Perú, ante una situación convulsiva

Entre la destitución presidencial, el adelanto de elecciones, la liberación de Fujimori y la irrupción obrera y popular

Agrupación Vilcapaza

Movilización de transportistas en Huancayo

El gobierno de Pedro Castillo dictó este martes el estado de emergencia en las regiones de Lima y Callao, en medio de grandes protestas y piquetes de agricultores y transportistas en varios puntos del país, ante el encarecimiento de los alimentos y los combustibles. Las manifestaciones incluyen algunas zonas donde Perú Libre ganó ampliamente las elecciones, como Junín. Las fuerzas de seguridad reprimieron y en ese marco se produjeron cuatro muertes. Castillo acusó públicamente a los manifestantes de estar pagados, una calumnia que generó gran rechazo. Todo esto ocurre en un país que ya se encontraba convulsionado por las maniobras golpistas de la derecha y un nuevo intento de liberación del expresidente Alberto Fujimori. El siguiente artículo de César Zelada, publicado el día lunes, anticipa el recrudecimiento de la crisis.

El gobierno de Pedro Castillo es uno de los pocos (si no el único) de la historia republicana del Perú que desde antes de ser proclamado presidente ha sufrido intentonas golpistas por parte de sectores neofascistas de la derecha política y empresarial (que rompió con la Confiep y formó la Unión Nacional de Gremios). Ya proclamado presidente, desde el Congreso se han formado comisiones o aprobado leyes para “enchalecarlo” y/o apuntalar su destitución (vacancia) presidencial. Por ahora, estas iniciativas han terminado derrotadas. Sin embargo, el empresariado con políticas extorsionadoras (ha habido 5 cambios de gabinete en 8 meses) ha ido convirtiendo al presidente Castillo en un pelele.

Destitución constitucional, adelanto de elecciones y encuestas

Existe un consenso entre los intelectuales más lúcidos de derecha y de un sector de la centroizquierda, en que la vacancia de Castillo por parte de la derechista e impopular oposición congresal, podría ser peor que la enfermedad: podría producir un estallido social.

Intelectuales de derecha, como Jorge Morelli, plantean que “lo mejor es presionar para que el propio presidente renuncie a la investidura presidencial y se convoquen a nuevas elecciones”. Según encuestas, Castillo es desaprobado por el 66% de los peruanos, mientras que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alva, lo es por el 61%; y un contundente 74% piensa que las elecciones tienen que ser generales. El londinense Financial Times también planteó hace varias semanas atrás el “adelanto de elecciones” (14/2). Hay que tener en cuenta que las inversiones británicas en el país son importantes no solo en minería sino en infraestructura.

La clase capitalista: Bussiness as usual

El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo se da en un contexto donde Perú, pese a todo, ha logrado tener la economía que más crece en Sudamérica: 13,2% en el 2021y tiene el puesto número uno de la prestigiosa corredora de bolsa Bloomberg en lo que respecta a estabilidad económica.

Es decir que la clase capitalista, aun con sus reparos (sobre la ley de no tercerización que todavía está por implementar en medio año, etc.), sigue haciendo negocios espectaculares. El magnate Carlos Rodríguez Pastor (dueño del grupo Intercorp y del 95% de las farmacéuticas) pasó de un patrimonio de $4,000 millones a más de $5,000 millones durante la pandemia. Lo mismo podríamos señalar de la familia Cilloniz dedicada a la agroindustria, donde después de la huelga obrera de diciembre del 2021, la clase obrera se siente más extorsionada y vulnerable (con amenazas de armas de fuego, etc.).

La alegría de la élite capitalista también se debe a un endeudamiento espectacular de más de $5,000 millones con el FMI, de la cual esta es beneficiaria (y está condicionada a planes de ajuste contra el pueblo trabajador).

Del Gabinete Vásquez al Gabinete Torres

Esta ofensiva golpista y macartista (que en estas líneas hemos denunciado desde la segunda vuelta electoral) le ha permitido a la derecha recuperar, relativamente, la iniciativa doblegando al presidente Castillo. Se debe no ya solo a una política de colaboración de clases, sino a una política de búsqueda de acuerdos con la derecha, que viene implementando el gobierno de centroizquierda desde sus inicios. No hay cambios sustanciales en la política económica neoliberal que implementó, primero, el renunciado Pedro Francke, afirmando los planes del FMI, y que profundiza ahora el nuevo ministro Oscar Graham, un cuadro orgánico de la tecnocracia burguesa.

La última crisis política fue matizada con denuncias de corrupción (“gabinete en las sombras” mediante). La formación de la centroizquierdista Verónika Mendoza (Juntos por Perú) fue relativamente desplazada de ministerios en el gabinete. A partir de ahí “denunció la corrupción” y pasó a reclamar por un nuevo gabinete de “ancha base”.

