El 7 de diciembre se cumple un año del golpe que destituyó al presidente Pedro Castillo, asumiendo la presidencia -respaldada por un parlamento derechista y repudiada por el 90% de la población- Dina Boluarte.

El golpe fue recibido con una fuerte movilización popular, especialmente en el sur del país y entre las comunidades indígenas del interior, que fueron reprimidas a sangre y fuego por la policía y las fuerzas armadas con un saldo de más de 70 muertos, centenares de heridos y presos políticos.

Un año después, el gobierno se jacta de haberse estabilizado. La presidenta golpista Boluarte propuso que el 7 de diciembre sea institucionalizado como “Día de la institucionalidad del Estado de Derecho y de la defensa de la Democracia”: una provocación contra el pueblo trabajador que con movilizaciones (o sin ellas) viene reclamando la destitución de la presidenta golpista y del parlamento derechista.

Numerosas organizaciones populares han planteado que el 7, 8 y 9 de diciembre se realizarán jornadas de lucha en todo Perú, con el reclamo de que “se vayan todos”. Amplios sectores, particularmente los del sur agrario e indígena, plantean la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana.

En las últimas semanas se ha venido desarrollando una huelga general indefinida de los docentes universitarios. Y se ha lanzado la huelga de médicos y de la salud pública. Estos últimos reclaman no solo aumento de salarios, sino que se pague la cuarta cuota del bono firmado hace un par de años, por el cual debieran ver ahora aumentado su salario mínimo entre 1.075 soles para el nivel más bajo y 1.909 para el más alto. En lugar de eso, en forma unilateral, el gobierno redujo esos montos a 780 soles el mínimo y 1.565 en la cúspide de las categorías. ¿Por qué? Por un “acto de justicia social”, afirman cínicamente los ministros de Boluarte. Para hacer una distribución “más equitativa” con más de 50 mil técnicos de salud que así recibirían un aumento de 350 soles y no de 50, dicen. Boluarte y el parlamento derechista han votado un presupuesto de ajuste que “redistribuye” salarios entre obreros: les quita a unos para darles a otros. Pero no les quita a las ganancias patronales, más altas que nunca.

El Congreso ha elegido nuevas autoridades imponiéndose una lista común entre el ultraderechismo de Keiko Fujimori y el pseudo centroizquierdista Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. La vocinglería de Perú Libre se disolvió ante una repartija de cargos y rentas en el parlamento.

El parlamento se opone de plano a la convocatoria de una Asamblea Constituyente Soberana que discuta y resuelva las urgencias populares, pero en cambio ha decidido reformar en un sentido reaccionario la Constitución para recontra favorecer el avance derechista en el copamiento de todas las instituciones (Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, etc.) “garantizando” así que en futuras elecciones se imponga un continuismo reaccionario. Ha salido a luz, ahora, una feroz lucha entre clanes del poder: se ha descubierto una “organización criminal” liderada por la fiscal general Patricia Benavidez para comprar voluntades de los diputados y digitar el copamiento de la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, la Junta Electoral Nacional, etc.

El debate constitucional del pueblo ha sido reemplazado por la elaboración de reformas reaccionarias como la creación de la bicameralidad (un instituto abiertamente antidemocrático), la reelección indefinida de los diputados, la reforma electoral que bloquea la presentación de nuevos partidos –se necesitarían más de medio millón de adhesiones-, etc.

Económicamente, el ministro de producción reconoció que Perú ha entrado en una situación de recesión. También se anunció que aumenta el número de pobres que se aproxima a los 10 millones de peruanos y se está desarrollando un proceso de carestía. Aun así, el Ministerio de Trabajo se niega a aumentar el salario mínimo, afirma que “los indicadores técnicos indican que el peor momento para incrementar la remuneración mínima vital es en un escenario de recesión”. ¡Desocupación con salarios congelados que no alcanzan a cubrir el aumento del costo de vida!

Los trabajadores agrarios de la zona de Barrio Chino en Ica, han venido reclamando hace meses por el mantenimiento del bono obtenido con su huelga de hace un par de años. Habían anunciado que alrededor del 4 de diciembre pasarían a tomar medidas de acción directa. Ante el silencio del gobierno y las patronales, el domingo 2 se realizaron masivos cortes de ruta en la zona que fueron fuertemente reprimidos  con la sumatoria de nuevos heridos del pueblo trabajador.

El Congreso rápidamente aprobó una modificación a la legislación penal, llevando hasta a 15 años la pena de prisión para quienes participen en cortes de ruta. El Poder Ejecutivo, en el acto, ratificó la modificación penal antipopular. El ministro del interior anunció -frente a la aproximación del aniversario del 7 de diciembre- que si hace falta sacará a las Fuerzas Armadas a la calle para apoyar la represión policial.

El fantasma de la irrupción de la protesta popular planea sobre el Perú. Los blindajes represivos poco podrán hacer si se avanza en la organización de la lucha por los reclamos obreros y populares. Ese es el gran desafío: asambleas, plenarios, coordinadoras. Preparar un congreso obrero y campesino con delegados elegidos por asambleas para hacer realidad la caída del gobierno y el parlamento reaccionarios y golpistas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana. Se plantea coordinar y apoyar activamente las luchas en desarrollo.

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