La sentencia dictada por un juez chileno contra seis oficiales del Ejército de ese país por el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats (30 de setiembre de 1974) “sacó a la luz un capítulo no contado de las relaciones entre el ex dictador (Augusto Pinochet) y (Juan Domingo) Perón” (Clarín, 2/7).

Según el juez Alejandro Solís, “una de las razones que habría tenido Pinochet para ordenar el asesinato de Prats fue la indignación que le provocó la estrecha relación que éste desarrolló con Perón luego de llegar a Buenos Aires” (ídem anterior).

Como se recordará, Prats había sido jefe del Ejército de Chile hasta 16 días antes del golpe del 11 de setiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende. Militar antigolpista, su destitución por Pinochet fue la autocondena del gobierno que la Unidad Popular se dictó a sí misma. Prats, al igual que Allende, consideraba a Pinochet un “general democrático”.

En sus Memorias, citadas en esa nota de la corresponsal de Clarín en Chile, Prats recordaría dos encuentros que tuvo con Perón. El artículo periodístico indica, sin mencionar fuentes, que Pinochet habría montado en cólera después de reunirse con Perón en el aeropuerto militar de Morón porque, según esa versión, el cónclave habría fracasado “porque me lo echó a perder Prats”.

No es cierto. Aquella reunión de Perón con Pinochet no fracasó en modo alguno, y ya se vería hasta qué punto resultó exitosa.

Génesis del Plan Cóndor

La entrevista Perón-Pinochet en la base aérea de Morón estuvo precedida por toda una serie de contactos tenebrosos. Por ejemplo: “En la primera semana de abril (de 1974) tuvo lugar una entrevista en la residencia presidencial de Olivos entre el señor Álvaro Puga, representante personal del presidente Pinochet, y el teniente general Perón, habiendo durado aproximadamente dos horas y media” (El Economista, 26/4/74).

La visita del delegado de la Junta chilena fue correspondida casi de inmediato por el viaje a Santiago del jefe de Inteligencia del Ejército argentino, general Carlos Dalla Tea, futuro represor durante la dictadura videliana. “Antes de partir, (Dalla Tea) mantuvo una prolongada conversación con Perón, oportunidad en la que el Presidente le encomendó establecer los más estrechos contactos con la cúpula militar que gobierna Chile” (revista Mercado, 30/4/74). Y más aún: “Se informó que la estada del general Dalla Tea tiene la finalidad de investigar los antecedentes de ciudadanos chilenos que han viajado a la Argentina con posterioridad al pronunciamiento militar del 11 de setiembre pasado” (Crónica, 3/5/74).

No era poca cosa. Después del golpe de Pinochet, más de 70 mil chilenos se habían refugiado en nuestro país. Se preparaba, por tanto, una vasta operación represiva internacional, coordinada entre los miembros del futuro Plan Cóndor, que ya empezaba a funcionar en vida de Perón.

La tragedia adquiría mayor magnitud porque en la Argentina, la derecha había golpeado aún antes que en Chile, con el derrocamiento de Héctor Cámpora en julio de 1973. Montoneros, aun a regañadientes, pondría sus esfuerzos para acompañar a la fórmula surgida de ese golpe: Perón-Perón, después del rápido fracaso de su propuesta en favor de un binomio Perón-Cámpora primero, y Perón-Balbín después.

Los frutos iniciales de esa colaboración entre el gobierno argentino y la dictadura chilena se conocieron en la primera semana de mayo de 1974. Tres refugiados chilenos (Joaquín Garrido López, Sergio Díaz Parada y Alcíades Oyarzún Braña) fueron secuestrados en Buenos Aires, donde vivían, por un grupo que mostró credenciales policiales. No volvió a saberse de ellos.

Por esos días, además, se supo que la Junta chilena había instalado aquí una delegación de sus servicios de inteligencia, con el objetivo de coordinar con la policía argentina el seguimiento y control de la colonia de exiliados (véase La Nación, 4/5/74).

Coordinación represiva

En aquellos días de 1974, en vida de Perón, el golpista Hugo Banzer denunció en La Paz una conspiración en su contra. Apenas 48 horas después, la policía detuvo en Buenos Aires, donde se encontraban exiliados, al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Lechín Oquendo, y a los dirigentes socialistas Marcelo Quiroga Santa Cruz y Jorge Gallardo.
Tampoco esas detenciones fueron improvisadas: “En enero pasado, el ministro del Interior de La Paz, coronel Walter Castro Avendaño, admitió que existía una coordinación informativa entre los organismos de seguridad de su país y de la Argentina” (Noticias, 4/5/74).

Desde la clandestinidad, la COB emitió un comunicado en cual decía que esas detenciones de dirigentes bolivianos constituían “un acto inamistoso del gobierno argentino hacia la clase obrera boliviana”. Se referían, claro está, al gobierno de Perón.

Eso no era todo. Expatriados uruguayos denunciaron que, por cuenta de los militares de su país, el inspector de policía Campos Hermida, miembro de los servicios de inteligencia de Bordaberry, había instalado un centro de operaciones porteño en la calle Moreno, frente al Departamento de Policía. Aquellos exiliados, razonablemente, manifestaron su temor de que se produjeran arrestos y/o secuestros de refugiados uruguayos en la Argentina debido a esa coordinación represiva entre los gobiernos de ambos países.

Ya en diciembre de 1973, un grupo de tareas armado hasta los dientes, que también mostró credenciales de la policía argentina, había secuestrado en Buenos Aires al ex militar antigolpista brasileño Joaquim Pires Cerveira. Cerveira estaba recién llegado de Chile, donde se había refugiado, obligado ahora a huir de la persecución pinochetista. Otro militante brasileño, Joao Batista Rita Pereda, fue secuestrado en una operación similar. Tampoco de ellos volvió a saberse, a pesar de gestiones que sus familiares intentaron hacer, infructuosamente, ante el propio Perón.

Días después, el comisionado en Brasil de Naciones Unidas recibió un informe detallado de un testigo que había visto, al día siguiente del secuestro en Buenos Aires, cómo los prisioneros eran introducidos en dependencias de la policía política de su país, en Río de Janeiro. La ONU llegó a probar en qué vuelo clandestino esas personas habían sido sacadas de la Argentina.

Por supuesto, nada de eso podía hacerse sin la complicidad directa del gobierno peronista.

El Plan Cóndor, aunque aún no se llamaba así, calentaba motores aceleradamente y el general Perón era pieza clave en ese armado tenebroso, aunque ahora un juez chileno intente hacer creer lo contrario.