La incorporación del vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez y del exmandatario Horacio Cartes en un listado de “corrupción significativa”, elaborado por los Estados Unidos, ha desatado un tembladeral político en la nación guaraní.

Al conocerse las denuncias, Velásquez anunció su renuncia, pero luego se arrepintió, por lo que sigue en el cargo. El vice sí se retiró de la precandidatura a la presidencia para las elecciones de abril de 2023. Se lo acusa de haber ofrecido un soborno cercano al millón de dólares para bloquear una investigación en su contra.

Unas semanas antes, Washington había incluido en la misma lista a Cartes, sobre el que pesan distintas acusaciones, como contrabando de cigarrillos y lavado de dinero (el expresidente es dueño de la tabacalera Tabesa), y omisiones en su declaración jurada (no declaró una empresa hasta que los Pandora Papers deschavaron el caso).

Velásquez y Cartes pertenecen a dos facciones enfrentadas del Partido Colorado. El primero estaba, al menos hasta el estallido de este escándalo, alineado con el presidente Mario Abdo Benítez y era su delfín para las internas presidenciales de diciembre de este año y las generales de abril de 2023. Esta corriente se llama Fuerza Republicana y busca ahora un nuevo precandidato. Cartes, en cambio, lidera Honor Colorado, que promueve sus propios referentes.

Marcar el terreno

La denuncia de los yanquis marca la cancha en un territorio que tratan como propio. En el mes de mayo, el avión venezolano de Emtrasur (ahora incautado en Argentina) estuvo en Paraguay, de donde se llevó días más tarde un cargamento de cigarrillos perteneciente a Tabesa, la empresa de Cartes. Poco después, surgieron denuncias de que el viaje encubría operaciones iraníes en el país guaraní, al estilo de la campaña que el imperialismo instigó en Argentina y llevó a la incautación de la nave y al accionar del FBI en Ezeiza, por autorización expresa del gobierno de Alberto Fernández.

El vice Velásquez, en tanto, había sido acusado en 2016 por congresistas norteamericanos de presuntos vínculos con el grupo libanés Hezbollah -que Washington cataloga como terrorista-, a raíz de un viaje por el Líbano del entonces diputado, y de una foto del mismo con presuntos referentes de la organización.

Esta semana, el subsecretario de Estado yanqui para el Cono Sur, Mark Wells, llegó a Asunción a reunirse con funcionarios. Los yanquis presionan y se manejan como si Paraguay fuera una colonia. Esto lo reconoció, despechadamente, el senador colorado “Beto” Ovelar, cuando afirmó que Estados Unidos “hace lo que quiere” y trata al país como una “república bananera”. Aunque esas palabras, cabe aclarar, fueron para defender al vice, sobre el que dijo que no hay pruebas en su contra en cuanto a las acusaciones de soborno (ABC Color, 23/8).

Con este mar revuelto, la interna colorada se ha recalentado en los últimos días. O, valga la metáfora, está al rojo vivo. El presidente del partido, que responde a la facción de Cartes, acusó al presidente Abdo Benítez de financiar su campaña política con dinero del narcotráfico y de la organización libanesa Hezbollah.

Mientras tanto, los dos bandos se disputan la interlocución con el amo yanqui. Ante la visita al país de Wells, uno de los senadores de Honor Colorado acusó al Ejecutivo de excluir a su fuerza de los encuentros (La Nación de Paraguay, 24/8).

Crimen y narcotráfico

Con independencia de las acusaciones cruzadas entre las facciones del Partido Colorado, y de los intereses y las operaciones políticas de los yanquis en la región, la corrupción y el crimen organizado están creciendo en Paraguay y esto es inconcebible sin la participación y la complicidad del Estado. En febrero, el ministro del interior Arnaldo Giuzzio fue destituido del cargo por nexos con el narcotráfico.

La hidrovía Paraná-Paraguay se ha transformado en una importante ruta de traslado de cocaína hacia Europa. Además, Paraguay ya no solo sería un lugar de transporte sino que también se elaboraría la droga en laboratorios manejados por la banda brasileña Primer Comando Capital (La Nación, 16/6).

La trama del reciente crimen en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci tiene como principal sospechoso al uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo. Marset es señalado como uno de los responsables del flujo de la cocaína por la hidrovía (ídem). El deficiente control en los puertos facilita el trabajo.

En el país charrúa ha estallado una crisis, porque Marset logró escapar de Emiratos Arabes Unidos en 2021 -donde estaba detenido por tener documentación paraguaya falsa- gracias a un pasaporte a distancia emitido por autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou. Por esta razón, la oposición reclama la renuncia de dos ministros. En Paraguay, en tanto, el gobierno de Abdo Benítez es denunciado por haber brindado refugio a Marset (La Nación de Paraguay, 9/8).

Toda esta podredumbre reclama una intervención de los trabajadores.