Un masivo paro general —el tercero contra el gobierno de Wasmosy—, convocado conjuntamente por las cuatro centrales sindicales paraguayas, incluida la CPT, controlada por el oficialista Partido Colorado, acaba de paralizar al Paraguay. Los dos reclamos fundamentales de los huelguistas fueron un aumento general de salarios y la convocatoria a un plebiscito sobre la privatización de las empresas públicas. Los organizadores convocaron a una nueva huelga, esta vez de 48 horas, para principios de mayo.

La huelga se produjo apenas 15 días después de que tuvo lugar la mayor concentración campesina de la historia paraguaya: 50.000 campesinos convergieron sobre Asunción en reclamo de la expropiación de los grandes latifundios, la legalización de las ocupaciones de tierras, el abandono del Mercosur y el subsidio a la producción agrícola. Los manifestantes denunciaron la “pobreza generalizada” en que viven, como consecuencia de la agudísima concentración de la propiedad de la tierra: mientras el 85% de las tierras están en manos de un muy pequeño grupo de grandes latifundistas, 250.000 familias carecen de un pedazo de tierra para alimentarse. En algunas regiones, como el nordeste, cuatro de cada diez familias campesinas carecen de tierra para cultivar. Los integrantes del movimiento de campesinos ‘sin tierra’ anunciaron su decisión de continuar con las ocupaciones de tierras “hasta imponer la reforma agraria”.

La convulsión social en el campo y en las ciudades paraguayas empalma con una crisis política mayor en la cumbre del partido colorado. La fracción del partido colorado encabezada por el ‘stronissta’ José María Argaña llamó públicamente a la “rebelión” contra el gobierno después de que la justicia anuló las elecciones internas del partido. Wasmosy también enfrenta la abierta oposición del general Lino Oviedo, jefe del ejército y autoproclamado candidato colorado a la presidencia. La fractura en el oficialismo ha dejado al gobierno huérfano, al punto que “en la actualidad casi se sustenta más en la oposición que en sus correligionarios para intentar algunas políticas de salvamento”, según la gráfica expresión del latifundista Guillermo Caballero Vargas, ex candidato presidencial centroizquierdista (La Nación, 29/3). La fractura oficialista obedece a las disputas en torno a los ‘negocios’ de la privatización de las empresas públicas, monopolizados por la camarilla de Wasmosy.