Una rebelión popular se ha desatado en Paraguay contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y contra todo el régimen político. Desde el viernes 5 por la tarde se suceden movilizaciones y concentraciones populares en la Plaza de Armas, al frente del Congreso, y en el Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, bajo las consignas “Fuera Marito” y “Que se vayan todos”. Las movilizaciones, que se replican en numerosos puntos del país, se sostienen a pesar de la represión, de las detenciones de manifestantes y de la tentativa del gobierno de desactivarlas, echando lastre con el recambio de cuatro ministros. Hacia el domingo 7, las centrales obreras (CUT Auténtica y CUT) se pronunciaron en repudio a la represión del gobierno, reclamaron la renuncia de la titular del Instituto de Previsión Social y en rechazo a un alza en la tarifa del transporte público. La Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción llamó a plegarse a las movilizaciones, reclamando que se detenga la suba de aranceles y se garantice el acceso a la educación pública.

Detonante y trasfondo

El detonante de la rebelión fue el ingreso del sistema sanitario de Paraguay a un cuadro de completo colapso: sin capacidad para albergar pacientes en unidades de terapia intensiva y sin medicamentos básicos. Este colapso tiene lugar a un año de que el Parlamento paraguayo aprobara la Ley de Emergencia que implicó un plan de ajuste contra el pueblo y que habilitó al gobierno a endeudarse por 1.600 millones de dólares, con el supuesto objetivo de preparar al sistema de salud para enfrentar la pandemia. Poco tiempo después, las centrales sindicales se movilizaban denunciando la corrupción del gobierno en la compra de insumos sanitarios. Esto, sumado a importantes escándalos previos, transformó el rechazo a la corruptela en otra bandera fundamental de la actual rebelión popular. El FMI, un día antes del estallido de la rebelión, intentó alertar al gobierno paraguayo sobre este fenómeno. Y a través de un comunicado, luego de cínicamente felicitarlo “por la respuesta dada ante el Covid”, lo convocaba a “reforzar la gobernanza y la transparencia”.

Junto a estos elementos hay que anotar la gigantesca crisis social que impacta sobre los trabajadores y el pueblo paraguayo. La Ley de Emergencia redundó en despidos y reducciones nominales de salarios. La cuarentena impactó más negativamente aún en el sector de trabajadores que se encuentran en la informalidad, que asciende al 71% de la población económicamente activa. De ese sector, solo el 17% cuenta con cobertura social. En Paraguay, que cuenta con siete millones de habitantes, hay dos millones de pobres.

Maniobras burguesas y planteo revolucionario

Por su parte, la oposición del Partido Liberal y del centroizquierdista Frente Guasu se subieron al caballo del clamor popular y se pronunciaron en favor de la renuncia del Presidente y del vice. Impulsan la realización de un juicio político, en un claro intento de encauzar el reclamo popular por vías institucionales. El senador del Frente Guasu señaló que, de renunciar el Presidente y el vice, es partidario de que asuma el presidente del Parlamento, también del Partido Colorado, y que se convoque a elecciones anticipadas. Sea como fuese, para que se pueda viabilizar el juicio político son determinantes los votos de los legisladores de Honor Colorado, una fracción del oficialista Partido Colorado, liderada por el ex presidente Horacio Cartes.

En oposición al planteo de un mero recambio institucional, es necesario continuar la lucha por el “Fuera Marito”, “que se vayan todos” y por una asamblea constituyente libre y soberana, para encarar todas las transformaciones sociales y políticas necesarias para afrontar la crisis y sacar definitivamente a Paraguay de la miseria y el atraso. A través de asambleas populares, congreso de trabajadores y otros, es necesario avanzar por el camino de la huelga general hasta imponer la caída del régimen y un programa de emergencia nacional frente al desastre sanitario.

La rebelión popular paraguaya representa un nuevo llamado de atención para el conjunto de la izquierda del continente. El planteo del Partido Obrero, de concertar una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU., se vuelve a revelar como un acierto. En momentos donde se desarrollan y arrecian nuevas rebeliones populares, y donde las fuerzas “nacionales y populares” se postulan para funcionar como la variante de recambio de la burguesía, la izquierda revolucionaria tiene la responsabilidad de colaborar activamente con la superación de la crisis de dirección de los explotados.

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