Las conclusiones del plenario del 28 de diciembre de los Frentes de Defensa de la Macro Región Sur (Apurímac, Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, etc.), realizado en Arequipa, son contundentes y combativas: reinicio del paro indefinido desde el 4 de enero, renuncia de la presidenta golpista Boluarte (y su encarcelamiento por la represión asesina), exigir el adelanto de elecciones para el 2023 ya, libertad para Pedro Castillo (y su restitución presidencial), cierre del Congreso golpista y asamblea constituyente (con la participación de las organizaciones sociales).

Para lograr estos objetivos plantean que el método de lucha será el de las movilizaciones, huelgas de hambre y todo aquel acordado en las asambleas de base, en el marco de la huelga indefinida declarada desde el 4 de enero y con la preparación de una marcha sobre Lima (la llamada “Marcha de los 4 Suyos”).

Los Frentes de Defensa (Fedip) tienen sus antecedentes en la lucha de clases de los ’70 contra las políticas centralistas de Lima y las dictaduras. En su desarrollo, los Fedip desenvolvieron la Asamblea Nacional Popular, fundada en Villa El Salvador, una de las ciudades populares autogestionarias.

Los Frentes de Defensa tienen un carácter policlasista. Están compuestos por organizaciones sociales de cada región: campesinas, obreras, cuentapropistas, hasta, en algunos casos, las cámaras patronales como la de turismo y comercio. En el caso de Arequipa, donde se realizó la reunión, estuvieron presentes dirigentes de la clase obrera de la construcción, estatales, etc. nucleados en la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), sucursal de la CGTP, así como de gremios de pobladores como el Frente de Defensa, Integración y Desarrollo del Cono Norte (Fredicon), entre otros. No obstante, también hubo ausencias de gremios destacados como Fredipap. El resto de dirigentes de diversas regiones proviene de gremios populares (algunos urbanos y campesinos, al parecer, mandatados por las asambleas respectivas.

En menos de un mes, la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, amparada por los mass media (que escandalosamente no cubrieron el plenario de estos movimientos sociales), tiene en su haber 33 jóvenes estudiantes y trabajadores asesinados por las balas militares y policiales. Hay denuncias de decenas de heridos, detenidos y desaparecidos.

En este marco se ha generado un nuevo avance que desnuda la naturaleza golpista derechista de la destitución de Pedro Castillo: se ha puesto a resolución del Congreso un planteo de sucesión “institucional” que designa presidente de la República al presidente de la Unicameral en caso que la presidenta golpista Boularte viaje al exterior. Se habilitaría así el ascenso presidencial del general (retirado), excomandante del Ejército y reconocido represor de la dictadura fujimorista, José Williams Zapata (que según versiones, este habría luego negado).

Boluarte habría jugado el triste papel de un Judas antiobrero para facilitar el copamiento gubernamental de la derecha fascistoide.

Como habíamos señalado en una nota anterior, la crisis política no ha menguado con la represión popular y las fiestas de fin de año. El Imperio del Norte tuvo que arbitrar ordenando al golpismo congresal que “se olvide de derrocar a Boluarte porque esto generaría un envalentonamiento de las masas en lucha”, para que luego la propia Dina planteara la posibilidad de, en las hipotéticas futuras elecciones que se convocarían, poner una segunda urna donde se le consulte a la población sobre si quiere ir a un referéndum para una asamblea constituyente. Algo a lo que la derecha se opone, pero que podría jugar un papel desmovilizador, haciendo que las masas en lucha se retiren de las calles y permitan al gobierno Boluarte dirigir el país un año y medio más.

Esto último sería un recurso para frenar la belicosidad de las masas ante el golpismo y resignarse a “esperar” el “proceso electoral”, que con anunciadas “reformas políticas” y ya declarada intervención de los organismos electorales pretende consolidar una salida proscriptiva, reaccionaria y continuista.

La crisis y guerra mundiales aceleraron las tendencias golpistas contra Castillo. Para alinear en forma totalmente incondicional a Perú con EE.UU. en medio de su guerra comercial con China y una perspectiva de guerra mundial que tiene a Rusia como objetivo político-militar-económico inmediato. Guerra para la cual, EE.UU. necesita asegurar su “patio trasero” y la captación de los valiosos recursos minerales y gasíferos (EE.UU. tiene el 25% de acciones de Camisea a través de la empresa HuntOil, etc.). Quedan multimillonarias superganancias a las mineras mientras que las provincias se quedan con miserias.

A este saqueo nacional hay que sumarle la fenomenal superexplotación de la clase trabajadora con salarios de hambre de 1.025 soles (cuando la canasta básica familiar es de 2500).

En pueblos como el de Sicuani la rebelión declara: “Ahora sí, guerra civil”. Varios frentes de defensa y sociales se alistan para una segunda ronda de revueltas populares en todo el país a partir del paro general convocado -a partir del 4 de enero del 2023- por el Comité de Huelga constituido en Arequipa. Este ha convocado a que se constituyan similares asambleas y comités en todas las localidades y envíen desde todas las regiones del país sus delegados con mandato para coordinar y profundizar la movilización popular. Un Segundo Plenario ampliado se realizará próximamente en la ciudad de Apurímac.

Esta es la tarea central para la vanguardia obrera y de izquierda, en todo el Perú, especialmente en la capital, Lima: organizar el paro indefinido desde el 4 de enero, constituir asambleas por barrio y fábrica y votar resoluciones y medidas de lucha. Y donde aún no se pueda, formar comités de resistencia al golpe para impulsar esta perspectiva. La huelga organiza a la huelga. La intervención consciente de una vanguardia fortalece esta tendencia de lucha de las masas y prepara para enfrentar las maniobras y bloqueos que intentará la burguesía, el gobierno golpista y los partidos tributarios.

Es fundamental en la lucha por darle un cauce nacional organizado a la movilización campesina, indígena y obrera en curso, constituir un ala contra la política de pseudo “diálogo” que anuncia la presidenta Boluarte, con sus promesas de elecciones adelantadas y reforma constituyente para el futuro. La política de “colaboración de clases” paraliza al pueblo trabajador en lucha y alienta el continuismo del golpe derechista y la represión contra el pueblo. Reclamar en asambleas a la Confederación General de trabajadores (GTP) y a los sindicatos, particularmente en Lima, que se plieguen a la lucha en forma decidida.

La lucha por la derogación del Estado de Emergencia y la plena libertad de todos los presos por luchar contra el golpe. El retiro de las fuerzas represivas de las calles y la cárcel para los asesinos represores. La defensa irrestricta de las libertades democráticas (de manifestación, de reunión, etc.). No postergar los reclamos de los trabajadores: organizar la lucha por el aumento salarial frente a la inflación, por la resolución inmediata de los problemas de los sin techo, etc.

Abajo el golpe. Huelga general. Asamblea constituyente soberana ya!

¡Solo el pueblo trabajador, salvará al pueblo trabajador, oprimido y explotado del Perú!

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-el-imperialismo-y-las-elecciones

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-abajo-el-golpe-de-estado-de-boluarte-el-congreso-y-las-fuerzas-armadas