Pese al esfuerzo de las patronales para quebrar la medida por medio del personal tercerizado, la huelga general indefinida de los mineros peruanos contra los despidos y la flexibilización laboral se mantiene y es particularmente firme en algunos socavones importantes del país. En la región de Ica, la represión policial contra manifestantes que acompañan la huelga y piquetes en la Shougang Hierro -de capitales chinos- dejó un muerto y diez heridos de bala. La ley de tercerización, cuya derogación exigen los huelguistas, ha llevado a que el 70% de los mineros (150 mil obreros) se encuentre subcontratado, y la cifra va en aumento. Los tercerizados cobran casi la mitad del salario de un efectivo. En el segundo día de huelga, hubo una importante movilización en Lima.

 

La dominación de las mineras, desafiada por una nueva generación de luchadores obreros, va asociada a la miseria y se impone a sangre y fuego. Cajamarca, con 2.331 concesiones mineras, es la zona donde se concentran los más altos índices de pobreza y extrema pobreza del país. En cuanto a la represión policial y militar en conflictos mineros (obreros o ambientales), “la última década ha sumado cerca de 253 muertos, entre hombres, mujeres y niños” (El Telégrafo, 26/5). Las leyes apuntalan la impunidad de los represores: “permiten a la policía hacer el levantamiento de cadáveres en las protestas sin que sea necesaria la presencia de un fiscal” y “exoneran de responsabilidad cuando un policía o militar mata a un manifestante en una zona declarada en emergencia” (ídem).

 

La huelga indefinida de los mineros convergerá el 27 y 28 de mayo con un nuevo paro ciudadano regional en el sur del país contra el proyecto contaminante Tía María, de la Southern Cooper. A partir de junio, estas protestas pueden asumir la modalidad de una huelga indefinida.