A principios de octubre de 2019 el Banco Central de Paraguay anunció que el país ha ingresado en un ciclo de recesión económica. El telón de fondo de la misma es la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que han afectado sustancialmente la débil economía primarizada paraguaya. Como consecuencia de ello, las exportaciones de carne han caído en 2019 un 10,4% respecto a 2018.Las exportaciones de soja han caído en 2019, respecto al año anterior un 19,4% según CAPECO (Cámara paraguaya de exportadores y comercializadores de cereales y oleaginosas). Un dato central, además de la caída de las exportaciones, es la caída de los precios de la soja.

La devaluación del guaraní constituye otro factor fundamental, en la medida en que ha afectado los salarios de los trabajadores en términos reales, ya que el aumento del dólar ha impactado en el incremento de los combustibles, del transporte y de artículos básicos de la canasta familiar. La ministra de trabajo de Paraguay, Carla Bacigalupo, señaló que el salario mínimo vigente de 2.192.839 guaraníes (339 dólares) solo cubre el 49% de la canasta básica familiar.

La deuda externa paraguaya asciende a 8.380 millones de dólares. Durante el mes de febrero de este año el estado paraguayo emitió un bono de deuda por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2020. Ahora, en medio de la recesión, Benigno López, ministro de Hacienda del presidente Mario Abdo Benítez, ha anunciado la emisión de un nuevo bono global del mismo monto, una bomba de tiempo que ya está anticipadamente dando lugar a luchas sindicales por reivindicaciones cuyo epicentro es el salario, y las jubilaciones.

En efecto, durante el año 2019 han tenido lugar luchas por reclamos salariales de funcionarios del poder judicial, en el Registro Civil, de la Subsecretaría de Tributación, del Hospital de Clínicas, de la Federación de Educadores de Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción. El choque entre los reclamos de los trabajadores y las exigencias de pago de los acreedores externos (defendidos por el gobierno paraguayo y no resistidos por la oposición) es inevitable y ya se está poniendo de manifiesto. El aumento reclamado por los docentes universitarios no está previsto en el presupuesto del 2020, dedicado a satisfacer el pago de los vencimientos de deuda e intereses, lo cual haría faltar 24.000 millones de guaraníes para el cumplimiento de ese reclamo.

En rigor, Paraguay es una caldera, crisis, y la crisis que se descarga sobre las espaldas de los trabajadores está acelerando su presión. De acuerdo a la Dirección general de estadísticas, encuestas y censos la desocupación ascendió al 6,9 % y las ventas disminuyeron el 16, 9%. Esto ha dado lugar a la disminución del gasto de áreas del estado; el ministerio de obras públicas ha ejecutado el 11% de su presupuesto, mientras que el de vivienda y hábitat lo ha realizado en un 12%. 

En este contexto, y como producto de él ha habido una embestida contra el gobierno derechista de Abdo Benitez vinculado a la central hidroeléctrica binacional de Itaipú. Abdo Benitez ha sido acusado por sus opositores de haber firmado un acuerdo mediante el cual Paraguay renuncia a utilizar energía excedente que produce Itaipú, y comprar más porcentaje de Energía garantizada que tiene un costo mayor, debiendo pagar la Administración Nacional de Electricidad(ANDE), 300 millones de dólares más al año por el uso de esa energía. Como fruto de esta circunstancia renunció Pedro Ferreira director de la ANDE, copropietaria con Electrobras de Itaipú. La oposición (Frente Guasú y Partido Liberal), promovió un juicio político contra Abdo, que no prosperó frente a la mayoría parlamentaria con la que cuenta éste. El impulso del juicio político fue tomado por estudiantes universitarios y secundarios, muchos de los cuales ocuparon escuelas para respaldar el reclamo. El affaire Itaipú se llevó puestos a gerentes y ministros, y terminó siendo anulado para contener la caída del gobierno.

Los antecedentes más inmediatos de huelgas en Paraguay son los de las huelgas generales de 2014 y 2015 convocada por siete centrales obreras y campesinas por reclamos salariales y contra la ley privatizadora de asociación público privada. En Paraguay, como en toda América Latina se están preparando las condiciones para una nueva irrupción de las masas, que reedite y amplíe las de 2014 y 2015. Esto, en un marco recesivo, de mayor endeudamiento y sometimiento al imperialismo y a los acreedores externos y de una crisis política que aún no ha cerrado (Abdo Benitez cuenta con la desaprobación del 63% de la población).

En este cuadro de contradicciones explosivas, la clase obrera paraguaya y el campesinado tienen el desafío de enfrentar al gobierno hambreador sin mediaciones de los partidos opositores de la burguesía paraguaya. Hace falta, entonces, dar impulso a la convocatoria de un congreso de bases del movimiento obrero y campesino de Paraguay que supere la dispersión del movimiento obrero y vote un plan de lucha por el salario, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por la expropiación sin pago de la tierra a los terratenientes, por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por el no pago de la deuda externa. En el contexto de las grandes convulsiones populares en América Latina, la clase obrera y el campesinado paraguayos van a jugar su papel. La construcción de un partido obrero que dirija esa lucha y la lleve al triunfo imponiendo un gobierno de los trabajadores es vital y excluyente.