Una investigación de la organización Forbidden Stories y Amnistía Internacional, difundida por importantes medios del mundo (Washington Post, The Guardian y Le Monde, entre otros), reveló que varios jefes de Estado, funcionarios, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios fueron espiados mediante el software Pegasus, de la compañía israelí NSO. En total, se trata de 50 mil números telefónicos invadidos desde 2016, en mil de cuyos casos se pudo identificar al vigilado.

Pegasus, una tecnología vendida a gobiernos y fuerzas de seguridad con el pretexto del combate al terrorismo, accede a los datos de los móviles e incluso puede prender la cámara y el micrófono de los dispositivos.

Entre los gobiernos acusados de espiar a periodistas, opositores u otros jefes de Estado están los de Arabia Saudita, Marruecos, Hungría y Ruanda. Entre los vigilados figuran familiares del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador; el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa; y el rey marroquí Mohammed VI, quien podría haber sido víctima de sus propios servicios secretos.

La firma NSO tiene contratos con 40 países que fueron aprobados por el ministerio de defensa. Israel es una potencia en tecnología informática y su actual primer ministro, Naftali Bennett, supo ser un hombre del sector; en 2005 vendió su compañía Cyota a la empresa de seguridad estadounidense RSA en 150 millones de dólares. Estas tecnologías son claves en el actual cuadro de guerra comercial y disputas por la supremacía global.

El gobierno israelí no solo aprobó los contratos sino que promovió a Pegasus. Una investigación del diario Haaretz mostró que los acuerdos suscriptos por NSO se corresponden con las giras emprendidas por el exprimer ministro Benjamin Netanyahu: Marruecos, Emiratos Arabes, Bahréin y Arabia Saudita, los países que normalizaron relaciones con el Estado sionista o están en camino a ello, se transformaron en clientes de la firma (El País, 22/7).

El portavoz de la empresa corroboró esta denuncia al afirmar que “NSO vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados gobiernos” (Página 12, 20/7), es decir, aquellos que tienen buenos vínculos con el Estado sionista.

El escándalo abierto por las revelaciones de espionaje ha llevado a los líderes del mundo a reclamar un mayor control de estas tecnologías. La canciller alemana Angela Merkel dijo que se debe evitar que “terminen en malas manos” y que “no deberían venderse a países donde quizá no esté garantizado que la justicia vigile las operaciones (de escuchas) (Télam, 22/7)”. El problema, para la canciller, serían los gobiernos “autoritarios” o “dictatoriales”.

¿Pero cómo son las cosas en el “mundo democrático”? Hace apenas semanas, un trabajo periodístico deschavó la operación Dunnhamer, por la que la inteligencia de Dinamarca espió entre 2012 y 2014 a dirigentes políticos europeos (incluyendo a la propia Merkel), por encargo norteamericano. Es decir que, además de la guerra cibernética con Rusia y China, EE.UU. vigila a sus propios socios.

En 2013, Edward Snowden sacó a la luz el espionaje contra la población y otros países por parte la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) norteamericana.

A partir de los atentados de 2001 contra las torres gemelas, los Estados capitalistas emprendieron, con el argumento de la lucha antiterrorista, una mayor vigilancia de la población y un cercenamiento de las libertades democráticas en sus propios países. Esto se hace tanto en forma legal como ilegal.

No estamos ante el problema de una serie de “Estados parias”, sino de una práctica cotidiana de los regímenes capitalistas para confrontar a naciones rivales y para mantener a raya a sus propias poblaciones.

Una lucha contra el espionaje de la población y en defensa de las libertades democráticas implica también una lucha contra la guerra imperialista y el Estado capitalista.

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