Con el nuevo gabinete Torres, en los Ministerios de Defensa y del Interior tenemos a un ex contraalmirante y a un ex comandante de la policía (cuestionado por el juez que encarceló al expresidente Alberto Fujimori, Avelino Guillén), respectivamente, mientras que en Producción continúa Jorge Prado, un operador de la derechista Acción Popular y del Grupo Romero. En Cultura hay un filo macartista como Alejandro Salas de las filas de Somos Perú. En la cartera de Mujer hay una dirigente “feminista” como Diana Miloslavich (que no se sonrojaba al marchar con el expresidente derechista PPK -Pedro Pablo Kuczynski- en el día de la Mujer), con el fin de darle un barniz de “progresista” al mismo. El nuevo gabinete que tiene a Aníbal Torres como nuevo premier es un creciente avance a la subordinación a la élite capitalista tratando de desarrollar un semibonapartismo, aprobando leyes de Estado de Emergencia y reforzando la presencia militar y policial en el mismo gabinete.

Lo concreto es que el presidente Castillo dio marcha atrás en la renegociación de contratos con la imperialista Camisea, capituló frente al ecocidio del derrame petrolero de Repsol, encarpetó la tímida reforma tributaria minera (frente a la cual las transnacionales amenazaron con lockouts), etc. y ahora se enfrenta a su primera protesta popular.

¿Comienza una irrupción obrero-popular?

Perú consume ¼ de millón de barriles de petróleo y produce solo 40,000 barriles. Y hubo un incremento del 60% en combustibles. Esta cuestión ha generado que los precios de la zanahoria aumenten un 54%, o que el kilo de pollo aumente de 9.90 a 11.92 soles.

El costo de vida subió en marzo un 1,5% llevando el aumento interanual al 7,5%, el mayor en más de una década. La inflación está cargando contra el bolsillo del trabajador. Con el propósito de “calmar los ánimos encendidos”, el gobierno acaba de aprobar un aumento salarial de 95 soles, llegando el mismo a 1,025 soles, muy insuficiente para llegar a la canasta básica familiar que es de 2,500 soles. Además, con el fin de “desinflar” la huelga indefinida de los transportistas, ha emitido un decreto que exonera el Impuesto Selectivo al Consumo a la gasolina de 84 y 90 octanos, y el petróleo.

Días antes, trabajadores agrarios, transportistas, comerciantes, etc., en Huancayo, se declararon en huelga semiparalizando la ciudad, desarrollando una explosión popular con arengas como “Castillo, escucha, ¡el pueblo te repudia!”, “¡Por culpa del gobierno, el pueblo tiene hambre!”, “¡El pueblo exige renuncia de Castillo!” (La República, 1/4). En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Castillo obtuvo allí el 58% de los votos y no es seguro que los acuerdos tomados hoy con un sector de dirigentes vayan a ser respetados por los demás dirigentes. El propio Vladimir Cerrón, dirigente de Perú Libre (PL), cuya casa fue apedreada y co-gobierna con Castillo, está demandando una rápida atención al conflicto y ha denunciado al Ministro de Economía como neoliberal.

“Se están anunciando algunos paros y bloqueos de carreteras malintencionados, han sido pagados algunos dirigentes y cabecillas. Es necesario decir que pondremos orden en las próximas horas”, dijo Castillo (31/3).

La burguesía toma nota de esta creciente agitación popular. ¿Será por eso que el Tribunal Constitucional ha suspendido la libertad del dictador Fujimori? El anuncio de su libertad creó una ola de indignación, marchas y pronunciamientos en contra.

La acción de resistencia y reclamos de las masas irá en aumento con el crecimiento de la inflación. Hay 114 conflictos sociales y algunos son críticos como los paros contra la transnacional minera Southern Perú en Moquegua o la Petrotal en la selva, Loreto, así como estallidos sociales inminentes en el corredor minero de Las Bambas.

Más que nunca se plantea la necesidad de dotar de una dirección y organización a estas luchas que se irán extendiendo. Es necesario preparar un Congreso Nacional de Trabajadores para votar una plataforma nacional de lucha que haga un centro importante en los reclamos de los trabajadores y organice un plan de lucha y movilización coordinado.

La dirección de la central obrera, CGTP, ha anunciado que se aparta del gobierno porque considera que en los 8 meses de mandato no ha cumplido ninguna de las reivindicaciones prometidas. Pero lo sigue apoyando y exhortando a que se anime a dar pasos hacia las masas. La dirección estalinista de esta central llama a formar un frente antifascista, pero no enfrenta al gobierno que es el que dirige el Estado y actúa contra los trabajadores y a favor de los monopolios.

Su “alejamiento” de Castillo, pareciera una cuestión de apetitos electorales. Porque ha anunciado que se “movilizará para conquistar gobiernos democráticos y honestos en las elecciones de octubre del 2022 cerrando el paso a la corrupción, la mercantilización y el centralismo”.

Para quienes se reclaman de la izquierda revolucionaria la cuestión no pasa en lo inmediato por el reclamo de elecciones generales anticipadas sino por poner en primer lugar en pie a los trabajadores como un factor político independiente del gobierno y de los partidos patronales.