Paraguay: el juicio a Laura Villalba por “terrorismo”

Un intento de encubrimiento de los crímenes del Estado paraguayo.

Laura Villalba.

El 21 de junio se realizó en Asunción (Paraguay) la cuarta jornada del juicio oral y público contra Laura Mariana Villalba, presa en San Juan Bautista, Misiones. La acusación por la que está siendo juzgada esta vez es por terrorismo y comenzó el 31 de mayo, cuya pena podría ser de más de 30 años de prisión. Recordemos que ya fue juzgada y condenada a tres años de prisión por violación del deber de cuidado y educación. Fue absuelta en la causa de violencia familiar en febrero de 2024. Además, está acusada por homicidio doloso en grado de tentativa, resistencia, producción de riesgos comunes y detentación de armas.

Tal como las otras causas que se le imputa, quedaron en evidencia una vez más inconsistencias e irregularidades cometidas por la Fiscalía. Los fiscales acusadores del caso son Federico Delfino y Lorenzo Lezcano. Irregularidades tanto al momento de recolección de las supuestas pruebas incriminatorias que se presentaron, como contradicciones en los tres testimonios que se oyeron en la Sala 2 del Palacio de Justicia la mañana del viernes.

El primero en declarar fue el médico forense Pablo Lemir. Este funcionario es conocido por encubrir al Estado en diferentes causas, como la de la masacre de campesinos en Curuguaty (2012), donde solo examinó los cuerpos de 2 de los 17 campesinxs “porque no se le ordenó”. También hizo la autopsia de Evelyn Delgadillo, caso reciente de una joven encontrada sin vida en una celda de la Secretaría Nacional Antidrogas, también detenida ilegalmente, informando en su acta que se trató de un suicidio. Pareciera que siempre es convocado el mismo forense cada vez que las fuerzas del Estado paraguayo cometen ejecuciones.

En este caso prestó declaratorias de su proceder en la recolección y posterior examen forense de los cuerpos encontrados, abatidos después del operativo del 20 de noviembre de 2023. En ese operativo, de dudoso enfrentamiento, fueron ejecutados en Cerro Guazú (departamento de Amambay) Lucio Silva, Esteban Marín y Rodrigo Argüello, supuestos miembros del EPP. La Fiscalía se esfuerza en vincular este hecho para probar la pertenencia de Laura al EPP y por eso pide este testimonio; sin embargo, según el propio forense, no se encontró en los cuerpos elementos que relacionen a Laura con las personas ejecutadas.

Los otros dos testigos son miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, uno de ellos Coronel Mayor Jordan Rodas jefe del operativo y el sargento Ángel Ruiz, quien estaba a su cargo, ambos presentes en el momento de la detención de Laura el 23 de diciembre del 2020. Ambos coincidieron que al momento de la detención Laura no portaba armas y llevaba ropa de civil, y también que no opuso resistencia alguna.

Sin embargo, al relatar el procedimiento incurrieron en varias contradicciones. Diferencias entre la cantidad de motos que vieron y de personas que iban en la moto en el momento del retén y posterior detención. El Mayor Coronel, quien declaró segundo, dijo que en el momento de retención de Laura ella venía caminando detrás de una moto montada por dos originarios en un camino vecinal. Al solicitar que se identifique primero había dado un nombre falso y que al reconocer cierto parecido con Liliana Villalba le pidió revisar su pertenencias y su mochila donde portaba sus documentos y fue reconocida.

El militar de menor rango dijo que apenas fue requerida se presentó como Laura Villalba y que viajaba montada en la moto con dos nativos originarios. Ninguno de los dos militares pudo asegurar que Laura tenía pedido de captura, porque efectivamente no lo tenía, por lo tanto su detención fue ilegal e irregular. Además porque se le tomaron indagatorias indebidas, según el propio relato del Mayor Coronel.

En esa indagatoria, Laura supuestamente le dice al coronel que tenía armas, posteriormente lo llevó por un camino con puentes de difícil acceso por la vegetación, y en un lugar que no pudo determinar en su relato desenterró un uniforme y un arma corta y se los entregó a Rodas. Una vez más forzando un escenario que pruebe su relato de que Laura formaba parte de la guerrilla. Estos procedimientos fueron realizados sin un fiscal de turno. Quienes iban en la moto no fueron identificados por ser indígenas. Solo Laura fue capturada de manera ilegal. Por lo único que la mantuvieron con vida es porque hay una gran campaña internacional que desde el primer momento tiene en la mira al Estado paraguayo y que ha denunciado una y otra vez los crímenes que han cometido.

Laura es una de las testigos principales de cómo la FTC cometió secuestro, tortura, violación y posterior ejecución con las niñas Lilian y Maria del Carmen, en la larga trayectoria de persecución del Estado paraguayo que hace décadas somete a la familia Villalba. Las actas de este procedimiento de detención a Laura, fueron agregando tiempo después, con el armado de las causas y la defensa no pudo acceder a las copias de las primeras actas tomadas en el momento de la detención, con lo cual podría inferirse que se plantaron las dos armas que figuran en la carpeta fiscal: una pistola y una granada. Es importante ir tomando nota de todas las irregularidades porque la pena por terrorismo es muy dura y Laura está condenada de antemano por el Estado criminal e infanticida, sin prueba alguna que justifique este proceso.

Todo este proceder no sorprende para nada, las FTC están encubriendo sus propios crímenes y delitos en el marco de la masacre de Yvy Ya’u. La defensa hasta fue censurada al intentar preguntar en idioma guaraní al testigo militar Ruiz, por una de las juezas miembro del Tribunal que solicitó que todas las preguntas sean en castellano, cuando la dificultad del testigo para comprender las preguntas era evidente y recurrente.

Este testigo también fue llamado para las causas juzgadas anteriormente y presentaba las mismas dificultades. Vale aclarar que no existe ningún impedimento legal para preguntar o declarar en guaraní en el juicio, ya que es un idioma oficial del Paraguay. El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y David Federico Rojas, reemplazando al anterior tribunal recusado por la defensa. Continuará el próximo viernes 28 de junio a partir de las 8:30 hs en las salas del Palacio de la (in)Justicia en Asunción.

Denunciamos toda la estructura mafiosa del coloradismo que deja a un narcoestado al desnudo. La FTC, fuerzas creadas por Horacio Cartes en 2013, garantizan “el control” en la zona fronteriza más caliente de Paraguay, Concepción, Amambay y Pedro Juan Caballero, que se han convertido en un campo minado donde proliferan todo tipo de mafias. Llamamos a reforzar la campaña internacional #EranNiñas #EstadoParaguayoInfanticida, con difusión y acciones directas en consulados y embajadas paraguayas, en las calles y en los grupos de activismo, sumando solidaridades a la campaña. Exigimos la nulidad de todas las causas que le armaron a Laura Villalba. En este contexto de vulnerabilidad total que se encuentra Laura presa, quieren extraditar a las hermanas Villalba refugiadas en Argentina, violando todas sus garantías. Estamos alertas y necesitamos organizarnos para que esto no suceda.

Vamos a seguir acompañando a la familia Villalba hasta las últimas instancias. Libertad para Laura. Seguimos exigiendo la búsqueda de Lichita. Vamos por la Justicia para las niñas Lilian y María del Carmen.

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