Internacionales
22/9/2026
Perú: el asesinato de una candidata y los lazos entre el Estado y el crimen organizado
El trasfondo de la muerte de Susy Agote Polo, postulante a la gobernación de Ancash.
Seguir
El asesinato de una candidata a gobernadora de la región de Ancash, Susy Aponte Polo, vuelve a poner de manifiesto el dramático incremento del crimen organizado y sus lazos con el Estado peruano.
Aponte Polo, conocida como la "China Polo", era la candidata principal de Socios por Ancash para los comicios regionales y municipales que se celebrarán en todo el país el 4 de octubre. La postulante formuló en su campaña electoral denuncias explosivas contra distintos gobiernos municipales, bandas criminales y fuerzas de seguridad del Estado. El sábado 19 fue asesinada mientras recorría un mercado en la localidad de Caraz. Por el hecho se encuentran arrestados dos ciudadanos venezolanos, uno de los cuales es el autor material, mientras que el otro habría cumplido funciones logísticas.
En cuanto a los autores intelectuales, hay varias líneas de investigación posibles, que apuntan a candidatos rivales denunciados por Aponte Polo, a bandas criminales y a exfuncionarios de seguridad, a los que acusó de participar de secuestros y extorsiones. Una de las cosas que Aponte Polo denunció desde su programa en redes sociales es una reunión secreta en el Ministerio del Interior entre funcionarios y miembros de una importante banda criminal.
En 2022, se registró en Perú un alza notable de las extorsiones por parte de los grupos criminales. La tasa de homicidios, a su vez, viene creciendo en forma sostenida desde la pandemia. A partir del gobierno de Dina Boluarte, el Estado aplicó estados de emergencia en distintos territorios, que otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad. Ninguna de estas medidas revirtió el desarrollo del crimen organizado. Lima y Callao ya estuvieron 23 veces en esta condición de emergencia desde febrero de 2022.
La nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, que asumió a fines de julio, exige al parlamento facultades extraordinarias por 120 días para imponer, a través de sendos decretos, una militarización de la seguridad interna, la designación como "terroristas" de determinadas bandas delictivas, y también ciertas medidas económicas y ambientales. Es decir, pretende seguir el camino dictatorial de su padre, Alberto Fujimori, que gobernó Perú en los 90.
La militarización de la seguridad interna ya está en marcha, con las fuerzas armadas coordinando tareas con la policía en cárceles, calles y en el transporte desde fines de agosto. Lima y Callao están, otra vez, bajo estado de excepción. En su discurso de asunción, Keiko propuso entregar a las fuerzas armadas el control de las regiones en estado de emergencia. Esta peligrosa avanzada represiva lleva a Perú por el mismo camino que Ecuador y El Salvador.
El reforzamiento del aparato represivo sólo empeorará las condiciones de vida del pueblo peruano. Se requiere, al revés, un desmantelamiento de ese podrido aparato de seguridad. El esclarecimiento del crimen de Aponte Polo y la investigación de sus denuncias permitiría echar luz sobre la conexión entre esas fuerzas, el poder político y económico y el crimen organizado.
