado había corregido el anacronismo de la soberanía yanqui en la Zona del Canal” (New York Times, 29/2/88). Un editorialista del mismo diario apoyaba la opinión del general, señalando que “los tratados reforzaron la posición norteamericana”.

El Pentágono tiene un motivo adicional para impulsar el respeto al Tratado. En la Zona del Canal está desplegado el Comando Sur de Estados Unidos, un fenomenal aparato bélico que constituye una base de observación, espionaje, vigilancia y lanzamiento militar contra toda la América oprimida. “En el extenso texto del acuerdo Carter-Torrijos, el Comando Sur no es citado ni una vez. Su función no se relaciona con aspectos específicos de neutralidad y seguridad del Canal, sino que ha sido unilateralmente preservado por Estados Unidos para usos extracanaleros" (Página 12, 4/10).

La existencia del Comando Sur, en los diez años que lleva vigente el Tratado, no fue objetada por Torrijos ni por Noriega, hasta la deflagración de la crisis en 1988, a pesar de que jugó un papel fundamental en la agresión contra Nicaragua y en la invasión a Granada. Pero aun después de ello Noriega no planteó en ningún momento la evacuación el Comando, lo que sí hubiera producido una intervención militar. Entre las FDP y el Pentágono existe una coexistencia de hecho sobre este punto.

Por último debe señalarse que las Fuerzas de Defensa de Panamá constituyen la única estructura estatal real del país, algo que el Pentágono valora enormemente. No pretende destruirlas sino ajustarlas a la función que reclama el imperialismo. Las FDP se han transformado (incluso con ayuda norteamericana) en un sistema de intereses políticos y económicos que, por su vinculación con el narcotráfico ha entrado en un choque con el oficialismo norteamericano. El Pentágono debería asegurarle a las FDP un sustituto financiero y político a sus actuales negocios. En un principio se pensó que ello podría ser el control administrativo del canal, pero esto es ya insuficiente.

En Panamá, entonces, está configurada una crisis histórica del Estado, creado por Estados Unidos en 1902, que se potencia estratégicamente por la ubicación del país en relación al Canal y a las operaciones dirigidas a toda América del Sur.