En el marco del debate del presupuesto 2022 en la nación guaraní, los trabajadores de la salud y los docentes han salido a las calles a reclamar sus derechos.

Más de 3 mil profesionales, nucleados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), iniciaron una huelga el 28 de septiembre en demanda de un aumento presupuestario que permita lograr una equiparación en el sector, dado que las jornadas son desiguales. Reclaman una reducción de la carga horaria, o en su defecto el pago de las horas que no les están abonando. La huelga, que se extenderá hasta el día 11, ha incluido movilizaciones diarias a las sedes ministeriales.

El desprecio del gobierno de Mario Abdo Benítez por la salud pública se evidenció en la calamitosa gestión de la pandemia, marcada por la falta de insumos, sueldos atrasados, el colapso hospitalario y un sistema de vacunación vip, que privilegió a funcionarios y empresarios, mientras la población no podía inmunizarse. Todo esto condujo, en uno de los picos de los contagios, a la rebelión de marzo, que el presidente sobrevivió debido al amparo de las distintas fracciones del Partido Colorado.

En simultáneo a la actual lucha de los médicos, los docentes están reclamando un aumento del 16%. Ante la falta de respuestas del gobierno, iniciaron una huelga el 1 de octubre. Ese día, además, 10 mil trabajadores del sector marcharon en Asunción (La Nación Paraguay, 5/10). La medida de fuerza entró en cuarto intermedio este jueves, pero se reanudaría el viernes. Están programadas acciones hasta el día 15.

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, amenazó con vetar el presupuesto si se contemplaran los reclamos de los trabajadores. Pero mientras se retacea el aumento en salud y educación, los fondos para pagarle a bonistas y organismos financieros internacionales suben un 25%, en el caso de las llamadas entidades descentralizadas (como la eléctrica Ande), y 9% en el caso de la administración central (ABC Color, 8/9).

La lucha de médicos y docentes plantea la necesidad de un paro general de las centrales sindicales, que sea el puntapié de un plan de lucha nacional. Si ganan estos sectores, se abren mejores perspectivas para todo el movimiento obrero.

El problema de la tierra

Además de las luchas salariales, los campesinos e indígenas se movilizaron la semana pasada en Asunción, dado que el Congreso aprobó una norma infame que aumenta los montos de las penas por las tomas de tierra, que pueden llegar ahora hasta los 10 años de cárcel. En la nación guaraní hay 300 mil familias campesinas sin tierras y el 2% de la población concentra el 85% de la mismas (La Tinta, 6/10).

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la élite terrateniente se apropió irregularmente de 7 millones de hectáreas. Posteriormente, hasta 2003, se quedó con un millón de hectáreas adicionales (ídem). Estas tierras pertenecían al Estado o a comunidades campesinas u originarias, que fueron desalojadas. Entre los favorecidos estuvieron familiares del presidente actual y del expresidente Horacio Cartes, al igual que algunos de los senadores que impulsaron el proyecto de ley, bendecido por la Asociación Rural de Paraguay (ARP), la Asociación de Productores de Soja y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Fue aprobado con los votos de congresistas colorados y algunos liberales.

A la par de la apropiación latifundista, avanza en forma acelerada la deforestación y se persigue a quienes luchan por su derecho a la tierra. Desde 1989, según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), hubo 126 asesinatos (ídem).

La norma represiva que busca consolidar el dominio inicuo de los terratenientes fue promulgada por Abdo Benítez en apenas 24 horas. Se plantea la lucha por su anulación y por la confiscación de la oligarquía terrateniente para satisfacer los reclamos de tierra de campesinos e indígenas.

Paraguay se encamina a elecciones municipales este domingo, pero de ellas no saldrá ninguna respuesta a los grandes problemas de las masas. Estos demandan la organización independiente de trabajadores, campesinos e indígenas, en un plan de lucha unificado, para derrotar al gobierno reaccionario de Abdo Benítez.

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