Golpe de estado del Congreso y las botas militares y policiales

La propaganda derechista ha sentenciado a Pedro Castillo como un dictador, un Hitler en potencia, a pesar que este mismo elenco antidemocrático lo caracterizaba como incompetente y sin poder. Castillo no logró siquiera un policía de tránsito para cerrar el Congreso. Fue su mismo Jefe del Ejército, Walter Córdova, quien impulso el golpe de Estado que lo destituyo y llevó a Dina Boluarte a la presidencia. Se sustenta en el poder coercitivo de las FF.AA. y la PNP, pero que tiene al exgeneral fujimorista y presidente actual del Legislativo, Willians Zapata, y a la embajadora yanqui, Lisa Kenna, como articulador y jefa política del golpismo, respectivamente. Kenna fue funcionaria de la CIA (Central Intelliggence Agency).

La embajada yanqui detrás del plan golpista

En política no hay casualidades. Por eso no es casualidad que el decreto de Estado de Emergencia se haya dado después de la visita de la embajadora yanqui a Dina Boluarte, con el fin de emplazarla a imponer el “orden” burgués a sangre y fuego. Antes de la vacancia (destitución) del profesor chotano (originario de la ciudad de Chota en Cajamarca), el ministro de Defensa, general de brigada retirado, Gustavo Bobbio, fue nombrado por el presidente Castillo el 5 de diciembre y renunció el 7. En el medio se entrevistó con la embajadora Lisa Kenna. La embajada yanqui jugó un rol de dirección política de todo el plan conspirativo golpista. Esto hay que inscribirlo en el marco de la guerra comercial de EE.UU. con China y de la guerra contra Rusia, guerra que está demandando un mayor consumo de los minerales que posee nuestro país.

Castillo se esforzó en todo momento por hacer buenas migas con el imperialismo yanqui (viaje a la cumbre de presidentes con el presidente Biden, convocatoria a la OEA para que medie con el congreso golpista, etc.) recibiendo el apoyo de este. Pero a pesar de su rastrerismo la agudización de la crisis mundial obliga a alineamientos y posiciones de fuerza firmes. Y Castillo no puede garantizar esto por su debilidad e imprevisibilidad. El pulgar del imperio fue para abajo, apoyando –y armando- el golpe.

La rebelión popular expresa la podredumbre del régimen de explotación capitalista

Para la propaganda justificatoria del golpe que realizan reaccionarios analistas fujimoristas como Jorge Morelli, habría un plan insurreccional dirigido por la extrema izquierda para desestabilizar el país. También para el excanciller del fujimorismo, Francisco Tudela, “habría una ofensiva insurreccional que respondería a un plan de fuerzas subversivas (SL, MRTA), con el fin de cerrar el Congreso”.

Nada más descabellado. Lo que estamos observando es una inspiradora rebelión popular en las provincias del mundo andino-amazónico que es enfrentada por la coalición golpista con un genocidio que va cobrando la vida de más de 20 jóvenes estudiantes y trabajadores en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Junín. Provincias muy pobres donde la desigualdad social es colosal.

El gobierno golpista y los poderosos intereses mineros

Perú es uno de los países más importantes en producción de zinc, litio, oro, plata y cobre, entre otros minerales fundamentales, que sirven para la industria de la guerra imperialista. China tiene tres grandes mineras como Chinalco, Las Bambas y Marcona; el imperio inglés está representado por la Angloamerican Company (quien además está vinculado al JP Morgan); mientras que los intereses de Suiza se encuentran expresados en la gran empresa Glencore, etc. Esto explica la declaración de apoyo al golpe por EE.UU. y la Unión Europea. Perú se ha convertido en un país de disputa diplomática y económica internacional.

Todas son empresas que han hecho negocios multimillonarios y cotizan en la bolsa de New York, mientras que el Perú fue caracterizado por la ONU, como un “país con la tasa de inseguridad alimentaria más alta del continente”.

¿Una grieta en el golpismo?

La CN DD.HH se ha pronunciado contra la masacre represiva. La renuncia de los ministros de Educación y de Cultura del gobierno golpista denunciando la represión militar-policial introduce la presión de los levantamientos populares. La masacre popular está produciendo una conmoción nacional. Con diferentes consignas la gran mayoría plantea terminar con el gobierno golpista.

Los congresistas, que son repudiados por el 83% de la población (IEP), se resisten a dejar sus curules y no aprobaron el proyecto de ley que envió la nueva presidenta Boularte, planteando el adelanto de elecciones. Esta cuando asumió planteo quedarse hasta el fin del mandato en 2026. Luego, frente al desarrollo de los levantamientos populares, anunció su propósito de adelantar primero las elecciones para el 2024 y más tarde para fines del 2023. Pero el proyecto que envió al Congreso está siendo saboteado por la mayoría derechista: solo49 congresistas votaron a favor, 33 en contra y 25 se abstuvieron. La reforma necesita de 87 votos para luego ser ratificada en una segunda legislatura o 66 votos para ser sometida a referéndum. La legislatura actual se autoextendió su período de sesiones hasta el 31 de enero, una jugada para dilatar más el adelanto de elecciones. Para el congresista Alejandro Cavero, del derechista Avanza País, “dar cabida a un nuevo proceso electoral para el próximo año era entregarle el país “a quienes quieren una Asamblea Constituyente e instaurar el proyecto chavista”.

