Con una importante adhesión en la industria y en los servicios, el lunes 29 tuvo lugar un paro nacional en Bélgica. La medida fue convocada por la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB) y la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC), las dos principales centrales sindicales del país. La medida de fuerza paralizó la mayor parte de la industria, con impacto, entre otros, en la metalurgia (ArcelorMittal), las automotrices (Volvo, Audi) y las alimenticias (Coca Cola), también se hizo sentir en supermercados y el transporte. En esta última rama la parálisis no fue total ya que no se realizaron piquetes (para prevenir las concentraciones en el contexto de la crisis sanitaria), por lo que algunos trabajadores que no se adhirieron más el personal jerárquico, lograron hacer funcionar parte del transporte público.

El disparador de la medida fue la disposición gubernamental de poner un techo del 0,4% de aumento salarial para todo el país en el transcurso de los próximos dos años. Esta prerrogativa del gobierno de fijar techos a las negociaciones salariales existe desde que fuera dictada la ley de normas salariales en 2017, la que le otorga al consejo central de economía la autoridad de poner un límite a los salarios.

Los sindicatos reclaman la derogación de la ley en cuestión y un aumento salarial en regla ante el porcentaje de burla que ofrecen los empresarios y el gobierno, el cual debería partir de un aumento del salario mínimo que lo lleve a 14 euros por hora. Las cámaras empresarias han fustigado la medida de fuerza al considerarla “una puñalada por la espalda” en el contexto de la pandemia. Sin embargo, no se han privado, de acuerdo a lo informado por los gremios, de entregar jugosos dividendos a los accionistas en el mismo período. Un informe elaborado por el Partido de Trabajadores de Bélgica da cuenta de que entre 2014 y 2019 la participación de los salarios en el PBI cayó del 51 al 49 por ciento por lo que cada trabajador ha visto reducidos sus ingresos en 1400 euros por año. La crisis mundial, que en Bélgica ha provocado una caída del PBI del 6,4%, busca ser transferida a los trabajadores no solo con el retroceso salarial sino también con el crecimiento del desempleo que ha pasado del 5 al 6 por ciento.

El gobierno, que tiene al liberal Alexander de Croo a la cabeza como primer ministro, viene rechazando la derogación del techo del 0,4% y pretende reemplazarlo con bonos por única vez o acuerdos sectoriales, con lo que buscarían dividir a los trabajadores. Por el momento, las centrales rechazan esa pretensión, pero no han avanzado en la concreción de nuevas medidas. Sectores de activistas señalan que los aumentos por única vez a través de bonos desfinancian a la seguridad social.

Uno de los límites fundamentales del desenvolvimiento de un plan de lucha a fondo por parte del movimiento obrero es la falta de independencia política de las centrales sindicales, históricamente ligadas a la Democracia Cristiana o al Partido Socialista. Ambos partidos integran la coalición oficialista puesta en pie para poder formar gobierno en 2020, ante el ascenso de grupos nacionalistas flamencos.

La profundización de un curso de lucha desde las bases de los sindicatos aparece como la vía para derrotar esta ofensiva anti salarial de las patronales y el gobierno. El paro desenvuelto el lunes, junto con otros conflictos contra despidos (industria farmacéutica) o por condiciones laborales (aeropuertos) que recorren al país, dan cuenta de las potencialidades de lucha que anidan en la clase obrera belga.