Las recientes elecciones internas en el oficialista Partido Colorado —que debían consagrar a su candidato para los comicios presidenciales de 1993— pusieron de manifiesto la completa fractura que recorre el régimen político paraguayo.

Las “internas” fueron ganadas por Luis Argaña —estrecho colaborador de la dictadura de Stroessner—, quien derrotó a la lista que contaba con el apoyo del presidente paraguayo Rodríguez y de la actual cúpula militar. Argaña “se ha manifestado como un fuerte crítico de la política económica neoliberal del gobierno de Rodríguez y un enemigo del Mercosur” (Brecha, 8/1/93), mientras que la lista oficialista “alienta una economía social de mercado y la plena integración del país al grupo regional” (La Nación, 3/1/93). Tratándose del verdadero “partido de estado” de Paraguay, la pugna colorada traduce la división que recorre de conjunto a los explotadores de ese país, en medio de una aguda crisis económica y social: la política de integración al mercado regional emprendida por Rodríguez (en un marco de depresión internacional de los principales cultivos paraguayos) ha conducido a una pauperización en masa de campesinos y al crecimiento del desempleo urbano.

En este cuadro, un sector de los explotadores se ha atrincherado detrás de los restos del stronissmo, y reclama un escudo “protector” frente al Mercosur y a la crisis mundial. La primera manifestación de esta lucha interburguesa se expresó en las FF.AA. meses atrás, cuando las imputaciones sobre contrabando de autos robados sirvieron para una purga de elementos strosnistas y para afianzar a una cupula militar afín al gobierno de Rodríguez.

Apenas se confirmó que los comicios colorados favorecerían al sector strosnista, se produjo un virtual acuartelamiento de las FF.AA. y un cerco policial-militar de la sede partidaria. Días después, renunciaba el Tribunal Electoral partidario sin producir un fallo definitivo sobre el resultado de las internas.

La indefinición podría ser aprovechada ahora para dictar “el estado de excepción (equivalente al estado de sitio en Argentina) que prorrogará el mandato de las autoridades actuales hasta que haya quedado dirimida la crisis colorada” (Clarín, 11/1). Para convalidar el autogolpe, se procuraría el concurso de observadores extranjeros (las diplomacias del Mercosur y yanqui) en un “escrutinio definitivo”, las que avalarían “el pedido de nulidad de las elecciones que presentó el precandidato Wasmosy” (afín a Andrés Rodríguez). (Clarín, 11/1).

El imperialismo yanqui interviene activamente en la crisis, a favor de la facción política y militar de Rodríguez. Pero ante la posibilidad de una completa disgregación colorada, maneja la alternativa de un gobierno “liberal-centroizquierdista”: “al embajador estadounidense John Glassman, se le atribuyen simpatías por el Partido Liberal Radical Auténtico” (Clarín, 4/1). El PLRA está urdiendo una coalición con otros sectores patronales y de “izquierda independiente”: luego de las elecciones coloradas, este bloque calificó rápidamente a Argaña como candidato del “autoritarismo y del atraso”. En esta línea, Domingo Laino —líder del PLRA—, no vaciló en señalar que “las presiones foráneas tendientes a consolidar el proceso democrático son influencias apreciables” (Clarín, 5/1/92). El bloque opositor se postula ante el imperialismo como el mejor garante de la acentuación de un rumbo entreguista.

Cualquiera de las “salidas institucionales” del imperialismo —el autogolpe o la victoria electoral de un candidato “modernizante”— plantea una depuración de strosnismo del aparato etatal y en especial de las FF.AA.: el pedido de extradición de Stroessner —que la justicia acaba de solicitar al gobierno brasileño— persigue ese propósito. Pero éste puede ser, también, el punto de partida de un enfrentamiento abierto entre facciones militares y de la fractura completa del régimen. La “institucionalización” paraguaya —la última de la ola democratizante latinoamericana— marcha a su agotamiento sin haber dejado siquiera los pañales.