Con el acuerdo de todo el arco político, el gobierno derechista de Mario Abdo Benítez acaba de aprobar la Ley de Emergencia Económica, que como ejes más importantes incluye el otorgamiento de una batería de créditos flexibles a los distintos grupos capitalistas, el acceso a un nuevo endeudamiento externo, y el avance hacia un ajuste que implica miles de despidos y rebajas salariales. De conjunto, una orientación de rescate del capital y de ataque a los trabajadores.

Para poder combatir el estado catastrófico en el que se encuentra el sistema sanitario paraguayo, el gobierno se dispondría a tomar un préstamo de 1.600 millones de dólares con distintos organismos internacionales. Con esta medida, el déficit fiscal del país se elevaría a un 5%, violando el límite del 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

La deuda pública que tiene el país asciende aproximadamente a unos 9.376 millones de dólares, el 82,9% de la misma corresponde a deudas contraídas en el exterior, y el 17,1% es el equivalente a la deuda interna (La Nación 9/3).  

Ante esta situación, la centroizquierda paraguaya nucleada en el Frente Guasú, propone un convenio con China que implique intercambiar bienes e insumos médicos a cambio de materias primas y excedentes alimentarios de Paraguay. De más está decir que esta medida es harto limitada y que deja intactas las bases de la precariedad del sistema sanitario.

Los infectados hasta el momento son 77 (3 muertes) y siguen contando. Paraguay cuenta hoy en día con 774 camas de terapia intensiva de las cuales 308 están al servicio del sistema de salud público, cumpliendo solamente con el 50% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer frente a la pandemia. Julio Rolón, viceministro de Salud, confirmó que el país sólo cuenta, en este momento, con 20 camas con respiradores (Hoy 26/3). Las limitadas medidas anunciadas acerca de la ampliación en la disponibilidad de camas y respiradores están, claramente, lejos de cubrir las necesidades de la población.

El derrumbe sanitario fue señalado en protestas realizadas por trabajadores de la salud organizados en el Sindicato de Trabajadores de Salud del Alto Paraná (Sitrasap) cortando la Ruta 7 de Paraguay, donde se denunció el ajuste  en el sector expresado en la falta de personal, equipos de bioseguridad e insumos básicos como alcohol en gel, lavandina, detergente y barbijos. También se pidió la triplicación del presupuesto de salud.

Ataque a los trabajadores

Uno de los aspectos más importantes del paquete de medidas oficiales lo constituye la “reforma” del Estado que tiene como eje ordenador el achicamiento de todo el andamiaje estatal (Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Intendencias, etc). Según el Ministro de Hacienda, no habrá despidos por el momento aunque dejó claro que inevitablemente los habrá en un futuro porque las “reglas del juego no serán las mismas”. Pero ese futuro no se hizo esperar, dado que la Municipalidad de Lambaré anunció este 30 de marzo la desvinculación de más de 500 trabajadores por “falta de disponibilidad presupuestaria”. Otro caso similar se dio en la Comuna de San Lorenzo, donde el intendente quiere reducir los salarios de los trabajadores en un 50%. Este recorte estatal “solidario” que pregona el gobierno es el preludio para avanzar en una nueva ofensiva contra las masas laboriosas.

Para hacer pasar este ataque al salario, se ha montado una cortina de humo, que consiste en la rebaja del 10% del sueldo de los funcionarios públicos que ganen más de 5 salarios públicos y del 23% para aquellos que ganan más de 10 salarios mínimos, por al menos tres meses” (ABC, 30/3). Es una lavada de cara por parte de un régimen político corrupto, que está al servicio de los grandes empresarios.

Y esconde también un zarpazo contra algunos trabajadores calificados, dado que la medida afectará a los trabajadores de las represas binacionales de Itaipu y Yaciretá, donde algunos puestos administrativos o de técnicos o universitarios profesionales alcanzan estos números.

Un punto novedoso acerca de este paquetazo de reformas es la resucitación de la tentativa de poner en pie una superintendencia de pensiones y la revisión del “sistema de pensiones adecuado” (Ultima Hora 31/3) lo que anticipa un ataque contra las jubilaciones. Cabe recordar que cuando el gobierno de Horacio Cartes quiso avanzar en ese sentido en el año 2018 fue derrotado por una movilización de miles de trabajadores que irrumpieron en la escena política con cortes de ruta y marchas que rodearon el Congreso Nacional de Asunción.

Por otro lado, el gobierno intenta contener la profunda miseria social que corre a la clase obrera con bonos de tipo asistencial. Para las familias más vulnerables habrá un único pago de 500.000 guaraníes, y para los trabajadores informales será un ingreso igual al 25% del salario mínimo, que podrá ser recibido hasta dos veces por el mismo monto. Es necesario destacar que el salario mínimo de Paraguay es de 2.200.000 guaraníes, el equivalente al 50% de la canasta básica familiar.

Que esta crisis no la paguen los trabajadores

En este cuadro en el que se pretende utilizar la pandemia para profundizar una orientación ajustadora es más necesaria que nunca la intervención del pueblo trabajador paraguayo detrás de un programa para que la crisis no la paguen los trabajadores con despidos, mayor miseria y con su salud. El mismo debe partir del desconocimiento total de la deuda externa y la centralización de todo el sistema sanitario, la suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, la prohibición de despidos, y las licencias laborales sin afectar el salario.