La rebelión popular que se desató en Paraguay, reclamando la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, del vice Hugo Velázquez, “que se vayan todos” y “ANRNuncaMás” (ANR es Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado), empieza a tomar un mayor impulso. Desde el estallido de la rebelión, el pasado 5 de marzo, las manifestaciones, cortes y concentraciones populares se han extendido desde la capital Asunción a otras grandes ciudades de Paraguay, como Ciudad del Este, Concepción y Encarnación. El dato político de esta segunda semana de movilizaciones es, sin lugar a dudas, la entrada en escena del movimiento campesino, que a través de una conferencia de prensa conjunta con dirigentes estudiantiles anunció el inicio de un plan de lucha nacional. Exigen “la renuncia o el juicio político” para el presidente y el vice, y una respuesta inmediata a la crisis sanitaria y a los pliegos reivindicativos de cada sector. En la conferencia anunciaron su voluntad de confluir en la lucha con todos los sectores populares, el inicio de cortes campesinos en Pirapey, Santa Rosa, Caaguazú, Yaguarón, Yasy Cañy, Alto Paraná y Caazapá, y el objetivo de arribar movilizados a Asunción a partir del miércoles 17.

El desarrollo ascendente que empieza a adquirir el movimiento de lucha responde a una lógica elemental: desde el comienzo de la rebelión el gobierno no ha adoptado ninguna medida que revierta la crisis sanitaria ni la crisis social. Por el contrario, la crisis se ha agudizado y han estallado nuevos escándalos políticos. En el terreno sanitario la situación se ha tornado completamente desesperante, con una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva, y se mantiene la incógnita de adónde han ido a parar los 1.600 millones de dólares que tomó prestados el Estado paraguayo, hace un año atrás, para afrontar la crisis pandémica. El manejo turbio de los recursos del país por parte del gobierno, en combinación con el acopio de las vacunas por parte de las potencias imperialistas, ha colocado a Paraguay como uno de los países más atrasados en el proceso de vacunación. Al momento, solo han llegado a Paraguay 24 mil vacunas, de las cuales solo 4 mil fueron compradas por el gobierno y las otras 20 mil fueron donadas por Chile.

Como para echarle leña a la crisis sanitaria y al descontento social, las patronales del transporte público vienen realizando lo que se conoce como “una regulada”. Es decir, una disminución significativa de la frecuencia de circulación de los colectivos. La medida apunta a presionar al gobierno para que habilite el aumento del precio de los boletos, que las patronales reclaman desde principio de mes. Las “reguladas” multiplican los contagios de Covid, por un mayor amontonamiento de usuarios en los colectivos, y golpean los salarios de los trabajadores, que sufren los descuentos por llegar tarde a sus trabajos. Como si todo esto fuera poco, en la última semana salió a la luz un nuevo escándalo político. El presidente del Congreso Nacional, Oscar “Cachito” Salomón, del mismo signo político que el presidente y el vice, quedó implicado como principal responsable de los llamados “aumentos VIP” del Senado.

En todo este marasmo, los cuatro recambios de gabinete que impulsó el gobierno de Abdo Benítez fracasaron en su objetivo de apaciguar la rebelión. Es por eso que, en nombre de tomar medidas ante la agudización de la crisis sanitaria, el gobierno se ha volcado a reforzar una línea represiva decretando un toque de queda que empezará a regir diariamente desde el jueves 18, desde las 20 p.m. hasta las 5 a.m. de cada día.

En este escenario el gobierno ha logrado conquistar dos apoyos importantes. En primer lugar, el de la fracción “cartista” del Partido Colorado (ANR), liderada por el ex presidente Horacio Cartes, que cerró filas con el gobierno para inviabilizar el juicio político al actual Ejecutivo. En segundo lugar, pero no por eso menos importante, el del imperialismo yanqui. Así lo revela el comunicado emitido por el Departamento de Estado de los EEUU el domingo 14 y la reunión celebrada, el lunes siguiente, entre el encargado de Negocios de los Estados Unidos en Paraguay, Joe Salazar, y Abdo Benítez. Esta reunión, se realizó minutos antes de que la oposición presentara un borrador del libelo acusatorio contra el Presidente para dar inicio a su juicio político.

Este doble apoyo conquistado por Marito, el de los cartistas y el del imperialismo yanqui, es lo que explica las vacilaciones y la tibieza con las que el Partido Liberal y el Frente Guasu desarrollan la campaña por el juicio político. Sea como fuese, es necesario destacar que el juicio político es una maniobra que apunta a institucionalizar el reclamo de la rebelión popular, ya que deja en pie el conjunto del régimen e incluso, de consumarse, colocaría en la presidencia del país a otro integrante del Partido Colorado, a Oscar “Cachito” Salomón, el responsable de los “aumentos VIP” en el Senado.

El reclamo popular de que se vaya Marito, Velázquez y de que se vayan todos, debe ser acompañado por el impulso de la huelga general. Para eso es necesario desenvolver la lucha para que se incorpore el movimiento obrero al proceso, junto a las organizaciones campesinas y estudiantiles. Una asamblea popular o un congreso de trabajadores, campesinos y estudiantes, puede ser el órgano de las masas que centralice la lucha contra el gobierno y el conjunto del régimen y se proyecte como alternativa de poder.

El lunes 15 se realizó una charla en La Matanza sobre la rebelión popular en Paraguay, con Pablo Giachello.