El 19 de enero será decisivo para el destino de los trabajadores provincianos y de todo nuestro país. Cada hora y día que pasan, la lucha de clases alcanza una situación solo vista en momentos de crisis revolucionaria. A pesar de la masacre que terminó con la vida de 50 trabajadores y estudiantes, las masas se han envalentonado más. Y la presidenta Dina Boluarte y la derecha no pueden gobernar el país. Es así como nuestro país se encuentra en una especie de “empate catastrófico”, que tiene que resolverse en los próximos días.

El Aymarazo terminó acelerando la intensidad y extensión de la rebelión social, no solo al oriente sino también al norte del país (que ahorita está bloqueado), y con factores interesantes de lucha en la capital de la República, Lima, donde la última marcha movilizó a más de 10,000 pobladores.

A medida que pasan los días, la posible renuncia de Boluarte por la masacre de los 50 muertos crece con más fuerza. Sin embargo, Dina y los políticos-militares se niegan a ceder a las demandas populares, por temor a perder el poder.

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Pese a los 50 asesinatos en manos de los golpistas, el pueblo peruano sigue sublevado contra el gobierno de Dina Boluarte. pic.twitter.com/nqbPgkpNCF

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Esto es lo que explica que, por un lado, el congresista reaccionario de derecha, Jorge Montoya, haya llamado a la policía a “meter bala” a los protestantes “vándalos”. Y, por otro, que la dictadura cívico-militar haya desenvuelto una estrategia de cacería de brujas, al detener autoritariamente a varios dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), de la Plaza San Martín, amedrentar a dirigentes de la Asamblea de los Pueblos o asesinar selectivamente, como es el caso del dirigente cusqueño Remo Candia. Todo esto bajo la narrativa de que los dirigentes son “terroristas” o son parte de una conspiración internacional dirigida por Evo Morales o los Ponchos Rojos, sin mostrar las pruebas fehacientes de alucinante afirmación.

Romper con el sistema capitalista

Es en este marco de una polarización (entre las mayorías pobres y minorías ricas), forzada por la derecha conservadora y reaccionaria, que el 19 comienza lo que algunos han denominado la Marcha de los 4 Suyos. Esta marcha tuvo su aparición en la rebelión popular del 2000 contra la dictadura fujimontesinista. Fue convocada por el hoy prófugo por corrupción, el expresidente Alejandro Toledo; hunde sus raíces en el Imperio del Tahuantinsuyo, pero tenía como fin no solo derrocar a la dictadura, movilizando cientos de miles en todo el país, sino desarrollar una nueva democracia sin explotación u opresión de una clase sobre otra. No obstante, Toledo llevó al país a más corrupción y saqueo por parte de las multinacionales imperialistas.

Esta tarea fundamental no fue alcanzada porque pasamos de un régimen político mafioso cívico-militar a un régimen político democrático mafioso civil. Que ahora ha vuelto a desenvolverse como militar. Una prueba más de que en una sociedad capitalista, democracia y dictadura terminan alternándose, según el nivel del ascenso de la lucha obrero y popular.

Y lo que estamos observando justamente hoy es un nuevo ascenso de la lucha de clases con tendencia favorable a la clase trabajadora. Claro que esto puede convertirse en su contrario.

La mayor debilidad de la Marcha de los 4 Suyos no es su combatividad sino su vínculo aún limitado con la clase obrera en las minas, fábricas y centros laborales. Con una paralización de estos sectores de la economía, la dictadura caería como un castillo de naipes. Por eso es importante que en la Asamblea de Delegados de la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP) se apruebe la huelga general y que la CGTP se dedique a organizar el paro nacional indefinido, sin vacilaciones.

Hasta ahora están llegando miles de trabajadores de provincias a Lima. Y ya varias delegaciones están siendo atendidas en el campus de la decana Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a pesar que hay amenazas de intervención a la misma por la policía, por orden de la rectora.

Salidas a la crisis revolucionaria

Según las últimas encuestas del Instituto de Estudios del Perú (IEP), el 60% de la población piensa que las protestas están justificadas (72% entre los jóvenes), mientras que 71% desaprueba al gobierno golpista de Boluarte, 89% desaprueba al Congreso de la República y un 69% está a favor de una Asamblea Constituyente, cuestión que puede ser leída como un rechazo a las institucionales estatales.

Sin embargo, para el ex asesor del gobierno de transición del 2000, Alberto Adrianzen, “la salida está en que Dina Boluarte cambie el gabinete ministerial y adelante las elecciones para el 2023”. Es una maniobra política que expresa la crisis de la centroizquierda como consecuencia de su adaptación al régimen de explotación capitalista.

La centroderecha (Partido Morado) se perfila como una de las alternativas de recambio burgués frente al descrédito del sistema político capitalista. Cuando cayó el gobierno de Manuel Merino, también fue el Partido Morado el que asumió el Ejecutivo, con Francisco Sagasti, quien firmó papeles de deuda externa con el FMI por $ 4,000 millones.

Así las cosas, frente a las maniobras de la derecha y la centroizquierda, una posición obrera y campesina revolucionaria debería plantear la caída de la golpista Dina Boluarte, el Congreso, la disolución de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la imposición de la Constituyente soberana (sin poderes paralelos), en perspectiva de un gobierno de los trabajadores oprimidos y explotados.

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