En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, la presidenta golpista Dina Boluarte, que habló una parte en quechua, dijo que, “…no es posible que un grupo violentista genere tanto horror…hay un grupo que dice que Dina renuncie, qué se resuelve…aquí vamos a estar firmes hasta que el Congreso adelante las elecciones, hay que prepararnos firmes para defender la democracia…a los hermanos de Abancay, Huánuco, que están marchando por la paz…a los congresistas que están diciendo que Dina renuncie, Uds. legislen con buenas leyes para el pueblo, fiscalicen sí, porque estamos cansados de la corrupción… desde el gobierno de Dina Boluarte he hecho juramentar a los ministros …corrupta no soy, jamás le he robado un solo sol al Estado… exijo que reconsideren la votación de adelanto de elecciones…”(17/12).

Hay una campaña de la derecha, a través de los medios masivos de difusión, que afirma que Boularte es incompetente, que no ha sabido enfrentar el “terrorismo” de las movilizaciones de las masas antigolpistas, que se demoró en decretar el Estado de Emergencia y autorizar a la intervención militar en la represión, etc.

¿Están preparando una eventual destitución de la Boularte y su reemplazo por el presidente de la Unicameral, un general retirado “héroe” de la represión fujimorista?

¿Se está generando una “grieta” entre el Ejecutivo y el Legislativo golpistas? Este último al no querer aprobar la Ley de adelanto de elecciones ¿se perfilaría como carta de recambio donde la derecha asumiría directamente la presidencia y pretende quedarse hasta el 2026? Critican también a Boluarte porque no se habría allanado íntegramente y su gabinete no es el que ellos esperaban (tiene una mayor composición de ministros del Partido Morado y de Martin Vizcarra, así como de personas vinculadas a grupos de poder como Graña y Montero, etc.).

Un eventual ascenso al poder del represor Williams Zapata, como representante de un Congreso odiado por la mayoría popular, echaría más leña al fuego del odio popular al régimen.

Por otra parte –como ya hemos denunciado- un eventual adelanto de elecciones sería no solo una respuesta a la presión de la rebelión popular, sino también una maniobra política para desactivarla. La salida democrática elemental es echar al gobierno golpista, liberar a Castillo y todos los presos políticos y convocar a una Asamblea Constituyente Soberana. Lo demás son maniobras continuistas para que el golpismo se asiente en el poder y busque la “salida institucional”.

Una rebelión popular dinámica

En Pichanaki y Puno acaban de bloquear las carreteras, pero es débil en Lima. La movilización –con altibajos- es fuerte en el interior del Perú. Si bien es cierto que, en Lima, la movilización es débil, el Estado de Emergencia y el despliegue de las bayonetas no puedan impedir la movilización popular. Lima ha sido siempre un “baluarte” de las fracciones derechistas, pero hay movilizaciones limitadas. Acaban de allanar locales sindicales (Confederación Campesina) y de partidos de centroizquierda (Nuevo Perú). La furiosa represión es un síntoma de que tienen miedo al contagio de Lima y a un estallido social.

¡Abajo el Estado de Emergencia! ¡Por una Asamblea Popular Revolucionaria que imponga una Constituyente soberana!

La rebelión popular potencia la crisis política de los de arriba. Hay que extender las movilizaciones populares contra el golpe En Lima, en particular, es fundamental una universitarios. Es fundamental coordinar una centralización y votar una orientación a la protesta campaña para derogar el Estado de Emergencia y la plena vigencia de las libertades democráticas (de reunión, de manifestación, etc.). Fuera la policía y el Ejército de las calles. Libertad a Pedro Castillo y a todos los detenidos por luchar.

Todas las organizaciones que se reclaman de los trabajadores y del pueblo explotado deben pronunciarse públicamente en este sentido. La central obrera (CGTP), las centrales campesinas, las federaciones estudiantiles, los movimientos de lucha barriales, etc. deben romper toda política de colaboración con los gobiernos de turno, apoyar activamente y extender la rebelión en marcha y buscar la coordinación hacia un Huelga General nacional.

Asambleas en sindicatos, fábricas y barrios para votar resoluciones en este sentido y organizar medidas de denuncia y movilización. Con una perspectiva de lucha por una Asamblea Popular Nacional Revolucionaria que rompa con la estrategia de colaboración de clases y plantee un Plan de Lucha por las reivindicaciones populares más urgentes empezando por el cese del Estado de emergencia y el respeto a las libertades democráticas, y las necesidades sociales del pueblo trabajador, aumento de salarios al nivel de la canasta básica familiar, plan de viviendas públicas para los Sin Techo, nacionalización de las palancas fundamentales de la economía (minería, etc.) para ponerlas a funcionar bajo un gobierno de los trabajadores explotados y oprimidos.

Solo sobre estas bases podría ser realidad una Constituyente soberana (sin poderes paralelos).