Hoy, miércoles 1° de marzo, está anunciado el desembarco de la llamada “segunda toma de Lima”. Una movilización sobre la capital peruana, que tiene como eje organizador a las comunidades en lucha del sur de la república. Mientras hay flujos y reflujos en la extensión nacional de la rebelión contra el golpe, en Puno no ha mermado. Hay ciudades donde el gobierno no ha podido entrar desde el mismo inicio de los levantamientos (Desaguadero) y cortes de ruta que se sostienen enfrentando aún el accionar represivo. La partida de micros con delegaciones desde las provincias del Puno hacia Lima han sido despedidas por masivas y combativas manifestaciones de masas.

Diversos afluentes tiene el reclamo de la destitución de Dina Boularte y la disolución del parlamento derechista.

El movimiento de las Rondas Campesinas ha votado en un congreso una movilización nacional, también hacia Lima, el 13 de marzo, reclamando la renuncia de Boularte y “elecciones anticipadas en el 2023”. También la federación de camioneros y transportistas de larga distancia convocó a parar exigiendo la destitución de Boularte y que el Parlamento convoque elecciones anticipadas.

En cambio, la Fenatep, el sindicato docente, impulsado en su momento por el destituido presidente Castillo, ha llamado al paro general del magisterio a partir del 3 de marzo, a diferencia de la vieja dirección docente del Sutep que no solo se mantiene en la pasividad, sino que se viene reuniendo con el gobierno golpista.

El gobierno de Boularte y el parlamento derechista intentan recursos de desmovilización y cooptación de la rebelión, mientras endurece la represión. Ha proclamado al 2023 como el “año de la paz, la unidad y el desarrollo”…. con 70 muertos, miles de heridos y presos por la represión. Un decreto otorga un subsidio de 50 mil soles, por única vez, a los familiares de los asesinados en las jornadas de lucha que lo soliciten. Y de 25 mil para los heridos graves. Está jugando con la desesperación social de las familias pobres. Boularte ha anunciado un “diálogo” con representantes del Puno para poner en marcha obras públicas postergadas en la región. Pura hipocresía.

Simultáneamente ha presentado incrementos punitivos en el Código Penal para reprimir la protesta. Por ejemplo, el “entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos” ve aumentados en un 40% los años de prisión. Un ataque directo a las huelgas sindicales y los piquetes. También ha modificado un reaccionario reglamento militar -instaurado por el ex presidente Castilllo- que autorizaba a disparar con balas de plomo sobre las extremidades de manifestantes en “casos de necesidad grave”. Ahora se ha extendido esta autorización a tirar sobre el cuerpo, dando carta libre a las masacres represivas que ya han venido ejecutando las fuerzas armadas y policiales. Se amplía a 48 horas el “derecho policial” a la detención arbitraria, etc.

Esto va acompañado por ataques a la prensa independiente y extranjera que retrata la represión y la movilización que los medios tradicionales autocensuran. Y el accionar fascistoide de grupos ultraderechistas (La Resistencia, etc.) que atacan a defensores de los derechos humanos.

La impasse política es casi total

El actual presidente del Parlamento, el general retirado William Zapata, viejo represor fujimorista, se ha negado a reabrir el debate sobre el adelantamiento electoral. Dice que no se podría debatir antes de julio-agosto, porque se necesita tiempo para “meditar” al respecto. El Parlamento sigue legislando contra los derechos obreros y populares. Ahora se ha propuesto una nueva reforma previsional, llevando la edad de retiro jubilatorio a 75 años (en un país que tiene una expectativa de vida promedio de 76,5 años). Se trata de una política continuista reaccionaria de un parlamento que, según encuestas públicas, cuenta con un ¡90% de desaprobación popular!

La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate) ha pedido su incorporación al Comité Nacional de Unificación de Lucha del Perú (Conul), organización encabezada por las regiones del epicentro de la rebelión -Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua- que se ha propuesto impulsar y unificar la movilización popular contra el golpe. Y que ha levantado un programa contra las maniobras políticas que pretenden desmovilizar la rebelión popular en curso tras un programa de elecciones anticipadas, perpetuando el actual régimen antiobrero, racista y proimperialista, y sus protagonistas reaccionarios. El Conul reclama la renuncia de Dina Boularte, el cierre del congreso corrupto y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular. Un programa político movilizador que implica la caída revolucionaria del poder político. Porque no habrá real Asamblea Constituyente que refleje los intereses del pueblo, si esta no es soberana, tome todo el poder gubernamental para legislar y actuar, imponiendo una nueva realidad social anti-imperialista y anticapitalista. Como tránsito estratégico a un gobierno de trabajadores.

Extender la rebelión hacia la huelga general. Impulsar la convocatoria de asambleas y plenarios en los sindicatos (¡mineros!) y en las centrales obreras y de masas (estudiantes, etc.) para votar pliegos reivindicativos (este es un buen momento para imponerlos) y sumarse a la lucha por el derrocamiento del régimen derechista-fujimorista y por la Asamblea Constituyente Soberana.